En octubre de 2017 el Gobierno de Michelle Bachelet promulgó el proyecto que dio vida al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Entonces, la ex mandataria afirmó que con este hito se ponía fin a una de las deudas históricas que se mantenía con el área: “Las culturas, las artes y el patrimonio no pueden sino tener un estatus principal en las políticas de Estado”, dijo la ex presidenta.

Sin embargo, hoy, a casi seis meses de este anuncio, la puesta en marcha de la nueva institucionalidad se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para los trabajadores de la cultura, quienes han sido testigos de cómo la reforma paralizó gran parte de las actividades administrativas del organismo.

Frente a las dudas, de hecho, los funcionarios optaron por crear la Unión Nacional de Trabajadores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, agrupación que reúne a la Asociación de Funcionarios del Consejo de la Cultura y las Artes (Anfucultura), la Asociación gremial de trabajadores por el Patrimonio del Consejo de Monumentos Nacionales y a la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio (Anatrap). El objetivo de los funcionarios es, de aquí a tres años, erigirse como una Federación.

“Estamos preocupados porque existe una falta de planificación que ha quedado en evidencia. Ante eso, tenemos más dudas que certezas respecto de cómo va a ser esta implementación. Nos parece que fue un proceso bastante apresurado”, comenta Tania González, Presidenta Anatrap, organización que surgió en mayo de 2017 y que a la fecha cuenta con más de 300 afiliados en todo el país.

Bruno Sepúlveda y Tania González, tesorero y presidenta de Anatrap respectivamente.

En lo concreto, según explica Tania González, la implementación del Ministerio de las Culturas ha provocado problemas en términos de pagos a proveedores. También, ha generado disyuntivas respecto de las funciones de los trabajadores. Esto, ya que muchos de ellos, continúan trabajando tal cual lo hacían mientras existía la Dibam. Y es que en definitiva, aún no se da curso a nuevos reglamentos internos.

Miguel Ángel Silva, presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores por el Patrimonio del Consejo de Monumentos Nacionales, señala al respecto que más allá de lo oficial, al interior del organismo no han existido mayores cambios. “A la fecha todos seguimos cumpliendo con nuestras funciones comunes y corrientes, no ha cambiado nada para todos los efectos”, dice el dirigente.

Lo complejo del asunto es que la ley que creó el Ministerio de la Cultura establece una serie de disposiciones transitorias que debían ser cumplidas en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la normativa, periodo que está en su límite. Entre estos puntos se encuentra la regularización de los encasillamientos de los trabajadores y la dotación de plantas del personal de las subsecretarías, entre otros.

¿Dónde recaen las responsabilidades de que esto no se haya efectuado? Para algunos tiene que ver con que la creación del Ministerio de las Culturas fue una jugada política de la Nueva Mayoría. Es decir, la apuesta fue crear la institucionalidad, pero sin hacerse cargo del impacto que tendría su ejecución. De ahí se explicarían las palabras de la jefa de la cartera, Alejandra Pérez, quien el pasado sábado dijo a La Tercera sobre el ex ministro Ernesto Ottone y el Ministerio de las Culturas: “Es un problema que no se realizara el traspaso administrativo, financiero y presupuestario necesario, pero será nuestra responsabilidad implementarlo”.

Una infraestructura inexistente 

El Ministerio de las Culturas contempla en su organigrama dos Subsecretarías: una de las Culturas y las Artes, y otra del Patrimonio Cultural. Con este modelo también se crean quince Secretarías Regionales Ministeriales de las Culturas y otras quince Direcciones Regionales del Patrimonio.

Para su puesta en marcha, este organismo requiere la apertura de aproximadamente 700 concursos públicos, lo que según los trabajadores de la cultura ha significado un problema para la administración de Recursos Humanos del Ministerio. Esto, ya que este departamento ya se ha declarado incompetentes para asumir la envergadura del proceso.

