El ministro de salud Santelices confirmo hace unas semanas información, que tiene casi un año de antigüedad o más, de que en Chile existe una crisis de salud pública demostrada entre otros factores por el aumento epidémico de la infección por el VIH y de su secuela tardía, el SIDA. El Sr. ministro ha prometido, entre las medidas para solucionar esta crisis, aumentar las posibilidades de diagnóstico de esta enfermedad, y en las últimas semanas además se ha anunciado la introducción al país de métodos preventivos basados en la quimioprofilaxis de la infección, en las poblaciones de mayor riesgo. Sin lugar a dudas estas son loables medidas, pero ellas parecieran ser exiguos y tardíos remiendos para al gran desafío epidemiológico provocado por la epidemia de infecciones de trasmisión sexual (ITS) en Chile, que además de las infecciones por VIH, incluyen a la gonorrea, a la sífilis, a las infecciones por clamidias y a los virus de la hepatitis, incluyendo a la hepatitis A y C. Presencie, en el parlamento, hace algunos días atrás una intervención del Sr. diputado J. Macaya D. hablando de las deficiencias de la salud publica chilena en el contexto de su defensa del Sr. ministro de Salud, interpelado por tratar a través de subterfugios reglamentarios, subvertir el espíritu la ley de aborto y los derechos legales de las mujeres al acceso a este procedimiento médico. El diputado Macaya, en un discurso generoso en sonoridad, pero limitado en alcance, se lamentaba del criminal estado de la salud publica en Chile, que el supuestamente atribuía a fallas políticas y económicas del gobierno precedente. Las graves limitaciones del discurso diagnóstico del diputado Macaya, en parte se puedan deber a su juventud, pero también demuestran una falta de acuciosidad, ya que manifiestan una ignorancia profunda de la historia de la salud pública y de la historia de Chile, en los últimos cincuenta años. El deterioro drástico de la salud publica en Chile, comenzó con las modificaciones a los sistemas de salud que fueran introducidas durante los años 70 y 80 del siglo pasado por la dictadura militar.
Por ejemplo, la municipalización de las prestaciones de salud, fragmento, y en algunos casos elimino, la fidelidad y la unidad que debiera existir en la recolección de datos epidemiológicos en el país, proceso esencial para el planeamiento de acciones diagnósticas y preventivas en salud pública. Esto porque la mayoría de las municipalidades carecen de los recursos, del personal y de los laboratorios adecuados, para llevar a cabo estas funciones esenciales de sanidad, y también, porque la comunicación entre los organismos centrales (ministerio) y las municipalidades es defectiva, también como resultado de esta falta de recursos. Esto se manifiesta palmariamente en que en el país las epidemias jamás se predicen, se previenen o se interrumpen, como debiera ocurrir en un país moderno que emplea el saber epidemiológico para el beneficio de su población. Como lo demostraría esta epidemia de SIDA y de ITS y también numerosas epidemias precedentes producidas por los más diversos microrganismos. Además, una vez que las epidemias aparecen, tampoco por las mismas razones, se encuentran retrospectivamente las causas de ellas, constituyéndose un ciclo maligno y letal, de falta de diagnóstico y de prevención, afectando negativamente la salud de decenas de miles de personas. Reinando de esta manera, una ignorancia medieval de lo que sucede con la salud de los individuos y de la comunidad, hasta que la situación es demasiado catastrófica para continuar con su insensato desconocimiento (ver. F. Cabello. Rev. Chil. Infect. 2008; 25:14-16). El diputado Macaya debiera saber que durante la dictadura militar el gasto público en salud se redujo drásticamente, lo que fue acompañado de epidemias de toda índole, entre la gente de menor nivel socio económico. Epidemias, que al igual que ahora evolucionaron prácticamente sin intervención sanitaria ya que nadie se atrevía a encararlas, porque los que lo hubieran hecho, podrían haber terminado desaparecidos o con suerte presos y torturados; dada la política de Estado para lidiar en aquella época, con la disidencia incluyendo la científica (ver F. Cabello. Interciencia, 1991;16:176-181).
Si bien es cierto que con el advenimiento de la democracia hubo un aumento del gasto público en salud y se aminoraron parcialmente algunas de las condiciones descritas, sucesivos gobiernos de este periodo fracasaron en remediar esta situación, en parte por falta de liderazgo, de conocimiento y en parte también por la oposición cerrada de los grupos políticos conservadores que el Sr. Macaya representa, a aumentar el gasto del sector público en salud, que en el caso de las enfermedades infecciosas cubre al 100% de la población. La desfinanciación de los servicios de salud municipales y del central, que crea inequidad y segregación en las prestaciones de salud para la población más susceptible de enfermar, es también el resultado de los subsidios de Estado al sistema de salud privado, defendido probablemente por el diputado y el ministro, y que atiende a una fracción menor de la población del país. La epidemiologia fue creada casi 150 años atrás, como una ciencia practica y de terreno, capaz de recorrer y visitar a la población en el territorio de su interés permanentemente, detectando y precisando el estado sanitario de ella en esa área geográfica. Estas cualidades de ella fueron abortadas en Chile durante la dictadura, debido a los factores señalados, resultando en la perdida de la tradición y del conocimiento que hacía al país señero en esta disciplina en la América hispano parlante.
Los factores necesarios para la prevención de las aproximadamente 5000 a 6000 nuevas infecciones al año por VIH en país, ya ha sido señalando con éxito en otros países e incluyen, aumento del gasto público en salud y en educación a todos los niveles, fortalecimiento de ciencias como la epidemiologia incluyendo en esta a la educación sexual temprana, democratización de los procesos de decisión atrayendo a ellos la participación activa de la comunidad y a las poblaciones más expuestas a la infección y también el establecimiento de políticas públicas que disminuyan la segregación económica, social y educacional. Desgraciadamente los balbuceos iniciales del Sr. ministro acerca del mejor diagnóstico del SIDA, que aparentemente incluiría a un número reducido de personas y el discurso resonante y limitado en contenidos del diputado, son las únicas manifestaciones que hemos escuchado acerca de la preocupación y de los planes del nuevo gobierno para reducir y rectificar esta infausta y prevenible situación. La solución de esta tragedia, transita por vencer los paradójicos prejuicios de la ideología conservadora y autoritaria de boga que incluyen, la jibarizacion del Estado, la intolerancia por la diversidad sexual y la toma de decisiones verticales, prescindiendo de manera arbitraria de la opinión las comunidades de expertos y de los legos sufriendo el problema. Desafortunadamente las ofuscaciones del ministro y del diputado acerca de este tema, junto con sus esfuerzos para debilitar la ley de aborto con triquiñuelas, dan intranquilizadoras señales respecto de su habilidad para asumir el liderazgo en elaborar e implementar un urgente plan para solucionar estos candentes problemas médicos que tienen una indudable base económica y social.
Como ha sido demostrado en situaciones similares en otras latitudes, el extravío de la salud pública de sus contenidos científicos y humanos va también acompañado de un alejamiento de su ética hipocrática, y a menudo han sido la resistencia y la protesta de las comunidades afectadas por esta perversión las responsables de su corrección. Desgraciadamente en Chile estos importantes actores parecieran también estar todavía ausentes.