Genocidio ambiental es lo que viven los habitantes de Puchuncavi y Quinteros producto de la contaminación que existe por la polución de metales pesados en el aire, la contaminación de los suelos y el agua.

Durante cincuenta años los vecinos de Puchuncaví han denunciado la emergencia ambiental que viven producto del desarrollo industrial. Sin embargo, la desprotección gubernamental y el desentendimiento de autoridades es tal, que durante las últimas semanas las faenas de la Fundición Codelco Ventana y las termoeléctricas de AES Gener han mantenido niveles sobre los 1000 ug/m3. de Dióxido de Azufre, cuando la norma en Estados Unidos solo permite 197 ug/m3 por hora, mientras que en Chile no hay límite horario.

Las intoxicaciones de niños y adultos mayores se agudizan en estos días, en que las empresas deciden aumentar su faena sin tener en cuenta la salud de los habitantes. Es tal el abandono de las autoridades frente a este escenario que Codelco Ventanas ha presentado su Plan de Cumplimiento utilizando una propuesta antigua y obsoleta, sin considerar los daños ambientales que crecen exponencialmente cada día.

Dicho plan fue rechazado por la Superintendencia de Medio Ambiente y según explicó Andrés León, representante de la organización ciudadana Dunas de Ritoque, “la superintendencia le hizo una serie de observaciones al plan de complimiento de Codelco, con la advertencia de que si no es mejorado podría ser rechazado nuevamente”, lo que podría incidir en el cierre de la refinería.

Los excesos de polución de gases contaminantes han generado un aumento en los casos de niños con formaciones congénitas, por lo mismo, la Organización de Mujeres en Zona de Sacrificio ha hecho un llamado a que se restrinja el funcionamiento del cordón industrial por generar una contaminación sistemática que ha llevado, incluso, a cerrar la Escuela de la Greda. “Esto ya no da para más, es un verdadero genocidio ambiental”, denunció Katta Alonso, integrante de la organización.

El geólogo ambiental Carlos Rodríguez, junto a un equipo de científicos, desarrollaron un estudio de suelo que dio como resultado un alarmante diagnóstico: “Se hicieron muestras a 15 y a 30 centímetros y de 30 a 45 centímetros de profundidad en diferentes sectores del borde costero y en un radio de 10 kilómetros a la redonda. El resultado arrojó que mientras más cercano al cordón industrial, la contaminación de metales pesados en el suelo era más agresiva. Hay sectores donde la concentración llega a sesenta partes por millón de arsénico cuando las normas en otros países llegan a 20 partes por millón”.

El geólogo advirtió que esta contaminación del suelo contribuye a que los cultivos del sector estén permeados por esta concentración de metales contaminantes, así como los acuíferos que en el sector son utilizados para obtener el agua para el uso doméstico. Asimismo, el experto advirtió que esta realidad no permite que exista una recuperación ecológica del terreno, lo que incide en la desaparición de la flora y la fauna endémica, como está sucediendo en el mar con los peces y plantas que no pueden sostenerse por los graves casos de derrames de productos químicos provocado por las industrias del sector.

Una zona de sacrificio, aunque ese nombre suene paradójico en un estado democrático que dice respetar los derechos humanos y que se vanagloria del cumplimiento de la ley y del respeto de la constitución. Mantener a personas en estas condiciones de vida es el resultado de una normativa insuficiente que hoy incluso “no permite que se hable de contaminación de suelo, puesto que no existe norma que regule el nivel máximo de deterioro que puede generar una faena industrial en el suelo donde se emplaza y con el que colinda”, explica el geólogo Carlos Rodríguez.

Por su parte, el parlamentario del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Diego Ibáñez, dijo que es necesario impulsar un plan de descontaminación en las comunas de Quintero y Puchuncaví, llamando al Gobierno a dar urgencia a esta iniciativa.

Así es como el parlamentario expresó que “los lamentables niveles de contaminación que ocurrieron el día viernes pasado demuestran, una vez más, que necesitamos un plan de descontaminación de forma urgente. Hoy la comunidad no puede esperar un minuto más en estas condiciones, por eso mismo yo emplazo directamente a la ministra Cubillos, al gobierno, a que adelante el plazo de un año que se ha dado para reingresar el plan de descontaminación”.

En este sentido, Andrés León, presidente de la asociación Dunas de Ritoque es mucho más pragmático al decir que “la solución para la zona de sacrificio es que se cierren las termoeléctricas a carbón de AES Gener y la refinería de Codelco, las mismas que por más de medio siglo han contaminado nuestro territorio. Si se tomara esa medida, el gobierno no tendría que invertir en planes de descontaminación y realmente tomarían una decisión en favor de la comunidad que sufre con esta contaminación sistemática”.

A su vez, Victoria Gazmuri, seremi de Medioambiente de la Región de Valparaíso, expresó que el gobierno se encuentra trabajando en un plan de descontaminación para la zona y que el éxito de dicho plan estará dado por un cambio en la normativa vigente.

“Efectivamente hay episodios donde se han marcado niveles altos, pero la normativa que tenemos actualmente no regula el peak del minuto, es decir, se saca el promedio, entonces la norma en la que estamos trabajando si va a poder promediar la contaminación y va hacerse cargo de estos episodios de alta emisión en periodos cortos de tiempo”, explicó la Seremi.