No obstante, para Leonardo González, investigador de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no se aprendió nada entretanto: “Lo que ha mostrado el terremoto ha sido las dos caras de México. Por un lado hemos visto muy buenas actitudes y mucha colaboración por parte de la sociedad civil, de los grupos de empresarios, de la ciudadanía en general y, por otro lado, hemos visto la corrupción rampante, la insensibilidad del gobierno y un continuo uso incorrecto de los recursos públicos”.

Después de este sismo devastador empezó rápido la reconstrucción. Pero se hizo a un ritmo más lento de lo previsto. De tal manera que queda mucho por hacer en la Ciudad de México donde, según las denuncias de los medios, aún se carece de un diagnóstico definitivo de las afectaciones. Tampoco habría certeza sobre el número de damnificados, la cantidad exacta de inmuebles dañados y el nivel de riesgo que éstos representan.

Hoy, por ejemplo, todavía hay capitalinos que viven bajo carpas o en casas ajenas, porque las suyas se derrumbaron, han sido tiradas, están inhabilitadas o en reconstrucción.

La reconstrucción en los estados centrales del país, como Morelos, donde se ubicó el epicentro del terremoto, es aún más lenta. “Realmente la ayuda del gobierno fue muy poca en mi municipio. Llegó mucho material del gobierno federal, pero el gobierno municipal se lo quedó y no lo ha repartido entre los damnificados y el municipio”, cuenta Jesús Mendoza, cuya casa fue dañada por el sismo.

Una situación que se repite en todas las zonas afectadas, según Leonardo González. El mismo mes de septiembre de 2017, los estados sureños de Chiapas y Oaxaca también fueron golpeados por un sismo de 8,5 grados.