–¿Qué le parece que no cierren Punta Peuco?

–Es la lógica del gobierno para enfrentar lo que es la lucha contra la impunidad, que es una demanda internacional. Hay varias resoluciones de Naciones Unidas que hablan de la forma en que se debe avanzar en esta temática, sin embargo, en nuestro país siempre se han tomado medidas parches. Hace cinco o seis años vino el observador sobre desaparición forzada a Chile y señaló todas las falencias que había, como la impunidad de los civiles y judicial, o juicios donde los resultados son condenas bajísimas. Es un todo. El no cierre de Punta Peuco va afianzado a lo demás. Somos un país que vive en una obscena impunidad respecto a los crímenes de lesa humanidad, y aquello ha permitido que tengamos una frágil institucionalidad.

–La Presidenta supuestamente tenía un compromiso con Carmen Gloria Quintana, aunque nunca lo dijo con todas sus letras. ¿Cómo ha sido manejado el tema?

–Una cosa es el compromiso, que ella puede decir que nunca lo hizo, pero otra cosa tiene que ver con lo que ella debe cumplir desde los tratados internacionales. Este es un país que se jacta mucho de ser parte de una comunidad internacional, pero ahora parece que es con los temas económicos y no con los derechos humanos. A mí me parece que estamos en una situación que, insisto, más allá del compromiso, es una deuda infinita con la lucha por la verdad y la justicia.

–¿Ustedes han sabido internamente cuál fue la voluntad de la Presidenta?

–Nos incomodó mucho que el tema se haya casi logrado traducir en si hay o no voluntad, cuando aquí es más allá de eso; las voluntades políticas tienen que ver con obligaciones internacionales. Nunca hemos sabido en la interna si es que la Presidenta tuvo o no la voluntad. Creo que ella fue muy indiferente con el tema en general, no solo con Punta Peuco. Se han instalado temas importantes, como el respeto a los derechos de las mujeres. Pero no hubo voluntad en la lucha contra la impunidad. Hablo de la construcción de memoria histórica, de sancionar a los que hagan apología del terrorismo, de la verdad total y justicia plena, de la reparación justa. Punta Peuco era una de las cosas que ella tenía que hacer, que además tenía una particularidad, pues el cierre del penal no requería ni del parlamento ni del poder judicial. Ella iba a fijar una posición que no fijó, así de simple.

–¿Cuáles son las expectativas con el próximo gobierno? Piñera cerró el Penal Cordillera…

–Siempre dijimos que lo del Penal Cordillera fue un acto meramente comunicacional al calor de los 40 años del Golpe, porque las cárceles especiales siguieron existiendo. Esa es la demanda. De Piñera se puede esperar todo, el problema es que ahora viene a gobernar con la extrema derecha. A su ministro de Justicia (Hernán Larraín) el concepto de derechos humanos le queda grande. Fue un acérrimo defensor de Colonia Dignidad y todo lo que eso significó tanto en los crímenes de lesa humanidad como las aberraciones y perversiones que ahí se cometieron contra niños y niñas, secuestro de menores y familiares nuestros de los que se perdió el rastro allí. Que lo ponga en ese puesto es una pésima señal, pero eso no nos debe extrañar. Además, el ministro del Interior (Andrés Chadwick) que tenemos es un UDI recalcitrante, que subía al cerro Chacarillas a prenderle velitas al casi santo Pinochet. Esas velas implicaban casi una adoración. Punta Peuco, ya lo dijo Larraín, no está en su propósito de gobierno. Yo creo que va a estar acentuar la impunidad mucho más. Todo lo que este gobierno dejó durmiendo, ahora lo pretenden enterrar, y nosotros no lo vamos a permitir.

–¿Qué harán como organización?

–Estamos hace más de un año marchando todos los viernes por el cierre del penal Punta Peuco y por el término de las libertades que están entregando los tribunales a los violadores de derechos humanos. Tenemos el derecho a que el Estado nos haga verdad y justicia. Marchamos durante un año y lo vamos a seguir haciendo.