El Ministerio del Interior, Andrés Chadwick, interpuso un recurso de queja contra el juez de Garantía de San Antonio, Juan Pablo Flores, quien dejó en libertad a dos personas que portaban armas en el maletero de su automóvil.

Además de anunciar la presentación de una querella contra los dos sujetos, el personero de gobierno cuestionó el criterio del magistrado, quien, según el ministro, actuó contraviniendo la ley y no aplicando las normas legales.

El secretario de Estado indicó que el juez de San Antonio declaró ilegal la detención y los dejó en libertad, anteponiendo la legislación extranjera por sobre la nacional.

El Ministerio del Interior se reunió este lunes con el fiscal nacional Jorge Abbott, a quien solicitó una revisión de los procedimientos por parte de la fiscalía. Ante la solicitud, el jefe de los persecutores afirmó que ya solicitaron todos los antecedentes y la revisión del procedimiento, incluyendo la actuación del fiscal “para ver si hay algo que es necesario corregir”.

Para el profesor del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Jaime Winter, la resolución del juez de garantía de San Antonio se ajustó a derecho, dada la forma en que Carabineros detuvo a los dos sospechosos y la “ilegalidad” en la obtención de pruebas, en este caso las armas y dinero encontrados en el portamaletas.

“Si se hubiera formalizado a las dos personas en ese momento, dado que la prueba fue obtenida ilícitamente, esos antecedentes no habrían servido posteriormente al momento de decretar la prisión preventiva y se habrían terminado yendo igual, por lo tanto, no existiría diferencia entre un momento y otro. Entonces nosotros hemos optado por un sistema donde lo que se prefiere es la exclusión de pruebas, algo que no pasa mucho, pero si se sabe que usted obtuvo la prueba ilegalmente como en este caso, eso no se puede utilizar en el proceso, ni para condenar a las personas. Preocupémonos de tomar en serio la sanción a los policías, quienes desde un principio no hicieron el procedimiento como correspondía”, afirmó

Después de las acciones impulsadas por el gobierno, el mismo magistrado Juan Pablo Flores respondió a las críticas y justificó su decisión. Flores señaló que “el registro de la caja de maleta y sobre todo su apertura no estaban amparados por la Ley de Tránsito y no había ningún antecedente para un control de legalidad de la detención. El tribunal acogió esa tesis”, agregó.

Después de la polémica generada por la decisión, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana , diputado Iván Flores, confirmó la citación a esta instancia del Fiscal Nacional para que explique “por qué el fiscal no apeló a la decisión del juez en un caso que ha generado no sólo preocupación, sino legítima sensación de impunidad”.