Esta semana salió a la luz pública una nueva iniciativa que persigue fiscalizar el cuidado que ejerce el Servicio Nacional de Menores sobre los niños y niñas a su cargo. La instancia es liderada por la Fundación para la Confianza, a través de su herramienta Observatorio para la Confianza.

Según señala uno de los textos expuestos en el espacio, “en Chile existe 303 centros residenciales para niños, niñas y adolescentes (…). El 96,4 por ciento de los centros residenciales está a cargo de prestadores privados y tan solo un 3,6 por ciento se encuentra bajo administración directa del Sename (…).  Las residencias tienen un tamaño promedio que bordea los 34 niños por centro. No obstante, los de administración directa del Sename superan cualquier posibilidad de manejo adecuado al presentar una media de 62 niños por cada uno. Los estándares internacionales aconsejan entre 10 y 12 niños”.

Según información entregada por la comisión investigadora en 2017, los centros de administración directa reciben en promedio $1,8 milones por niño, mientras que los organismos colaboradores reciben en torno a los $262 mil pesos.

Entre 2005 y 2016, 1313 niños y niñas fallecieron en centro dependientes del Sename o de organismos colaboradores. Es así como el Observatorio para la Confianza elaboró un documento en el que plantea 500 preguntas dirigidas al Estado, con el propósito de esclarecer e identificar una serie de verdades respecto de la línea de políticas públicas y los antecedentes que han marcado la historia del Sename durante los últimos años.

Conversamos con Gabriel Guzmán, director ejecutivo del Observatorio, quien señaló las razones para impulsar una iniciativa como esta.

¿Qué diagnóstico deriva en la creación del libro de las 500 preguntas?

Nosotros construimos las preguntas en base a una sistematización de distintos documentos: informes, comisión investigadora de la Cámara, informe de Derechos humanos de la Diego Portales, informes de Contraloría y del Instituto de Derechos Humanos. Esto resulta en la sistematización de distintas situaciones y problemas de los centros, la oferta programática, y distintos compromisos de las autoridades; convenios que se firmaron, oficios que se enviaron, aumentos que se pactaron, etcétera. Lo que hicimos fue reunir toda esta información de los principales informe y los ordenamos por derechos: información que responda al derecho a la salud, al derecho a la educación, al esparcimiento, a vivir en familia, a la vida, etc… Frente a distintos extractos, entonces, nos hacíamos preguntas.

Luego de la lectura y análisis de todos esos documentos, ¿a qué conclusiones se llega?

La Biblioteca Nacional sistematizó todos los oficios que envió la Comisión Investigadora del Congreso. El diagnóstico que tenemos es que hay una mala articulación de los esfuerzos y una mala priorización también. De repente tenemos una mirada muy parcial del problema, muy orgánica, muy de separar el Sename, y no de lo integral de la situación. No es solo Sename, son también actores que toman decisiones sobre la trayectoria de los niños.

¿Se trabajó en propuestas también?

Sí. En la página web presentamos tres informes técnicos que hemos realizado mientras preparábamos el tema. El primero es de análisis de la situación residencial, otro de los programas ambulatorios y un tercero del modelo de provisión. En estos dos últimos presentamos recomendaciones de política pública al respecto. También presentamos 50 propuestas para la protección de la niñez, pero lo que queremos reforzar en esa agenda tiene que ver con la mirada sistémica. propuestas para el tema de separación del servicio, más institucional, que tiene que ver con tribunales de justicia, los sistemas de protección local, diagnósticos, representación jurídica, etc…

¿Hay alguna selección de propuestas que sean prioritarias o urgentes?

El tema que estamos priorizando tiene que ver con el modelo de provisión de los servicios. Esto se relación al tema de la forma de organización, planificación, financiamiento y supervisión de la oferta programática. Esto tiene que ver con la ley de subvenciones y con la participación de privados en los servicios. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo y estamos reforzando la necesidad de pensar una forma de proveer el servicio que sea en base a la figura del Estado como garante principal de derechos, que refleje que la disponibilidad de la oferta, su calidad, su disponibilidad y todos esos elementos, no dependa de los privados en sí, sino que dependa de un eje liderado por el Estado. Es decir, que el Estado no solo provea, sino que asegure las condiciones para que todos estos elementos de calidad del servicio finalmente no provengan de un actor privado. Si en eso la participación de la sociedad es factible, bienvenido sea.