Hasta las dependencias de la Conferencia Episcopal llegó personal de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI para recopilar antecedentes respecto de la identificación de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes y cuyos datos se encontrarían en posesión de la Iglesia Católica de Chile.

Fue el fiscal Raúl Guzmán quien encabezó la diligencia en compañía de los persecutores Guillermo Adasme y Patricio Rosas, quienes investigan las denuncias de abuso al interior de la Congregación Marista.

De acuerdo a los antecedentes que posee la fiscalía, hay actualmente 38 casos en investigación por abusos al interior de esta congregación dependiente de la Iglesia Católica.

El fiscal Raúl Guzmán explicó que en los casos, principalmente de denuncias por abusos sexuales, se requirieron antecedentes que se complementaron con el allanamiento.

El persecutor se refirió también a la disponibilidad de la Iglesia Católica chilena, los que en un tono cordial habrían accedido al levantamiento del material que es principalmente de carácter informático.

En tanto, el abogado representante de la Congregación Marista, Alejandro Peña, espera que la investigación avance con celeridad, con el fin de corroborar los antecedentes presentados por la orden.

Ambas diligencias se dan un día después que la Cancillería entregara oficialmente al Vaticano los requerimientos internacionales de la Fiscalía Nacional en el marco de la investigación de delitos sexuales cometidos por clérigos y laicos relacionados con la Iglesia Católica.

La solicitud fue presentada a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Sección Asuntos Generales de la Oficina de Protocolo y en ella se piden los expedientes canónicos de imputados investigados, además del Informe Scicluna.