“Téngase presente”, esa es la figura jurídica que vuelven a utilizar los empresarios para frenar una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional, instancia que representa a los ciudadanos y que está conformada por los que, según las elecciones populares, tienen una mayor adhesión.

La normativa que prohíbe las bolsas plásticas es la tercera medida en la que los intereses empresariales se ven afectados.

Primero fue la Corporación de Universidades privadas (CUP), representada por la ex subsecretaria Pilar Armanet, quien ingresó un requerimiento al TC para frenar el artículo estipulado en la Reforma a la Educación Superior, que prohibía que los controladores de las instituciones tuvieran fines de lucro.

El segundo caso fue en la llamada Ley Sernac. Mediante un “téngase presente”, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) se hizo parte del control de constitucionalidad en el Tribunal e ingresó observaciones contra el proyecto del Ejecutivo.

En ambos episodios el órgano jurisdiccional falló en favor de la industria. Esta vez, la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) ingresó al TC un escrito que busca frenar la iniciativa que prohíbe la entrega de bolsas en el comercio.

Para el abogado constitucionalista Fernando Atria, los hechos demuestran que el TC es un bastión en manos de los poderosos, quienes han utilizado el organismo para frenar cambios democráticos aprobados por el legislativo.

“ Es totalmente improcedente el intento de los empresarios para usar el Tribunal Constitucional y lograr algo. El organismo está actuando como defensor de quienes, teniendo poder, se ven afectados por la ley. En realidad, uno pensaría que corresponde a nosotros, los chilenos, a través del proceso legislativo, decidir si prohibir o no el uso de bolsas pláticas, pero estos señores creen que no, que no se puede, y para eso están dispuestos a buscar que el TC, contra las reglas que regulan su propia competencia, los defienda”, afirmó.

Al respecto, el también abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa, aseveró que lo que hacen los empresarios es saltarse la voluntad de los congresistas para forzar al TC a pronunciarse sobre un asunto en que no tiene competencia.

Bassa alertó, además, sobre la existencia de una litigación “irresponsable” de parte de los abogados que están llevando estas causas, quienes protegen intereses particulares, saltando todas las reglas jurídicas, constitucionales, las leyes y el mismo proceso legislativo.

“Los efectos negativos que estamos viendo en todas estas formas de actuación: el Sernac, el lucro en las universidades y ahora las bolsas plásticas, es que ellos están anteponiendo intereses económicos por sobre el ejercicio de derechos fundamentales. Así como los consumidores tienen derechos que deben ser protegidos frente a la actividad empresarial, los estudiantes frente a las utilidades de las corporaciones privadas, los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Se debe limitar el ejercicio de ciertas actividades económicas, productivas, cuando están atentan contra el medio ambiente”, subrayó.

En este último caso, el gremio de los industriales del plástico reclutó al mismo equipo de abogados de Chile Vamos en 2016, cuando alegó ante el TC el requerimiento que terminó demoliendo el corazón de la Reforma Laboral. También fue el mismo que redactó el escrito que presentó la Cámara Nacional de Comercio (CNC) contra las nuevas atribuciones del Sernac.

En abril pasado, diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto para reformar el organismo y llamaron al Ejecutivo a darle urgencia.

La parlamentaria de la coalición, Gael Yeomans, detalló que la propuesta incluye eliminar el control preventivo obligatorio y modificar el control preventivo facultativo, con el objetivo de evitar que sean minorías parlamentarias las que soliciten su intervención.

El proyecto también se refiere a la designación de los miembros del TC, ya que propone conservar las 10 personas que actualmente lo integran, pero esta vez nombrados por un procedimiento abierto, transparente y participativo, dirigido por la Corte Suprema y ratificado por el Congreso.

“Permite doblegar la voluntad de los legisladores, es decir, cualquier minoría que exista en nuestro país, como política, en caso de la derecha, también los empresarios, pueden imponerse frente a la legitimidad presente en el Congreso y por la cual se han legislado estas materias, entonces, nos parece que es preocupante, pues pone en peligro la democracia de nuestro país tener un órgano como este”, subrayó.

Desde el ministerio de Medio Ambiente se manifestaron contrarios a la presentación realizada por Asipla. La propia ministra de la cartera, Marcela Cubillos, alertó sobre el lobby que por años realizó el gremio industrial en el Congreso.

“No nos sorprende la acción de Asipla ya que durante todos los años que se intentó legislar sobre esta materia, hicieron un fuerte lobby en el Congreso y no obtuvieron ni un solo voto a favor de su posición. Esta ha sido una ley construida entre todos los chilenos. El 95 por ciento está a favor de la medida y la han empujado todas las bancadas parlamentarias, más de 90 comunas, ONGs, el Gobierno anterior y el del Presidente Piñera. Y lo han hecho porque hay evidencia del daño que las bolsas plásticas provocan a nuestras costas, mares y ecosistemas”.

Por otra parte,  Greenpeace indicó que “es un recurso desesperado que busca torcer la voluntad del Congreso”. Afirmaron que “el país ha dado un paso fundamental en su protección medioambiental y no puede permitir un retroceso en esta materia”.

La ley que prohíbe la utilización de bolsas plásticas en todo el territorio nacional espera aún ser promulgada, mientras su entrada en vigencia será gradual. Los supermercados deberán implementarla dentro de seis meses luego de su publicación, y los comercios pequeños en dos años.