Es indesmentible que el presidente fue elegido en votación libre informada y universal, anunciando “tiempos mejores”, canticos y promesas que ya evidencian ser un gran globo. Así se demuestra en la practica, que no daba lo mismo si Piñera llegaba al gobierno, ya que su rol, como era fácil de prever, es aumentar la concentración del poder económico y del Estado, en beneficio de los grupos económicos de los cuales es parte.
Pero la verdad, mas que quejarse, es que este nuevo momento político nos invita y nos ayuda a reflexionar, en particular respecto al porque y para que votamos, si los resultados, del voto de las mayorías no terminan en mas libertades ni bienestar, sino que se transforman en un vulgar juego de alternancia para las elites que disputan el poder.
De muestra un botón, producto de movilizaciones sociales, en el gobierno pasado se aprobaron leyes en el parlamento, afines con las reivindicaciones de derechos ciudadanos, particularmente en educación, salud, previsión, derechos laborales, derechos de la mujer y, de manera mayoritaria, nos manifestamos en contra de la corrupción. Sin embargo, a menos de un mes en el gobierno y apelando el haber sido elegidos democráticamente, la nueva elite en el poder, la elite de la derecha, de un zarpazo y con una motosierra podadora, se las arregla para enredar las cosas y boicotear los derechos ciudadanos adquiridos.
A través del Tribunal Constitucional, constituido a estas alturas en una tercera cámara, declararon inconstitucional el articulo (63), que prohibía a los controladores de las universidades e instituciones, lucrar con la educación. Eliminaron las medidas sancionatorias que se le otorgaban al SERNAC, las que permitían eliminar la colusión y el abuso de la especulación sobre los consumidores e imponen un protocolo de objeción de conciencia, para obstaculizar la puesta en practica de la ley que permite el aborto 3 causales.
Con estas medidas violentas, arbitrarias y antidemocráticas, queda de manifiesto que a las elites económicas y políticas actualmente en el gobierno, mayoritariamente herederas de Pinochet, no les interesa que los derechos sociales deban de estar por encima de los derechos civiles y políticos. Por el contrario, usan la democracia como un instrumento para imponer sus intereses y protegerse, permitiéndole incluso a quienes hace un tiempo fueron juzgados por corrupción, por defraudar al Estado y legislar pagando favores, mantener sus prerrogativas y espacios de poder.
Para el nuevo gobierno, como ya lo anunció, hay que bajar los impuestos, reducir los controles y privatizar aun mas los servicios públicos, anunciando que todo lo que limita la competencia es contrario a la libertad. Por los próximos cuatro años, escucharemos repetidamente que será el mercado el que se asegure de que todos recibamos lo que nos merecemos. Por lo tanto Chile con Piñera al mando ya no será un país en el cual se exijan derechos, ni menos plantearse eso de crear una sociedad más equitativa, lo que para ellos es “contraproducente y moralmente corrosivo”.
Para los próximos cuatro años la libertad de los neoliberales, que es la libertad para los que tienen dinero y poder, no para el ciudadano o ciudadana común y corriente, implicara restringir la organización sindical y eliminar la negociación colectiva, lo que les facilita reducir mas y mas los salarios para aumentar sus ganancias. Exigirán tambien liberarse de las regulaciones que impiden contaminar y lucrar, explotando recursos naturales a destajos, sin restricciones, liberándose de los impuestos, por lo tanto, de las políticas redistributivas que sacan a la gente de la pobreza. La educación ya no será un derecho, sino que un bien transable en el mercado, como la salud y la previsión y el conservadurismo de la derecha, seguirá neutralizando y oponiéndose a los derechos de la mujer y de todos los que son parte de una sociedad cada vez mas diversa.
Pero bien, a diferencia de oportunidades anteriores, hoy estas ideas, ambiciones y medidas arbitrarias, se encuentran con un contexto de conflictividad generalizada, porque en Chile hay un sentimiento de que la soberanía popular ha sido secuestrada por las élites políticas y económicas, haciendo más fuerte el deseo colectivo de impulsar transformaciones y promover valores que permitan superarlas.
Bajo las actuales condiciones, el camino mas concreto para avanzar hoy, y terminar con la democracia restringida que vivimos, es no abandonar la calle, es la única manera de oponerse a la demagogia y a las manipulaciones.
