La trágica muerte de la pequeña niña Sophia despertó la rabia de un grupo de la sociedad, que salió a protestar y apuntó que terminar con la vida es el castigo para quienes causan muertes dolorosas. A eso se sumó la voz de representantes del mundo político que apoyan la drástica medida.

Sin embargo, hay quienes rechazan esta normativa extrema. Uno de los principales opositores es la organización Amnistía Internacional, que lleva 40 años luchando contra la pena de muerte en el mundo. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora ejecutiva de la organización en Chile, Ana Piquer profundizó en esta lucha.

¿Cuál es la principal razón para oponerse a restablecer la pena de muerte?

Matar a una persona es un acto de violencia y eso es así si lo hace el Estado o particulares, siempre será de alguna forma una violación a los Derechos Humanos y es un acto de violencia. Al legalizar que se pueda matar a una persona, un agente del Estado va a estar cometiendo una violación a los DD.HH. y un atentado al derecho a la vida, un trato cruel, inhumano y degradante a esa persona. Lo que hace es transmitir un mensaje de más violencia, finalmente, y eso no es una solución ni una manera que permita realmente reducir la violencia en la comisión de delitos.

En el mundo aún hay países con pena de muerte en sus leyes. ¿Se podría hablar de una abolición real?

En este momento son 56 países los que mantienen la pena de muerte. Si se suma a los que tienen abolición total, abolición solo para delitos comunes y los que no aplican, en la práctica, serían 142 los países que en los hechos no están aplicando la pena de muerte, que significa una tendencia hacia la abolición. Por dar un parámetro, cuando Chile abolió la pena de muerte, en 2001, los países que mantenían vigente la pena de muerte eran 87; en 2017, son 56.

Según los estudios realizados por Amnistía Internacional, ¿cuál es el panorama de la pena de muerte en la actualidad?

Según el informe más actualizado que tenemos, que es de 2016, se hace un análisis de los países que se mantienen la pena de muerte, los que las mantienen para todos los delitos, solo para delitos comunes, los que la mantienen pero no la aplican en la práctica y los que todavía ejecutan. También hay un catastro de las ejecuciones de las que se tiene registro en todo el mundo, ahí se ha detectado una disminución constante. En 2016 fueron un poco más de mil personas de las que se tiene registro, que constituye un 37% menos que 2015. Esto excluye las ejecuciones que puedan haber sido realizadas en China, porque es muy difícil tener datos precisos respecto de ejecuciones y por tanto ese número podría subir. Considerando las cifras disponibles, la disminución ha sido progresiva y sustantiva a lo largo de los años.

¿A qué se atribuye este descenso de las ejecuciones?

Lo atribuimos a temas de DD.HH. Hay compromisos internacionales claros. Los tratados internacionales hacen referencia a pena de muerte, incluso la Convención Americana de DD.HH. plantea que una vez que un país abolió la pena de muerte, ya no la puede volver a reponer. Hay lo que se llama protocolo facultativo, como anexos a los tratados, con compromisos específicos de los estados respecto de tender hacia la abolición total de la pena de muerte en todo el mundo.

Llevándolo al ámbito local, el debate apunta a que vuelva esta medida extrema luego de lo ocurrido con la pequeña Sophia. ¿Cómo se presenta Chile en este tema?

Aún se mantiene la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, para algunos delitos en tiempos de guerra. Es uno de los países que no la ha abolido completamente, pero en la práctica el caso es tan específico que nunca se ha utilizado y esperemos que no se utilice. Hay una rabia social frente al caso particular de Sophia que es comprensible: es un caso horrible, es súper humano verse frente a eso y hay que tener mucha indignación si ese caso queda en la impunidad, pero responder a ese hecho tan fuerte con más violencia, y esta vez desde el Estado, da un mensaje que no es el correcto.

Hay que conseguir justicia, no venganza, y que eso signifique que la persona que es el presunto responsable sea llevado a juicio y que se le sancione con todo el rigor de la ley. La pena de muerte no es algo que debiera estar sobre la mesa, ni siquiera en delitos tan graves.

Visto desde la historia, ¿cómo fue la ejecución de la pena de muerte en nuestro país?

Al momento de la abolición, Chile llevaba varios años en que no se estaba implementando en la práctica. Las veces que se aplicó fue por uso del indulto presidencial. La última ejecución policial en nuestro país fue en 1982, llevando varios años sin recurrir a ella. Además, no se ha visto que tenga una incidencia crítica en la tasa de homicidios chilena. Chile presenta una baja tasa de homicidios en la región. Era así antes, teniendo la pena de muerte, y no varió después de abolirla. Evidentemente, hay algo que se puede hacer en términos de prevenir la violencia y delito, que no requiere la pena de muerte para hacerlo. Se puede hacer mejor, pero la pena de muerte no hace ninguna diferencia.

¿Cree que se está desviando la atención con esta solicitud por parte de distintos actores?

Cuando se empezó a hablar de la ‘”Ley Sophia” no se planteó la pena de muerte, sino el endurecimiento de penas: prolongar la cantidad de años de prisión efectiva, disminuir la posibilidad de salir antes en cierto tipo de delito. Esa es una discusión perfectamente válida, pero la idea de la pena de muerte surgió a raíz de esa discusión y creo que tapó puntos que son mucho más importantes.

La pena de muerte no debe ser parte de la discusión, sí deben serlo las penas y el trabajo para prevenir este tipo de hechos. Si hay ese nivel de violencia en el seno de una familia, hay mucho análisis respecto de medidas de prevención que no tienen que ver con las sanciones penales. Chile ya abolió, se suscribió a los compromisos internacionales y no debería responder a un delito así de grave con una violación a los DD.HH.

A lo largo de la historia de Amnistía Internacional, ¿cómo han enfrentado esta lucha?

Llevamos 40 años combatiendo y lo seguiremos haciendo. El movimiento contra la pena de muerte va aumentando y eso es parte del desafío, llegar a un mundo sin pena de muerte, entendiendo que la solución al problema de la delincuencia y violencia no puede pasar por cometer más violaciones de DD.HH., más aun cuando la evidencia muestra que la pena de muerte tampoco cumple un rol disuasivo efectivo. Es un proceso largo. Desde Amnistía Internacional, Naciones Unidas, el sistema interamericano y distintas organizaciones de la sociedad civil, hay una convicción de que es el camino correcto.

En estos 40 años, ¿qué trabas de tipo político o social han enfrentado?

Hay temas culturales y de acceso a la información. Hay mucho mito, como que si se establece la pena de muerte van a disminuir los delitos, van a disminuir los homicidios. No hay ningún dato ni evidencia que respalden eso. Por el contrario, al parecer no hay relación con la existencia de pena de muerte y, por ejemplo, la tasa de homicidios en el país.

Hay un tema de tener mejor información para construir una opinión más formada. Frente a delitos graves hay una reacción emocional que hace que quieras un nivel de venganza, pero por otro lado, si se va al tema político, por ejemplo en China hay probabilidad que el uso de la pena de muerte sea una manera de acallar la disidencia política o de aplicar pena de muerte a ciertos delitos que tienen que ver con asuntos políticos. Ese es un riesgo relevante a la hora de establecer la pena de muerte.