Sentado frente a la cámara y con una biblioteca repleta de libros a sus espaldas, Jaime Campos, quien hasta hace una semana ostentaba el cargo de ministro de Justicia del entonces gobierno de Michelle Bachelet, acusó sin ambages a quien fuera su jefa directa de ser responsable de dictar un decreto que afectaba el destino de los reos del penal Punta Peuco.
“Hasta el día viernes 8 de marzo (sic), que es cuando en la práctica dejo de actuar como ministro de Justicia y Derechos Humanos, el gobierno nunca me entregó información o instrucción o resoluciones al respecto”, dice Campos en el registro audiovisual difundido por La Tercera.
“Sin embargo, y de una manera a mi modo de ver extraña, el sábado 10 en la noche y el domingo 11 en la mañana, a horas de la transmisión de mando, me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Punta Peuco, como algunos lo indican, pero que objetivamente se refería a él”.
A continuación expresa sus razones para rechazar una orden directa de su superior jerárquico. “Les advertí que ese acto jurídicamente era ineficaz, que no iba a producir efecto material alguno, y que me parecía sólo una maniobra político-comunicacional, efectista y que, por cierto, yo para ello no me prestaba. Además, les indiqué que del punto de vista jurídico, la proposición que me estaban haciendo adolecía de errores que lo podían transformar en un documento además ilegal, puesto que todo el procedimiento de su génesis no corresponde a lo que nuestro ordenamiento jurídico contiene sobre este punto”, afirma con voz pausada.
“A horas de la transmisión del mando, un acto de esta especie lo único que iba a lograr era empañar lo que ha sido la tradición republicana chilena en materia de transmisión de mando, y con el propósito de evitar ese bochorno, por cierto que me negué a hacerlo”, detalla el ex titular de justicia, poniendo de manifiesto su postura en el tema.
Además, deja entrever en el video que hubo otras órdenes que no cursó. “Del mismo modo, y en la misma ocasión, me negué a ejecutar otros actos administrativos que me indicaron, puesto que, desde un punto de vista constitucional y legal, y como ya por escrito se los había advertido, tenía reproches jurídicos sobre la materia”, explica.
A continuación, Jaime Campos pormenoriza sobre el tratamiento que tuvo Punta peuco durante su gestión como secretario de Estado. “Cuando asumí el ministerio de Justicia, le planteé a su excelencia la Presidenta de la República, la necesidad de adoptar una resolución sobre la situación que regía en el penal denominado Punta Peuco. En esa ocasión me advirtió que era una materia muy compleja, que contenía aristas políticas, militares, penitenciarias, de seguridad, y que por ende, la resolución se iba a adoptar más adelante. En el año y medio de mi ejercicio ministerial, en seis ocasiones le volví a señalar la necesidad y la urgencia de que adoptásemos una resolución sobre el particular, e incluso, como Ministerio de Justicia, le planteamos dos o tres alternativas legalmente válidas, a objeto de concretar nuestros anhelos en orden a encontrar una solución a esta materia. Sin embarco, nunca tuve respuesta sobre ello”, señala el abogado.
“La última vez que conversé esta situación con Su Excelencia fue en el mes de enero del presente año, ocasión en que le indiqué que los plazos para implementar cualquier medida que quisiésemos adoptar se nos estaban acortando o estaban terminando, puesto que estábamos en una posición muy próxima a concluir el mandato presidencial”. Finalmente expresa duras críticas a la ex Presidenta, específicamente en torno a su actuar durante la última semana de mandato.
“Quienes debían adoptar las medidas políticas pertinentes, en el momento oportuno no lo hicieron. Y de ahí es que no podía aceptar, a la hora undécima, tratar de ejecutar un acto a sabiendas de que era ilegal y a sabiendas que sólo tenía un propósito comunicacional y que empañaría groseramente lo que era el proceso de transmisión de mando”, concluyó quien fuera desde el 19 de octubre de 2016 y hasta el término de la administración de Michelle Bachelet, el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
