La decisión de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de interponer un requerimiento en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por restringir la competitividad dentro del campeonato de Primera B, repuso los cuestionamientos respecto de la forma en la que opera administrativamente el ente rector del fútbol profesional chileno.

Todo comienza durante la administración de Sergio Jadue, cuando se aprueba un aumento en la cuota de incorporación de los equipos que deseen participar de la Primera B, la que se sube, con acuerdo del Consejo de Presidentes, de 20 millones de pesos a 50 mil UF, es decir, cerca de 2 millones de dólares.

La acción fue vista de inmediato como un intento de cerrar la participación de nuevos actores en el fútbol profesional, que por esos años ya comenzaban a disfrutar de los considerables ingresos provenientes del Canal del Fútbol (CDF).

Pero no fue hasta el ascenso de Deportes Valdivia en el año 2016 que esta situación comenzó a generar ruido. El cuadro de la región de Los Ríos se había ganado en cancha el derecho de participar en la Primera B, pero no tenía los recursos económicos para poder pagar la cuota de incorporación sin sacrificar el patrimonio del club.

La situación llegó hasta los Tribunales de Justicia luego que la controladora Torreón S.A decidiera interponer un recurso de protección, el cual fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valdivia, pero desestimado posteriormente por la Corte Suprema de Justicia. Esta situación llevó a Valdivia a pactar con la ANFP una forma de pago que terminó con el endeudamiento del club.

El negocio para los Factoring

Como los clubes se ven obligados a pagar la deuda y la banca formal rara vez acepta otorgar créditos a las entidades relacionadas con el fútbol chileno, los dirigentes deben acudir al financiamiento a través de otras fuentes, que en este caso son representadas por los Factoring, empresas prestamistas que han visto en el fútbol una atractiva fuente de recursos.

En Chile son dos las empresas de Factoring que concentran la totalidad del negocio del crédito en el fútbol chileno: Factor One, que es controlada por el actual presidente de Copiapó, Felipe Muñoz y el regente de Antofagasta, Jorge Sánchez y la otra, Coval, del empresario René Abumohor, tío del actual presidente de O’Higgins, Ricardo Abumohor.

Así comienza entonces el círculo vicioso del fútbol chileno, clubes que se ven en la necesidad de endeudarse y que terminan pidiendo prestado dinero a empresas cuyos controladores tienen intereses en la ANFP. De hecho y gracias a este modelo, los Factoring se han ido apropiando de otros clubes los que le han permitido crear una suerte de poder a la hora de tomar resoluciones que incluso han entrampado propuestas de la actual dirigencia de la entidad.

Fue así que se pudo concretar la creación de la Segunda División Profesional, que ha servido de tapón para que otros clubes puedan ingresar al profesionalismo y, por ende, al negocio del Canal del Fútbol o la intentona de congelar los descensos desde la Primera B, que finalmente fracasó, pero que derivó en la salida de los representantes de Factor One de dicha reunión.

Ahora el panorama se complica en la ANFP porque la FNE solicita al TDLC que ordene al organismo presidido por Arturo Salah el cese de la conducta imputada y le imponga una multa a beneficio fiscal de 5.000 UTA (Unidad Tributaria Anual), lo que equivale aproximadamente a US$ 4,7 millones.

La FNE aclara que para esta investigación tuvo acceso a las actas de varios consejos en donde trataron puntos sobre la cuota de incorporación. Y recalca, en ese sentido, distintas exposiciones de presidentes de clubes donde quedan de manifiesto las restricciones ilegales de esta norma de la ANFP.

A través de un comunicado, la ANFP se pronunció respecto a este complejo asunto. “La institución manifiesta que se encuentra estudiando el requerimiento para presentar una respuesta y seguir colaborando con las autoridades de libre competencia. En todo caso, la existencia de la cuota de incorporación no ha impedido, restringido ni entorpecido la competencia entre los clubes. En efecto, todos los clubes que han ascendido deportivamente a Primera B han participado en esta categoría”, respondió la entidad, donde se defienden señalando que las 24 mil UF sólo operan como una garantía, pues se devuelven al club si éste desciende.