Más de 70 mil millones de pesos. Esa fue la cifra entregada durante la semana pasada por la Superintendencia de Salud, respecto a las utilidades obtenidas por las isapres durante 2017, monto que supera en un 40% al año anterior y que es la más alta desde 2012.

La información causó molestia no solo en el mundo político, desde donde varios parlamentarios rechazaron que estas instituciones obtengan tantas ganancias, sino que además varios gremios vinculados al ámbito de la salud también objetaron esta situación.

Entre quienes hicieron notar su rechazo se encuentra el Colegio de Dentistas, quienes han sido críticos con el funcionamiento del servicio de salud privada, especialmente en su área.

Los planes dentales, tanto en Fonasa como en isapres, incluyen la atención dental a través de las Garantías Explicitas en Salud (GES), las que constituyen beneficios garantizados por ley. En el caso odontológico, según señala la Superintendencia de Salud, solo se consideran las atenciones integrales para embarazadas, niños de 6 años, adultos mayores y urgencias ambulatorias. Todo lo demás no tiene cobertura y, por eso, se vuelve tan tentador recurrir a un seguro. Sin embargo, la información suele ser incompleta o poco fidedigna.

Quienes se encuentren afiliados a una isapre pueden contratar planes adicionales que incluyan una cobertura más amplia de patologías dentales, las que tienen un valor en UF que varía según la institución. Según el Colegio de Cirujano Dentistas, el principal problema es que solo se puede hacer uso de estos planes en los centros pertenecientes al mismo holding de la institución de salud previsional, es decir, las ganancias quedan en la misma compañía.

Este actuar responde a lo conocido como integración vertical, donde las compañías dueñas de las isapres, son también propietarias de las clínicas, laboratorios y centros médicos en las que se puede hacer uso de la prestación médica.

La situación no solo limitaría las ofertas de atención, sino que, además, se realizan presupuestos ficticios en los que el precio de los tratamientos está elevado en comparación al valor del mercado particular.

El doctor Jaime Acuña, presidente del Colegio de Dentistas, asegura que con esto no solo limitan la atención, sino que además elevan los valores para que, una vez incluido el descuento, este quede en el precio real que tiene en el mercado particular. Según Acuña, los afiliados “son engañados por estas empresas pensando que les entregan un beneficio de descuento o calidad, y lo que no saben los beneficiarios es que el servicio es más caro que si se atendieran en el mundo privado”.

El odontólogo criticó a las isapres, asegurando que estas deben transparentar sus prácticas y no seguir engañando a sus clientes. “Sabiendo esto perjudican a sus beneficiarios, y ahí está el tema de fondo, por qué no son capaces de decirle al país la verdad”, indicó.

El dirigente también agregó que el perjuicio no solo afecta a los usuarios que se ven obligados a pagar precios abultados, sino que también a los odontólogos que trabajan para estos prestadores, ya que una vez entregado el servicio la recaudación es mayoritariamente para la institución de salud, mientras que el odontólogo solo obtiene entre el 20 y 30 por ciento de lo que paga el paciente. El porcentaje restante es la utilidad ganada por el mega prestador.

Esta situación es corroborada por el abogado Carlos Tagle, quien durante años ha llevado a la justicia demandas contra el funcionamiento de las isapres. Según el jurista estas prácticas no solo crean discriminación entre los propios dentistas sino “atenta contra sus ingresos porque la mayoría se lo lleva el centro de salud que es parte de la misma isapre, aumentando éstas aún más sus utilidades”

Además, estas instituciones no ofrecen contratos de trabajo, pues los odontólogos deben crear sociedades para realizar prestaciones de servicios, lo que perjudica gravemente sus derechos laborales, pues no cuentan con garantías como, por ejemplo, el pre y post natal en el caso de la mujer. Según Carlos Tagle, esta situación nuevamente les da ganancias a los holdings, pues no deben incurrir en gastos previsionales.

Desde el gremio acusan que quienes trabajan para estas instituciones, además de ver disminuidos sus ingresos se deben someter a malas condiciones, desprotección laboral y, lo más grave, perjuicios en la calidad de la atención, pues las empresas les exigen un mínimo de atenciones por tiempo para asegurar cierta cantidad de ingresos por jornada

A partir de estas situaciones es que los dentistas exigen una mayor regulación de las ganancias de las isapres y su nexo con los mega prestadores, pues su noción de eficiencia está basada en cumplir un estándar de prestaciones por hora, donde lo que importa en primer lugar es el dinero recaudado y no la salud de quien se atiende.

Según el “Dossier de integración vertical y efectos en el sector privado de salud” realizado por el Departamento de Estudios y Desarrollo de la Superintendencia de Salud en diciembre de 2017, “de prohibirse la integración vertical, los precios de las atenciones médicas bajarían en aproximadamente 25% en promedio sin modificar significativamente las primas de los planes”.

El tema fue discutido por el Colegio de Dentistas con la Superintendencia en el gobierno anterior, sin embargo, aunque dicen les entregaron su apoyo, también les indicaron que no están facultados para cooperar en los cambios que requiere el sistema.

El ministro de Salud, Emilio Santelices, anunció que durante los próximos días ingresaran un proyecto de ley que modifique la ley de isapres actual, sin embargo, desde el Colegio de Dentistas destacan que la reforma no incluiría sus peticiones sobre acabar con la integración vertical, por lo que esperan reunirse con el Ministro durante los próximos días para solicitad que sean escuchadas sus demandas.