De acuerdo con la Ley 20.393,  la responsabilidad penal de una empresa solo puede determinarse en tanto exista dentro de ella un mecanismo de control para que sus funcionarios no cometan sobornos, en ese sentido, el fiscal a cargo del caso, Julio Contardo, declaró recientemente que se debe apuntar a la responsabilidad penal de una persona jurídica (empresa) a través de un procedimiento abreviado, a diferencia de la condena, que sería mediante un juicio oral contra el ex senador UDI Jaime Orpis.

El abogado querellante Mauricio Daza, calificó como inaceptable la posible salida alternativa que estaría buscando la fiscalía junto con abogados de Corpesca. La compañía fue acusada de cohecho, a través del pago de sobornos a parlamentarios para pautear y posteriormente aprobar la Ley de Pesca.

El jurista, que es también representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, indicó que todo procedimiento debe decantar en una condena contra Corpesca. Argumentó que la pena debe considerar una multa multimillonaria ejemplar, además de la prohibición de efectuar contratos con el Estado por al menos cinco años.

“No sería un acuerdo aceptable, los antecedentes que se han reunido en contra de Corpesca y distintos personeros políticos en esta materia, son suficientemente contundentes para justificar resolver esto en un juicio oral. Nosotros además estimamos que la posibilidad de llegar a un juicio abreviado, se podría concretar en la medida que se acepte la responsabilidad en los hechos por la compañía y que además se garantice una condena que corresponda al estándar que generalmente se aplica en estos casos”, afirmó.

Para el vicepresidente de Consejo Nacional del Patrimonio Pesquero (Condepp), Nelson Estrada, la firma Corpesca debe ser castigada con todo el rigor de la ley, evitando que se dicte un precedente similar al que se aplicó en el caso SQM. En este último, dijo que la minera fue beneficiada con una suspensión condicional del procedimiento, librándose de una condena.

“Yo no sé qué están pensando los fiscales, se puede marcar un precedente sumado a lo que pasó con Soquimich, esto sería una nueva vergüenza para el poder Judicial, que están pensando en ofrecer alternativas a una multimillonaria empresa. Yo espero que el Consejo de Defensa del Estado pare esta situación y le diga que esta empresa tiene que ser sometida a juicio para que algún día en Chile haya justicia”.

Al respecto, el diputado socialista y ex alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, criticó el accionar de la justicia. Precisó que la instancia está dando la peor imagen ante la sociedad, confirmando que, según él, los poderosos obtienen beneficios sin llegar a sanciones efectivas por delitos relacionados con corrupción y cohecho.

El parlamentario aseveró que estos dictámenes -que eventualmente significarían la inexistencia de condenas- también afectan al poder legislativo, continuando con la mala imagen que tiene la ciudadanía del mundo político.

“Yo creo que cometimos un error como país al aceptar los estándares que puso Soquimich, y eso significa continuar con las malas prácticas por parte de las empresas que ejercen lobby, que pagan, que establecen relaciones espurias con el mundo político. Una segunda consideración es que los tribunales no pueden continuar con estos estándares tan bajos para sancionar a quienes han cometido delito, generando el rechazo de la ciudadanía”, subrayó.

Recordemos que el pasado 28 de marzo, la justicia decidió ampliar por 60 días el plazo para las indagatorias en la causa que afecta a la empresa Corpesca por financiamiento ilegal a campañas políticas.

En tanto, el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, junto a la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, solicitarán una condena de 21 años y un día contra el ex senador de la UDI Jaime Orpis, quien deberá enfrentar un juicio oral por cohecho y defraudación fiscal que asciende a los 307 millones de pesos.

Según consta en el expediente investigativo, la empresa pesquera Corpesca, de propiedad de Roberto Angelini, entregó más de 233 millones de pesos al ex parlamentario, para sacar adelante una normativa que beneficia ampliamente a la industria en desmedro del gremio artesanal.