Casi tres décadas de posdictadura nos demuestran que la posibilidad de dotarnos de una nueva Constitución se hace imposible sin desahuciar la Carta Básica vigente. Por más que se le hayan hecho al texto de Pinochet sucesivas reformas, la verdad es que se continúa asociando  a ésta con el legado de la Dictadura y el orden institucional que ha consagrado  profundas desigualdades en la sociedad chilena, una enorme concentración de la riqueza y la restricción de varios derechos humanos esenciales. Definitivamente, la Constitución de 1980 no puede ser la base sobre la que se discuta un orden más democrático y justo.

Seis autores han concordado la publicación de un importante libro en que se plantea la constatación que ya será imposible poner de acuerdo a quienes respaldaron el Régimen Militar y a sus detractores o disidentes para erigir un nuevo texto constitucional a partir de la Carta vigente.  Se trata de “1925, continuidad republicana y legitimidad Constitucional: Una propuesta “ (editorial Catalonia) , donde se propone, entonces, que lo mejor sería restablecer la Constitución de 1925, en el entendido que este texto legado por Arturo Alessandri se fue ganando una solida  legitimidad en su ejercicio, pese a que tampoco tuvo una génesis democrática. Enfatizan los autores que con el Golpe Militar de 1973 tanto los militares insurrectos como los derrocados apelaron a esta Constitución para justificarse y descalificarse mutuamente. Lo que demuestra el alto grado de consenso que este texto había alcanzado.

Es importante destacar que los autores de este libro son todos académicos de distintas universidades  y sobre cuyos nombres no debieran existir sospechas respecto de que pudieran estar manipulados políticamente por alguno de los referentes ideológicos actuales *. Por lo mismo es que su propuesta ha surgido del debate intelectual, como en el diagnóstico de que para el conjunto de la política puede resultar más fácil retrotraerse al texto constitucional anterior que adoptar como punto de partida lo dispuesto por el Dictador, pese a las enmiendas auspiciadas por los gobiernos de la Concertación. Como ejemplo, los autores destacan lo sucedido en Austria después de nazismo, donde el nuevo estado se fundó sobre la institucionalidad anterior a la guerra y los gobiernos de facto.

Mucho se dice que con este segundo gobierno, Sebastián Piñera quiere lograr reconocimiento histórico como estadista, dejando consolidado una serie de reformas y realizaciones que colaboren al desarrollo, la profundización de la democracia y una mayor equidad social. Desafío verdaderamente muy difícil ante la constatación de nuestros múltiples rezagos en la economía, la estresada convivencia nacional y nuestro debilitado prestigio en el mundo y la Región. Cuando lo que se ha profundizado, a pesar del crecimiento económico, es la desigualdad entre los chilenos, así como la consolidación de lacras tan severas como la corrupción  transversal de la política y el abuso empresarial, incluso en áreas tan estratégicas como la salud y la previsión . Además de las agudas tensiones por las justas demandas de los pueblos originarios, el explosivo fenómeno de la inmigración,  el empoderamiento del  narcotráfico y la creciente delincuencia.

Para los autores del libro que aludimos habría espacio para que la actual administración renuncie a la idea original de dejar las cosas tal cual están en materia institucional y reconozca la idea que en cualquier refundación del Estado es necesario una nueva Constitución. Lo que ciertamente se comprobó con los textos de 1933, 1925 y 1980 en que sus impulsores se propusieron justamente el surgimiento de un Chile nuevo. Aunque la última Carta Magna nunca haya logrado en los hechos reconocimiento universal, a pesar de los grandes cambios a su contenido.

Este libro hace un buen recorrido de nuestra historia institucional, de los méritos y fracasos de nuestros distintos andamiajes institucionales, pese a que nunca los ciudadanos fueron convocados a una asamblea constituyente, como lo han hecho múltiples naciones. Se colige de lo anterior que ninguno de ellos descarta esta posibilidad tan demandada en las últimas décadas, aunque confían que la propuesta de retornar a la Constitución de 1925 pudiera ser acogida por el Ejecutivo y el Parlamento, con lo cual se daría un gran paso a lo que parece imprescindible a irrenunciable: arribar a una nueva Carta Magna. Sin conformarse con  introducirle más modificaciones a la Constitución de Pinochet o ponerle a ésta la rúbrica de sus sucesores, como lo intentara ya el gobierno de Ricardo Lagos.

Con todo, en la idea de consolidar un texto a la medida de los nuevos tiempos, y sobre la base de nuestra historia constitucional, sería muy conveniente que esta vez la opinión del pueblo sea considerada en una Asamblea Constituyente, como posteriormente por un referéndum ciudadano. Así, su objetivo fundacional se legitimaría en el fondo y en la forma por sus sólidos estándares democráticos. Y se legitimaría tanto en Chile, pero también ante  el mundo.

*Se trata de Arturo Fontaine, Juan Luis Ossa, Aldo Mascareño, Renato Cristi,  Hugo Herrera y Joaquín Trujillo. Con prólogo de Sonia Montecino.