En medio de la emergencia ambiental que enfrentan las comunas de Quintero y Puchuncaví, familiares de los “hombres verdes”, trabajadores del sector fallecidos por exposición a metales pesados, exigieron a la Fiscalía Regional apurar la resolución del proceso judicial vigente.

El caso de los “hombres verdes” corresponde a la investigación de la muerte de 28 ex trabajadores de Enami- Codelco, división Ventanas de Puchuncaví, quienes murieron a causa de diversas enfermedades producidas por la exposición a metales pesados y tóxicos en sus faenas de trabajo.

La investigación lleva ocho años en curso, por lo que familiares y abogados, acompañados por el senador Francisco Chahuán, señalaron que las formalizaciones por cuasidelito de homicidio se deben realizar lo antes posible, sobre todo porque ya se cuenta con antecedentes para que el Ministerio Público se pueda pronunciar respecto a la causa de muerte de los 28 trabajadores.

Luis Eduardo Pino, dirigente de los ex funcionarios Enami-Codelco división Ventanas, quien también ha sufrido problemas de salud, indicó que los causantes deben hacerse cargo del daño que han generado: “Ahora todos se lavan las manos, pero una empresa del Estado de Chile tiene que hacerse responsable de estos actos criminales y del genocidio en la provincia de Valparaíso”.

Por su parte, el abogado Raúl Meza, querellante en la causa, indicó que “no es posible que durante ocho años el fiscal no haya tomado una decisión en uno u otro sentido”, sobre todo porque el caso se contextualiza en una situación muy grave, que con el paso de los años en vez de solucionarse sigue empeorando.

Raúl Meza explicó que se debe tener una resolución lo antes posible porque “se están vulnerando los derechos humanos en forma general y sistemática, no solamente a los funcionarios de Enami Codelco, aquí se está exponiendo a una población civil”.

En la misma línea, el jurista criticó que ningún gobierno, sin importar el sector político, se haya hecho cargo de la situación que viven las comunas de Quintero y Puchuncaví.

Entre los antecedentes con los que cuentan los querellantes está la acreditación, mediante informes del Servicio Médico Legal, de la presencia de metales pesados como arsénico y mercurio en los restos óseos de cuatro cuerpos que fueron exhumados en 2013.  Además, desde 2015 están pendientes otras pericias, correspondiente a la exhumación de otros ocho cuerpos de trabajadores y a un informe del SML en que se determine la relación entre las causas de muerte de los funcionarios y la presencia de estos metales en sus cuerpos.