“Hemos fallado en nuestro deber como pastores”, con esas palabras se inició la lectura de la declaración oficial emanada de la reunión plenaria de los obispos de la Conferencia Episcopal, reunidos en Punta de Tralca.

Santiago Silva, presidente de la instancia, pidió perdón a las “víctimas y sobrevivientes” a quienes expresó el arrepentimiento de los obispos.”Nuestras faltas u omisiones, han causado dolor y perplejidad. Han afectado a la comunidad eclesial y han dificultado a la conversión y minado la esperanza. De ningún modo hemos querido causar o agravar el daño producido, pero mirado en perspectiva del tiempo, algunos de nosotros pudimos ser más activos o atentos al dolor sufrido por las víctimas, familiares y la comunidad eclesial”

Según explicó en conferencia de prensa y a partir del “discernimiento realizado estos días”, los prelados dieron a conocer una serie de decisiones y compromisos.

Decisiones:

1. Incluir anexo a las líneas guía Cuidado y esperanza, del año 2015. Norma que rige a todas las diócesis del país, relativo a la plena voluntad de colaborar con el Ministerio Público en la entrega de antecedentes sobre abuso sexual a menores de edad. El texto del anexo se dará a conocer en tanto se formalice el acuerdo con la Fiscalía Nacional.

2. A contar de esta fecha, darán a conocer toda investigación previa sobre presunto abuso sexual de menores de edad realizada en nuestras jurisdicciones. Lo mismo, fue solicitado a los superiores de congregaciones religiosas.

3. La Conferencia Episcopal nombró a la abogada Ana María Célis Brunet, presidenta del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas. A la vez, aprobó nuevas atribuciones y competencias al Consejo, por ejemplo, el que podrá dar seguimiento al cumplimiento de las anuncias líneas guía Cuidado y Esperanza, tanto en la recepción de denuncias, como en el acompañamiento, prevención y adecuada formación de agentes pastorales; recabar información sobre investigaciones previas y procesos penales en curso; crear un departamento de prevención de abusos para ejecutar las orientaciones del Consejo, cuya directora ejecutiva será Pilar Rodríguez Domínguez. Se facultó además, a que el estamento recibiera denuncias conforme a la normativa canónica.

Además, se comprometieron a subir en la página web de la instancia los nombres de los religiosos con sentencias definitivas, civiles y canónicas, por abusos de menores de edad.

Compromisos:

1. Incrementar disponibilidad personal para encontrarse con víctimas de abusos. Con el fin de poder ayudar en el proceso de sanación, mismo signo que piden a los institutos de vida consagrada.

2. A buscar criterios comunes en los procesos de reparación de las víctimas de abuso, además de promover la correcta formación de los agentes pastorales.

3. Elaborar protocolo de buen trato en ambientes parroquiales, comunitarios y educativos.

4. Elaborar código de comportamiento para ministros ordenados. Herramientas que se darán a conocer en abril de 2019.

5. Promover la participación de laicas y laicos en todos los ambientes eclesiales.

6. Mirar autocríticamente elementos presentes en las diócesis que permitieron la ocurrencia y perpetuación de abusos en la iglesia, para no repetir los hechos.

7. Impulsar renovación permanente de equipos de gestión parroquial, con acento en la participación de mujeres en instancia de tomas de decisión.

Los obispos también valoraron el estudiar los plazos de prescripción de los delitos que afectaron a los menores de edad, de manera de que “el paso del tiempo no inhiba juzgarlos”.

Luego del acto, las víctimas de abusos anunciaron que solicitarán a la presidencia que se cree una comisión investigadora para determinar los reales impactos de los delitos cometidos y encubiertos por parte de la iglesia católica en nuestro país.