Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de la institucionalidad ambiental y legisladores, agrupados en la Comisión Sindical Cívico Parlamentaria (CSCP), llamaron a la ministra Marcela Cubillos a dar a conocer públicamente el proyecto de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y asegurar la participación ciudadana en el mismo.

Argumentaron que se mantienen en alerta ante la reciente modificación al interior del SEA que eliminó el Departamento de Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena.

El Director Ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, afirmó que “como comisión, coinciden en el diagnóstico de que hay que hacer una profunda reformulación a este sistema y para eso se auto convocaron en 2015 y trabajaron en una propuesta bastante acabada”, la idea es que este nuevo instrumento pueda ser de real ayuda para el medio ambiente y las comunidades.

Según el grupo, el anuncio y las alarmas se suman a las suspicacias que días antes se levantaron frente a la agenda pro inversión y las modificaciones que ella contempla para el SEIA, así como la propuesta del gobierno de crear la “Oficina de Proyectos Sustentables” la cual también fue informada sin dar antecedentes a la sociedad y actores involucrados.

El problema, según explicó Costa es que no hay que fijar como único criterio la inversión, sino más bien enfocarse a un mejor tipo de esta misma.

Los representantes de esta mesa harán llegar una solicitud a la autoridad nacional para que los reciba y explique los alcances de sus propuestas y las instancias que se abrirán para la participación ciudadana.  Francisco Cabrera, Presidente de la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente, FENATRAMA, manifestó que “lo importante es que el SEIA se convierta verdaderamente en un procedimiento que busque proteger el medio ambiente y no simplemente en hacer más fácil la ejecución de proyectos de inversión”.

A juicio de José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, “las reformas anunciadas en relación al SEIA, así como sobre la agenda pro inversión, en ningún caso pueden resultar en un detrimento a estándares ambientales y sociales ya establecidos en la ley nacional y en los tratados internacionales sobre la materia de los que Chile es parte. Esto además resultaría contradictorio con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, a los que Chile ha adherido, los que obligan al Estado a revisar y adecuar su legislación para que la actividad de empresas no resulte en la vulneración de estos derechos, entre ellos los derechos ambientales y de pueblos indígenas”.

En esta línea, la académica de Idea USACH, Gloria Baigorrotegui, señaló que  “en los últimos años uno de los aprendizajes en temas ambientales imposible de obviar es aquel que reconoce el valor que la ciudadanía le viene otorgando al hecho de hacerse escuchar, de alzar su voz. Si agilizar procesos significa eliminar, reducir o simplificar canales comunicativos con la ciudadanía, se arriesgan no sólo malos resultados, sino hacer más débil y frágil la propia institucionalidad”.

Los integrantes de esa Comisión Sindical Cívico Parlamentaria para la reforma del SEIA son: Chile Sustentable, Observatorio Ciudadano, CODEFF, Alerta Isla Riesco, Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Gabriel Boric, Cristina Girardi, Alfonso de Urresti, entre otros.

Modificaciones al SEA

A esta preocupación se suma una reorganización administrativa en el SEA, ejecutada el 1 de junio y que-según advirtieron desde la Comisión- eliminó el Departamento de Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena, cuestión que preocupa transversalmente a organizaciones, parlamentarios y sindicatos, “por ser una medida regresiva y que afecta la calidad de la evaluación ambiental, así como potencialmente podría aumentar los conflictos de los proyectos de inversión”.

“Esta decisión demuestra el doble discurso que tienen las actuales autoridades. Por un lado, dicen que fortalecen la Participación Ciudadana, pero por otro, la restringen a una gestión meramente administrativa, procedimental. Por ello, llamamos a la ciudadanía a defender este derecho para seguir profundizándolo y no a retrotraerlo, como pretende esta medida”, sentenció el dirigente de los trabajadores del Medio Ambiente.

Además, el proyecto del Ejecutivo implicaría la eliminación de las direcciones regionales del Servicio de Evaluación Ambiental; reemplazándolas por 3 macrozonas, cuya localización está determinada por la existencia de los Tribunales Ambientales, es decir regiones de Antofagasta, Metropolitana y de Los Ríos.  Desde el grupo advirtieron que “esto significaría quitarle a las regiones su función esencial de evaluación técnica con pertinencia local”.