Hoy Amnistía Internacional presentó su informe anual 2017-18 que documenta la situación de los derechos humanos en 159 países, incluido Chile. En  el documento se hace especial hincapié en  las consecuencias que la retórica del odio puede causar y la normalización de “la discriminación en gran escala de los grupos marginados”.

En nuestro país, se recuerdan las propuestas que realizó en su minuto el ex candidato presidencial, José Antonio Kast, respecto de llevar militares a la Araucanía y construir murallas en las fronteras con Perú y Bolivia. Su objetivo, según él, era “apoyar el trabajo policial y contribuir a frenar el narcotráfico y el contrabando”.

¿Por qué se debía aludir a las palabra ‘delincuencia’ y ‘migración’ en una misma frase? El impacto que puede producir una declaración así lo explicó durante ese mismo tiempo Pablo Ceriani, vicepresidente del Comité de Derechos de Trabajadores Migrantes de la ONU. En entrevista con este medio, argumentó que esas asociaciones eran usadas como una herramienta política que “inmediatamente transfiere un mensaje en la población difícil de erradicar (…) aún si los datos prueban que esa relación no existe, y que la respuesta a la criminalidad no va por ahí, queda en parte de la población; (el pensamiento) ingresa en una porción de la sociedad en cosa de segundos”.

Bajo esa misma línea apuntó esta mañana Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, durante la presentación del Informe Anual 2017/2018 sobre Derechos Humanos. Aunque sin mencionar a José Antonio Kast, se mostró preocupada por una “retórica del odio” que se observó sobre todo en “formas de expresión que se dieron en el contexto de las elecciones presidenciales”.

“Son ejemplos que vivimos cotidianamente. Es algo que está viéndose cada vez más, tanto en políticos como en organizaciones que tienen otros roles, y que es importante que no se siga avanzando y que no se deje pasar”, advirtió.

Arista LGTBI

La retórica del odio, como lo consignó Amnistía Internacional, en el caso chileno también abarcó la situación del colectivo LGTBI. La vocera de la Fundación Iguales, Isabel Amor, reaccionó al mensaje transmitido por la organización mundial, y declaró que en el contexto de la lucha por los derechos de la diversidad sexual, este comportamiento se puede atribuir a las personas crearon la definición de “ideología de género”.

“Estos conceptos, inventados por grupos conservadores, y sostenidos por grupos ultra religiosos, lo que buscan es atemorizar y hacer mella en los avances de los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans, al mismo tiempo que en los derechos reproductivos de las mujeres. En términos políticos, esto se ubica en la derecha y ultra derecha; en consecuencia, estamos en el riesgo que la próxima administración del Estado tenga algunos de estos énfasis”, manifestó.

De izquierda a derecha: Belén Saavedra, presidenta de Amnistía Internacional Chile; Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

A continuación, envió un recado a Sebastián Piñera, diciendo que “particularmente sería importante que el próximo gobierno se alinee con la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se reconoce que los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos, por lo que hay que avanzar en la ley de identidad de género y hay que incluir a los niños. También se debe avanzar en el matrimonio igualitario, en los derechos filiativos y en una mejora a la ley antidiscriminación, porque hoy tenemos una regulación que no funciona muy bien, donde es difícil la prueba”.

Arista mapuche

Más allá de las palabras de Michelle Bachelet, cuando pidió perdón al pueblo mapuche por los “errores y horrores” cometidos por el Estado, lo cierto es que la política impulsada por su gobierno no ha sido nada de tímida en cuanto a marginación. El ejemplo más concreto es la insistencia del Ministerio del Interior por investigar a los comuneros sobreseídos en el montaje de Carabineros denominado como “Operación Huracán”.

En este capítulo, referente a los pueblos originarios, Ana Piquer declaró que “las fuerzas policiales deben entender que, para cumplir con su misión de resguardar la seguridad pública, el ‘todo vale’ no es legítimo desde la mirada de los derechos humanos”.

Sergio Millamán, abogado querellante en varios casos de violencia perpetrada por Carabineros, indicó que la discriminación también se ve expresada en las instituciones de la justicia, donde, según él, hay diferentes tratos.

“Sobran casos al respecto; el de Brandon Hernández Huentecol, el de José Huenante o el del lonko Víctor Queipul. Esos han estado recientemente en la palestra y dan cuenta que, por un lado, los organismos encargados de investigar, lo hacen con bastante lentitud, y a la hora de aplicar sanciones, los tribunales aplican unas medidas bajas si es que las llegan a aplicar”, dijo.

El abogado enfatizó que la justicia “no tienen la misma vara para todos, o el mismo ímpetu cuando las víctimas son mapuches y los victimarios son agentes del Estado”.

Por último, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile sumó a sus palabras un llamado a Sebastián Piñera para que materialice leyes que van en el sentido de la inclusión, tales como la identidad de género, el matrimonio homosexual, o reformar la ley antiterrorista y la de migración.