Organigrama institucionalidad cultural. Fuente: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La infraestructura también ha sido un tema.“No se sabe si ya se arrendaron locales donde debe instalarse las direcciones regionales. Tampoco existen equipos”, señala Tania González.

La situación más asombrosa sería la del subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, quien se encontraría cumpliendo sus funciones desde una sala de la Biblioteca Nacional.

Regiones, nuevamente marginadas   

Donde más ha impactado la puesta en marcha de la nueva institucionalidad ha sido en regiones. La mayor queja tiene que ver con cómo se ha transmitido la información. “Hay poca claridad de cómo se van a estructurar las nuevas unidades, cuál va a ser su organigrama interno, sus atribuciones, sus alcances. No sabemos muy bien cuáles van a ser nuestras nuevas funciones. La palabra que mejor resume nuestra situación es incertidumbre”, sostiene Claudio Betancour, quien desde hace ocho años trabaja en la coordinación de Bibliotecas Públicas de Aysén.

Según explica Betancour, actualmente la situación en regiones está “paralizada”. “La Seremi – Margarita Ossa- ya nos dijo que tampoco tiene mayor información y que desconoce los plazos de implementación de todo el Ministerio”, dice Betancour.

Por su parte, Juan Pablo Martínez, quien trabaja en el programa de Biblioredes de Magallanes, sostiene que la situación en el lugar es similar: hay desorientación y una serie de dudas respecto de las tareas diarias. “Tenemos problemas operativos, por ejemplo, las cuentas están congeladas. Entonces, es difícil hacer cualquier cosa”, sostiene.

Un tema, según afirma, es la prolongación de los convenios. Éstos están suscritos con la Dibam, un organismo que jurídicamente ya no existe. Por ende, advierte que el mayor temor es que estos acuerdos sean sepultados de un día para otro. Por ahora, subraya, todo está funcionando sobre la base de las buenas voluntades y confianzas.

El dirigente también ve con preocupación la continuidad de los programas culturales de la zona: “En esta fecha en Biblioredes ya estábamos haciendo los ciclos de capacitación y preparando los circuitos en terreno, pero ahora todo eso está congelado. Pero también hay cosas mucho más operativas, por ejemplo, la coordinación de Bibliotecas Públicas que hoy no cuenta con una caja chica”, añade.

La semana recién pasada fueron nombrados los Seremis de la Cultura en todas las regiones del país, sin embargo, una tarea pendiente son las Direcciones Regionales del Patrimonio. Frente a ello, Tania González aclara: “No se sabe cuál es el proceso que se proyecta para poder llenar esos cargos. En general casi siempre las nuevas organizaciones e instituciones públicas tienen cierta gradualidad para poder seguir instalándose. Pero en este caso, no quedó estipulado cuando se asumirían los cargos. Entonces, entendemos que  de aquí a diciembre deberían estar los quince directores”.

Hacia una mesa de trabajo

Esta semana será clave para resolver algunos de los temas administrativos más urgentes del Ministerio de las Culturas. Esto, ya que las organizaciones comenzarán una mesa de trabajo con las autoridades.

Este acuerdo surgió luego de que las agrupaciones sostuvieran, la semana pasada, una reunión con los jefes de la cartera. Según lo trascendido, el arreglo fue trabajar en conjunto para sacar adelante al nuevo organismo.

En este contexto, los dirigentes advierten que ahora comenzará la labor más difícil. Asimismo, indican que en este periodo deberán analizarse cada uno de los nuevos cargos creados por la Ley: “Ahora es cuando viene la tarea del Gobierno de implementar toda esta nueva institucionalidad y, con ello, también sortear algunas dificultades como sería la duplicidad de funciones que pudiera haber en entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Subsecretaría del Patrimonio”, concluye Miguel Ángel Silva, quien además es enfático en señalar que este proceso de puesta en marcha está proyectado para los próximos cuatro años.