Desde 1973 hasta ahora ha transcurrido casi medio siglo de luchas políticas, de engaños, de frustración popular, con sacrificios que siempre hace el pueblo. Sus mejores hijos e hijas ofrendaron sus vidas en el pasado y a lo largo del territorio están sus huellas olvidadas por el tiempo, de esos héroes, heroínas y mártires anónimos.
Durante todos los años de transición a la democracia, los diálogos políticos a espaldas del pueblo, las políticas estridentes de los acuerdos, han sido y terminaron siendo abyectos instrumentos de cúpulas corruptas. Los grandes acuerdos nacionales terminaron en negociaciones, comprando y vendiendo posiciones políticas y porcentajes del presupuesto de la nación. Es la historia la que nos enseña que después de cada diálogo, sólo le quedo al pueblo una nueva frustración, el crudo sentimiento de haber sido engañado y la esperanza de que algún día se produzca un cambio inesperado.
Por ese camino los tiempos mejores como la alegría, nunca llegaron, ni llegaran ahora, confiando en las cúpulas políticas, amarradas al poder, nada ha cambiado ni cambiara, excepto la práctica de la corrupción antes habilidosamente ocultada y ahora exhibida con una indecente desvergüenza.
Chile necesita cambios profundos, una nueva Constitución y nacionalizar sus riquezas naturales, independientemente de los plazos y las formas en que este desafío se proponga. Para nosotros que vemos la realidad desde la izquierda que interpreta el sentir del chileno y la chilena que trabaja, esta es una reivindicación determinante y que marca la diferencia, es mas, es la base de la recuperación de nuestra dignidad.
En algún momento los que hoy se llevan nuestras riquezas deben empezar a pagar impuestos, así de simple, ya con esa sola medida tendremos los recursos para financiar e iniciar reformas seguras y con sentido de largo plazo. Esa es la manera además, de empezar a derribar mitos, que durante años nos han metido en la cabeza como reales, en cuanto a que si intentamos cambiar alguna parte del sistema económico, eso significaría el caos y el hambre para Chile.
Finalmente no se puede dejar de mencionar la realidad del pueblo mapuche, al que se le pretende reprimir, ahora con unidades antiterroristas especiales. Ciento treinta y cuatro años después de la brutal invasión del ejercito en la llamada pacificación de la Araucania, la derecha contemporánea intenta estigmatizar nuevamente a los mapuches como terroristas, recordándonos el pasado con rucas en llamas, campos calcinados y fusilamiento de miles de jóvenes, niños, mujeres y viejos mapuches.[1]
En este contexto, los nuevos políticos se enfrentan a desafíos que no son menores, empezando por ser verdaderos representantes populares, elegidos de entre el pueblo y por el pueblo para regir los asuntos públicos en pro del bien común. Estos y estas se enfrentan a la huella que dejaron sus predecesores, desprestigiados por sus propias acciones, actuando y organizándose para disfrutar del poder en beneficio propio.
Ya lo veremos, al final de cuentas el pueblo elige los gobernantes que se merece, por lo tanto, si alguno o alguna resulta corrupto o malo en el desempeño de sus funciones, la responsabilidad recaerá en aquellos y aquellas electores y electoras oportunistas, que se dejaron convencer y traicionaron su conciencia mellando su dignidad por el ofrecimiento de dádivas a cambio de su voto, resultando electos los más incapaces, y en segunda, por los obcecados abstencionistas que permitieron el triunfo de esta aberrante elección, en detrimento de la democracia y de los intereses del pueblo.
La derecha, con los herederos de Pinochet a la cabeza, se erigen hoy en los “salvadores del pueblo” fingiendo ser enemigos de la corrupción, defensores del empleo, salud, vivienda, educación y otras maravillas que ahora prometen a los ciudadanos y ciudadanas.
¡Veremos que pasa en los próximos tiempos, lo único claro es que nos mintieron antes y nos mienten ahora, por lo que la solución, está en la organización social y política, en las calles y en la movilización social permanente!.
[1] negando con esto que la disputa entre los mapuches por la propiedad de sus tierras tiene su origen en la violación de los acuerdos firmados en el Pacto de Quilín en 1641,[1] y el pacto de Tapihue[2], el primero con la corona española y el segundo con el estado de Chile. La historia es clara para demostrar que en ambos tratados se delimitó la frontera al sur del río Biobío y se les reconoció la Independencia mapuche como pueblo, hasta que el Estado de Chile desconoció estos acuerdos e invadió militarmente sus tierras para “consolidar su soberanía en esta zona considerada rebelde”.