“Soy un Soldado al que han transformado en un perseguido político, pero no en un militar chileno derrotado, ni mucho menos en un cosaco postrado”.

Con esta frase se presenta al brigadier (r) Miguel Krassnoff en un blog en que se reivindica su figura, pero lo cierto es que ningún organismo de derechos humanos lo tiene como un “perseguido político”, sino como un criminal de lesa humanidad.

Por eso es que ven con preocupación el anuncio de Raúl Meza, abogado de los internos de Punta Peuco que afirmó a La Segunda la presentación de un recurso de amparo para pedir la libertad condicional de Krassnoff, así se sumaría a los siete ex uniformados que ya han conseguido el beneficio durante los últimos días.

Si bien la tarde de este lunes anunció que suspendería por ahora el recurso en favor de Krassnoff, el jurista aseguró que seguirá recurriendo a instancias judiciales para liberar a sus representados, según consignó El Mercurio.

Pero Krassnoff es un caso aparte, pues se ha posesionado como una de las figuras más crueles e inescrupulosas de la dictadura. El caso que más recientemente salió a la luz es su responsabilidad en los llamados “vuelos de la muerte”, donde a pocos días del Golpe de Estado arrojó –luego de las torturas correspondientes- a tres personas vivas al mar desde un helicóptero.

Este caso se suma a otras numerosas causas en las que ha sido condenado. Una de ellas, es el secuestro calificado de la periodista Diana Frida Arón Svigilsky, a quien torturó y asesinó sin tener siquiera en cuenta que la militante del MIR tenía siete meses de embarazo. Por este crimen recibió 15 años de privación de libertad.

Otros 10 años de condena tiene a cuestas como autor del secuestro calificado de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, joven militante del MIR que hoy integra la lista de los detenidos desaparecidos.

Krassnoff posando junto a un retrato de Augusto Pinochet

A principios del 2018, quien participara en el asalto a la casa presidencial de Tomás Moro el 11 de septiembre de 1973, fue condenado a otros 10 años de presidio por el homicidio calificado del líder del MIR, Miguel Enríquez.

En total, su nombre aparece vinculado a 91 casos de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, y sumando todas sus condenas, Miguel Krassnoff Martchenko sobrepasa los 400 años de privación de libertad.

Pese a sus probados crímenes, jamás Krassnoff ha dado mínima muestra de arrepentimiento y, por el contrario, se enorgullece de sus actos justificándolos como parte importante del combate contra el “marxismo”.

Por eso, su eventual liberación sería un atentado a la democracia. Al menos así lo piensa el diputado PPD y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Tucapel Jiménez, quien manifestó a nuestro medio que no puede recibir este beneficio alguien que cometió los más graves crímenes de la dictadura.

“Hoy, darle la libertad a Miguel Krassnoff, que tiene más de 300 años de condena por los crímenes más graves que pueda cometer un ser humano, me parece que es un atentado al corazón de la democracia, como ya lo han sido estas liberaciones de siete reos”.

El legislador -hijo del reconocido dirigente sindical del mismo nombre y que fuera asesinado por agentes de la dictadura el año 1982- aclaró que él no se niega a los beneficios para los privados de libertad, pero aclaró que los ex uniformados no son delincuentes comunes, pues fueron agentes del Estado que asesinaron, secuestraron y torturaron recibiendo dineros públicos.

En ese sentido, Jiménez dijo que a un antisocial común se le puede rehabilitar, no así a estos agentes de la dictadura, que se sienten orgullosos de sus crímenes.

“Pese a las acusaciones, mantengo en alto mi ánimo y mi inquebrantable fe en Dios”, escribió hace un tiempo Krassnoff, ánimo que podría dispararse y fe en Dios que podría reafirmarse si sus “ángeles” en la tierra le dan, efectivamente, la libertad condicional que tanto anhela.

Acusación Constitucional

A raíz de las siete libertades condicionales que se otorgaron la semana pasada, un grupo de diputados anunció el inicio de un estudio para evaluar una posible acusación constitucional contra los ministros que permitieron la excarcelación de los genocidas.

Esa acusación ya está tomando forma, pues hay consenso al respecto y este martes será discutida por las bancadas de la Democracia Cristiana y del Partido Radical.

Para el diputado Tucapel Jiménez este debiese ser un motivo de unidad para toda la oposición, pues la libertad de criminales de lesa humanidad que ni siquiera se muestran arrepentidos desborda lo meramente político inculcándose en el ámbito valórico.

Diputado Tucapel Jiménez

En ese sentido, expresó que hasta el oficialismo debiese estar en contra de la libertad de violadores de derechos humanos, al menos así sería en un país desarrollo.

“Entiendo que la Democracia Cristiana lo discute este martes con su bancada al igual que el Partido Radical. El resto de las bancadas estarían todas a favor de la acusación. Yo siento que tiene que ver una unidad en esta acusación, hay miles de temas que nos pueden separar en lo político, pero en esto no debiéramos tener ninguna diferencia, incluso, en un país desarrollado, con otra mentalidad, tendríamos al oficialismo en esta acusación, porque ni siquiera con ellos debiéramos tener diferencias, estos temas debiesen generar consenso en todo el país”.

Pero Chile no es un país desarrollado, y la unidad en temas tan delicados como la libertad a criminales de lesa humanidad no genera consenso en todos los sectores. Sin ir más lejos, este lunes la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, declaró que las críticas que se han formulado a la excarcelación de los ex uniformados obedecen a un ensañamiento judicial y no a buscar justicia.

Además, expresó que no debiesen elevarse las exigencias para otorgar beneficios a violadores de derechos humanos, pues argumentó que ley pareja no es dura. Todo esto, a pesar de los principios firmados por el gremialismo hace menos de un mes, en que declaran el respeto a los derechos humanos.

Siguen las manifestaciones

La jornada de este lunes siguieron las muestras de repudio a la decisión de la Corte Suprema. Hasta el Palacio de los Tribunales llegó un grupo de dirigentes políticos de las juventudes de los partidos comunista, socialista y la Democracia Cristiana.

Los representantes de las colectividades de la ex Nueva Mayoría se encadenaron a los pilares de la puerta de ingreso del Palacio provocando el accionar de carabineros, que detuvo a ocho personas.

En el lugar, se encontraba el diputado comunista Daniel Núñez, quien afirmó que los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema pasaron a llevar los tratados internacionales que Chile ha firmado, las resoluciones de la Comisión Nacional por las Libertad Condicional, y las decisiones de la Corte de Apelaciones, todas instancias que han rechazado la libertad de criminales de lesa humanidad.