El Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) es un acuerdo internacional muy poco conocido y firmado en la década de los noventa.

Este compromiso para la cooperación transfronteriza en la industria de la energía protege a las empresas que han apostado por proyectos limpios en el extranjero, pero para el Observatorio Empresarial Europeo (CEO) también se ha convertido en “un arma poderosa” para compañías fantasmas, inversores especulativos y corporaciones relacionadas con los combustibles fósiles como el carbón, gas y petróleo.

El tratado garantiza a las trasnacionales amplios derechos para demandar directamente a los estados ante tribunales internacionales cuando las compañías consideran que las medidas tomadas por el gobierno local afectan sus ganancias. Precisamente según el informe, este tipo de empresas son las que más han usado la Carta para impugnar políticas que los gobiernos tomaron para, por ejemplo, prohibir la explotación del petróleo, imponer gravámenes sobre los combustibles fósiles y variadas reglamentaciones ambientales, medidas orientadas para proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático.

Cecilia Olivet, integrante del Instituto Internacional de Investigación Holandés y coautora del informe de CEO, calificó como una verdadera locura que países no suscritos al tratado estén interesados en ser parte activa.

“Las cláusulas de protección que se encuentran en los tratados bilaterales son iguales o peores que la carta sobre la energía. Sería una verdadera locura que más países se adhieran al acuerdo y que obligaría a los estados a pagar millones de dólares cuando deciden hacer frente a la crisis climática. Consideramos que un debate mínimo es un debate público sobre el tema y conocer más los riesgos que este tratado esconde, ya que los llamados beneficios son ampliamente discutibles, mientras que los riesgos son tangibles, reales”, afirmó.

Actualmente son casi 50 los países suscritos, principalmente europeos y de Asia central, sin embargo, el TCE está en un proceso de expansión hacia África y América Latina. En este lado del continente son Colombia, Guatemala, Panamá y Chile las naciones que están presentes, pero solo como observadores no vinculantes, pero el primer paso para ser integrantes activos.

Para el académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile y experto en energías renovables, Roberto Román, son necesarios los tratados internacionales que formalicen los contratos de exportación de energías, sin embargo, se debe transparentar los alcances y estar alertas ante la arremetida de las compañías del carbón, que, en caso del país, presionarán para que este tipo de combustibles siga siendo utilizado y explotado.

“Me parece excelente que Chile se mantenga como observador, es importante que se inicien discusiones, se tenga claridad, que se vayan transparentando las distintas actividades. En Chile las compañías que utilizan y explotan el carbón, en la medida que se pueda van a tratar de defenderse, van a existir presiones para mantener las termoeléctricas abiertas. El otro lobby fuerte que existe es de la empresa Mina Invierno en Isla Riesco, que quiere seguir operando pese al tremendo daño ambiental que está produciendo, y que en fondo es un subsidio país a una empresa en particular”, argumentó.

Según el Observatorio Empresarial Europeo, Colombia y Guatemala son las naciones latinoamericanas que están llevando procesos más avanzados y que han comenzado a preparar reportes para su adhesión. Informes sobre las regulaciones y leyes del país, que estarían acordes al Tratado sobre la Carta de la Energía.

España, con 40 demandas, encabeza el ranking de los 27 países denunciados bajo el TCE.

De acuerdo a la investigación de la organización dedicada al control de grupos de presión en Bruselas, en el 88% de las acusaciones presentadas contra el Estado español “el inversor demandante no es una empresa de energía renovable, sino un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero”. En más de la mitad de los casos, la compañía que demanda tiene intereses en energía contaminante en su cartera, como empresas alemanas del rubro carbonífero y nuclear.

Caso opuesto fue el de Italia, quien en 2016 decidió retirarse del tratado. Algunas voces indican que dicha nación se retiró por los excesivos gastos de representación en distintos organismos internacionales. Por ejemplo, la cuota anual por ser miembro del Tratado de la Carta de la Energía son uno 370 mil euros al año, cerca de 300 millones de pesos.

Otra de las causas sería que Italia ha decidido salirse del tratado porque así no tiene que enfrentarse a grandes demandas como le ha ocurrido a España.

Según el tratado, los inversores extranjeros tendrán 20 años a partir de hacerse efectiva la salida del Estado miembro de la Carta de la Energía para poder demandar a este país ante los tribunales que crea oportunos. En este caso, solo hace falta haber invertido en Italia antes de 2016.