Muy interesante y documentada nos pareció la Exposición del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, ante la Cámara de Diputados al abordar los enormes rezagos de La Araucanía, en comparación al nivel alcanzado por las otras regiones del país. Un certero diagnóstico de lo que sucede allí donde viven especialmente los mapuches y en que los índices socioeconómicos, a juicio del Secretario de Estado, son francamente deplorables.
Índices bochornosos de escolaridad, exiguas remuneraciones, así como un limitadísimo acceso de los hogares a los servicios más básicos. Tierras recuperadas por las comunidades mapuches que han caído francamente en el abandono por la falta de créditos y apoyo para hacerlas productivas. Conformando todo un estado de pobreza y miseria que no se compadece con el crecimiento general del país y que habla de la ausencia de políticas públicas de los últimos gobiernos para resolver, siquiera, los problemas más acuciantes en materia de agua potable, caminos, servicios de salud y tantos otros.
No cabe duda que el recuento del Ministro Moreno debe haber abochornado a los legisladores de las más diversas bancadas, porque cualquier persona con sentido común deduce que es en la precariedad y la marginación donde necesariamente se explican el descontento social y la violencia que remontan todos los días en esta región. Cuando, todavía, nuestras poblaciones originarias no reciben el pleno reconocimiento constitucional y, menos aún, ejercen los niveles de autonomía que otras poblaciones indígenas han ido conquistando en el mundo. Conforme, por supuesto, a los acuerdos y compromisos de los diferentes estados, entre ellos el nuestro, con las Naciones Unidas y las distintas convenciones sobre Derechos Humanos.
Debemos reconocer que hasta aquí no habíamos escuchado relato más descarnado de parte de una autoridad política, así como la promesa que nos hace Moreno de la voluntad gubernamental de destinar recursos y adoptar medidas que mitiguen los rezagos y sirvan para descomprimir la tensión social que allí existe. Loables iniciativas para fomentar el acceso al trabajo, desarrollar infraestructura, atacar la falta de atención sanitaria y, desde luego, procurar que los jóvenes y los niños tengan acceso pleno a la educación, derecho del que están severamente privados.
Sin embargo, paralelamente a la sensibilidad expresada por el titular de la cartera de Desarrollo Social, se aprecia en otros integrantes del Gobierno, incluso en el Jefe de Estado, la voluntad de fortalecer la acción represiva en la zona, darle resguardo preferente a los grandes empresarios y reprimir a los comuneros mapuches imputados muchas veces sin prueba alguna en los diversos atentados que se suceden todos los días en contra de sus propiedades y maquinarias.
Lo que podemos observar, al respecto, es una política completamente esquizofrénica, en que nos cuesta mucho compatibilizar la estrategia del acoso policial con la de este desarrollo social y cultural que promete el Secretario de Estado. Pareciera que otra vez se perfilan dos almas en las nuevas autoridades: esto es, la que representa el ministro Moreno y la que se proponen los agentes policiales, dándole continuidad a los despropósitos cometidos por el socialista subsecretario Aleuy y otros funcionarios del gobierno pasado. Siempre inclinados a respaldar allanamientos arbitrarios, fabricar falsos testimonios ante los tribunales, como organizar escandalosos montajes para imputar y reprimir a los mapuches o “los más pobres entre los pobres”, según los propios obispos católicos.
Por ésta y otras actuaciones del ministro Alfredo Moreno es que nos arriesgamos a pecar de ingenuidad. Confiados en que el actual Gobierno, a través de su Ministerio de Desarrollo Social, realmente pudiera seguir un camino distinto al seguido hasta hoy y cuyos hitos más importantes en la historia son los de las criminales agresiones a los comuneros mapuches, aunque se les haya dado paradojalmente el nombre de “pacificaciones”.
Sabemos que desde la derecha no es habitual que se aborden las tensiones sociales satisfaciendo las necesidades de la población, a objeto de matar las verdaderas causas de la miseria, la ira social y tantas lacras que se vinculan a la marginalidad, la delincuencia, como el narco o micro tráfico. Sin embargo, parece justo que confiemos en los propósitos del ministro Moreno y que él pueda obtener los recursos para emprender las tareas gubernamentales en favor de una paz fundada en la Justicia, en la igualdad de oportunidades, en el término de la discriminación.
No creemos viable cualquier armisticio en la zona sin que, además, se firmen nuevos protocolos con las organizaciones mapuches que entrañen un reconocimiento real del Estado Chileno a sus derechos, propiedad privada y valores espirituales. Sin que se le ponga coto a la prepotencia de los grandes empresarios que han ido a lucrar y desdeñar los valores de sus habitantes ancestrales. Lo que entraña, además, un desprecio absoluto por el medio ambiente de la zona y sus diversos ecosistemas.
Todo lo cual supone, asimismo, un nuevo trato de parte las policías instaladas en la zona, ansiosas de propiciar las confrontaciones más que actuar de garantes de la paz y colaborar a la concordia. Encomendadas a materializar, como ya se sabe, operaciones criminales felizmente desbaratadas por algunos jueces dignos e independientes que todavía ha sido posible constatar en la Araucanía.
Ojalá que en esto de las “dos almas” que con frecuencia proyectan los gobiernos, los propósitos del ministro Moreno se impongan a las rabiosas e insensatas acciones propiciadas por la ultraderecha, por sus elementos neofascistas del Régimen y por quienes hacen de la política una defensa de los intereses de los más poderosos.
Que se oponga diferencia, también, con el gobierno de Michelle Bachelet, quien –a pesar de haber prometido no recurrir a la Ley Antiterrorista- terminó invocándola constantemente. Junto con organizar acciones tan vergonzosas como aquella Operación Huracán, destinada a desacreditar y criminalizar la justa lucha de nuestro pueblo fundacional.
