Pese a la interpelación al ministro de justicia y derechos humanos, Hernán Larraín, por el retiro del proyecto de reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos en dictadura, y pese a que los diputados aprobaron con 74 votos a favor la reposición de dicha iniciativa, el gobierno afirmó que no la reingresará.

El ejecutivo argumenta que las arcas fiscales son insuficientes para financiar la reparación consistente en tres millones de pesos a ex prisioneros políticos, pues desde instalados en La Moneda, el gobierno acusa una situación económica compleja heredada del mandato de Michelle Bachelet.

Esto, pese a que la diputada comunista, Carmen Hertz, indicó que este proyecto iba acompañado de un informe financiero donde se sostenía la viabilidad económica de la iniciativa.

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, la postura del ejecutivo obedece a su lógica economicista y empresarial, de la que no hay que extrañarse, tomando en cuenta la naturaleza de las autoridades de turno.

Según la dirigenta, y pese a los “lindos” discursos que emiten al respecto, los actuales inquilinos de La Moneda se esfuerzan por mantener en la impunidad a los criminales de lesa humanidad.

“Hoy estamos ante un gobierno que quiere profundizar la impunidad, y esa profundización también va en negar esta miserable –como decía Carmen Hertz- reparación, que no es más que la obligación internacional que tiene el Estado de Chile, de entre otras tantas que no cumple. Con estas autoridades, el nunca más se fragiliza cada día más”.

Pizarro cree que el fondo del asunto es la falta de voluntad política de Sebastián Piñera en temas de derechos humanos, pues para ella aunque fuese efectiva la carencia presupuestaria del Estado, aun así, se debiese indemnizar a las víctimas de la dictadura, sacando dinero, incluso, de otros espacios que hoy reciben financiamiento y constituyen una vergüenza, como por ejemplo, las millonarias pensiones que reciben los violadores de derechos humanos.

“Anteponer las arcas fiscales a la voluntad política de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, solo refleja la mezquindad del gobierno no en lo económico, sino en la falta de voluntad política para avanzar en este tema. El fondo del asunto es la obligación del Estado de Chile de dar cumplimiento a tratados internacionales, que, entre otras cosas, le obligan a reparar a las víctimas de genocidios, en este caso, a los sobrevivientes de la tortura”, enfatizó.

Lorena Pizarro aseguró que ni siquiera se debiese discutir la reparación económica, pues es lo mínimo que el gobierno debe hacer. “El Estado debe cumplir lo dispuesto internacionalmente, para que el genocidio nunca más vuelva a ocurrir”.

A pocas semanas de instalado el gobierno de Sebastián Piñera, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos entregó una carta a La Moneda solicitando una audiencia para advertir que el ministro Hernán Larraín no sería intermediario entre ellos y el gobierno, debido al historial del secretario de Estado y su cercana relación con la ex Colonia Dignidad.

Pizarro aseguró que esa carta no ha sido respondida, de hecho, afirmó que hace dos semanas fue enviada una segunda carta donde se vuelve a solicitar una audiencia para exponer todo lo que en Chile se ha incumplido en materia de derechos humanos, sin embargo, no ha habido ninguna señal del presidente Sebastián Piñera.

En estas “no señales” que el gobierno ha dado, a Lorena Pizarro le preocupa una que el ministro Larraín expuso en su interpelación, y es el dar cumplimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos, y lo que es el llamado “destino final de los detenidos desaparecidos”.

“Desde ya le decimos al gobierno que no estamos disponibles y no aceptaremos la reedición de una mesa de diálogo en la misma lógica de la mesa de diálogo que cree que la verdad total significa destino final y nada más. La verdad total tiene entre otras cosas el destino final, pero también tiene el responder qué paso con cada uno de nuestros detenidos desaparecidos, quiénes participaron de este genocidio, y tiene una condena efectiva a esos civiles y uniformados que participaron del exterminio”.

La dirigente cree que el doble discurso de este ejecutivo en términos de derechos humanos se refleja en la postura que tiene ante la situación venezolana. Al respecto señaló que es de una falta de altura enorme que Sebastián Piñera sindique al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura que viola los derechos humanos, tomando en cuenta, primero, que él defendió y se enriqueció con la dictadura chilena, y segundo, que al presidente venezolano se le eligió democráticamente, por tanto, catalogarlo de dictadura es, simplemente, una falta a la verdad.