Con el objeto de continuar la revisión de los argumentos jurídicos que sustentan el requerimiento, la Comisión que analiza la acusación constitucional presentada contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, continuará recibiendo en la jornada de este jueves las presentaciones de abogados y profesores de derecho penal, con el fin de evaluar los méritos y pronunciarse sobre la procedencia del libelo.

La comisión tiene hasta el 19 de junio próximo para examinar los antecedentes recabados y elaborar el informe que será presentado a la Sala sobre el escrito acusatorio presentado contra el ministro de Salud, referido al protocolo de objeción de conciencia, declarado ilegal por la Contraloría.

El abogado defensor del secretario de Estado, Jorge Correa Sutil, fue el primero en declarar.

El jurista desestimó en su exposición los argumentos del libelo, al exponer los descargos de Santelices, pidiendo desestimar los tres capítulos en los que se divide la acusación.

“No estoy aquí por razones políticas, sino por mi profunda convicción de que esta es una causa injusta, y si lo considero así voy a defender a alguien del Frente Amplio o de la UDI, me da lo mismo”, afirmó.

Respecto al primer capítulo de la acusación, el abogado recordó que este sostiene que “se debería haber dictado por un reglamento y no un protocolo, sin embargo, la ley sobre aborto en tres causales mandató a la elaboración de un protocolo y, por lo tanto, amplió su órbita”.

“Hay que darle valor a principios que podrían estar tensionados, como la objeción de conciencia institucional, que ya está reconocida por el Tribunal Constitucional. Ninguna mujer que pidió atención para interrumpir su embarazo dejó de ser atendida en razón del protocolo, ninguna. Y, por lo tanto, no hay aquí una infracción grave de ley, no hay ningún resultado de falta de atención”, precisó.

Cabe señalar que, previamente, durante la misma jornada, la instancia recibió a abogados constitucionalistas y profesores de derecho penal.

Ante la comisión expusieron los profesionales Isabel Aninat, del Centro de Estudios Públicos; Jaime Bassa, de la Universidad de Valparaíso; y los abogados de “Osorio y Vargas Asociados”, Cristóbal Osorio y Gabriel Osorio.