En primer término es preciso señalar que se entiende por legitimidad  activa la potestad legal para acudir ante un órgano jurisdiccional o instancia administrativa con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio o del procedimiento respectivo.
Dicho lo anterior es necesario señalar que  el articulo 3 numeral  5 del D.F.L. Nº 1, de 28 de Julio de 1993 del Ministerio de Hacienda, que “fijó el texto refundido coordinado y sistematizado de la  ley Orgánica del CDE “,  indica que una de sus  funciones será  la de ejercer la acción penal, tratándose de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o empleos:
– por funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado,
– de la Administración del Estado,
– de los gobiernos regionales,
– de las municipalidades,
– o de las instituciones o servicios descentralizados funcional o territorialmente.
Además, nos indica esta norma, que el CDE  ejercerá la acción penal tratándose, especialmente, de los  delitos de cohecho, soborno y negociación incompatible.
Acto seguido,   el articulo número 6, inciso final del cuerpo legal antes mencionado nos señala que :
“En ese caso, y en todos aquellos en que el Consejo de Defensa del Estado ejerza la acción penal que también corresponda a otros órganos distintos del Ministerio Público, cesará la facultad de éstos en el respectivo procedimiento”.
Es por lo anterior, que el  Instituto de Derechos Humanos carece de legitimidad activa para hacerse parte como querellante en las causas en que aparezcan involucrados funcionarios públicos si ya el Consejo de Defensa del Estado ha presentado querella criminal. También, a mi juicio,  perdería esta legitimidad  activa desde el momento en que el CDE se haga parte en el respectivo  proceso penal , esta falta de legitimidad activa,  deberá  pedirse que se declare en los respectivos juicios  en los que esta entidad este participando como  interviniente.