Durante las últimas semanas se han dado múltiples señales por parte del Ministerio de Educación sobre el proceso de desmunipalización de la educación pública.

Gerardo Varela, se ha reunido con alcaldes que “no quieren traspasar sus colegios”, focalizando el discurso en excepciones y no en el nuevo diseño institucional. A partir de estos signos, ¿está en riesgo una real desmunicipalización?

Para el investigador de la Fundación Educación 2020, Ariel Ramos, es absurdo que algunos municipios queden fuera del proceso estipulado en la nueva Ley de Educación Pública que establece como fecha límite el año 2030.

Ramos precisó que no corresponde revisar los tiempos de traspaso, menos adecuarlo de manera indefinida, como ha dicho el ministro Varela. Precisó que el secretario de estado tiene que cumplir la normativa que fue creada para terminar con la segregación, por lo que aseguró, las declaraciones del personero de gobierno van en un sentido contrario al espíritu de la ley.

“Parece un absurdo el hecho de plantear la posibilidad de que pueda haber municipios que queden fuera teniendo una especie de sistema mixto. Nuestro régimen ya es lo suficientemente segregado en términos de educación escolar, como para poder nuevamente estar separando dentro de la educación pública, planteando la posibilidad de que haya servicios locales y municipalidades que provean del servicio educativo”, afirmó.

El director nacional de Educación Pública, Rodrigo Egaña, también ha salido a desmentir la posibilidad de que algunas municipalidades como Lo Barnechea, Vitacura, Ovalle y Santiago, que han tenido buenos resultados académicos y económicos, puedan postergar su ingreso indefinidamente.

En representación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, indicó que no existe doble interpretación.

El también presidente de la Comisión de Educación de la instancia edilicia, aseveró que la puesta en marcha no puede depender de la decisión de algunos alcaldes, ya que los administradores comunales son transitorios, por lo que no puede imponerse una decisión por un edil que sólo está 4 años en el cargo.

“Hay cerca de 60 municipios que estarían en condiciones de quedar con los colegios a su cargo, sin embargo, esas matrículas no alcanzan a ser cinco mil, tal vez estoy equivocado en la cifra, del millón y medio de niños que ocupan la educación pública. Al final es una cifra bastante marginal y esto es una política de Estado; finalmente ningún alcalde o alcaldesa puede definir el destino de los niños y niñas de Chile”, argumentó.

Para la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi, el gobierno junto a parlamentarios de Chile Vamos, pretenden paralizar la implementación de la Educación Pública, plateando que la educación siga en manos de los municipios.

Para la parlamentaria del PPD, el espíritu de la reforma es garantizar una enseñanza de calidad y, actualmente, las municipalidades no están en condiciones de garantizar ese derecho. Por lo que indicó se debe velar sobre todo por la educación de los jóvenes vulnerables y de aquellos que están en zonas apartadas.

“Tiene que ver con una lucha de la derecha para que no haya desmunicipalización, ellos creen que este sistema debe mantenerse tal cual, todos los problemas que hemos tenido con este gobierno ha sido porque quieren volver a punto cero. El ministro se va a encontrar en un zapato chino, si el proceso de servicios locales no resulta va a ser su responsabilidad y al que vamos a acusar constitucionalmente no va a ser al Director Nacional de Educación Pública, será a él, se le olvida que es el responsable, que no depende de él”, subrayó.

El Ministerio de Educación indicó recientemente que la Contraloría resolverá la polémica, luego de que Chile Vamos planteara que la ley, que consagra la “desmunicipalización” de los colegios, deja abierta la puerta para que las alcaldías con buenos resultados educativos mantengan su administración de manera indefinida.

Ante esto, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, dijo que se debe esperar la interpretación que haga la Contraloría sobre el reglamento.