En días previos al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en horas en que todos hablan del Pacto de Bogotá y, desde la derecha hasta la izquierda y luego de vuelta, se enarbola la defensa de la soberanía territorial y marítima del país, otra noticia muy importante sobre la inserción de Chile en el orden internacional ha pasado desapercibida: la ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, ha anunciado que Chile no firmará el Acuerdo de Escazú. De este modo se conoce al Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que se adoptó precisamente en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de este año, después de años de reuniones preparatorias y nueve reuniones del Comité de Negociación.

Justo ahora que vemos cómo la comunidad de Quintero asiste impotente a su propio envenenamiento, este acuerdo significaba un paso significativo para el control ciudadano sobre los proyectos con impacto medioambiental. Una de sus principales características es que hace vinculante la consulta a las comunidades sobre proyectos eventualmente dañinos para los ecosistemas y la población. Si hubiera estado en vigencia, Hidroaysén debería haberse tramitado con los habitantes de la Patagonia, Pascua Lama no habría podido concebirse sin preguntarle a los habitantes del Valle del Huasco y la instalación de las mismas plantas de Quintero hubieran requerido la participación de la comunidad.

Para este 27 de septiembre estaba programada la firma del acuerdo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York, y se suponía Chile también firmaría, según lo que estableció junto a 23 países en Costa Rica. Sin embargo, el Gobierno dice dos días antes que no va a concurrir. De modo críptico, la ministra Schmidt dijo que la decisión se había tomado en la Cancillería y no en Medioambiente, sin abundar en las razones.

A pesar de que los ministros de Relaciones Exteriores son siempre los mejor evaluados en los gabinetes y que construyen su popularidad haciendo declaraciones contras los países vecinos en defensa de la patria, como en esta semana, hemos señalado desde hace un tiempo que la orientación más profunda de la política de nuestra Cancillería es la facilitación de las inversiones, aun cuando ello implique claudicar la soberanía política del país, que entre todos los tipos de soberanía es la que realmente importa.

Nuestro pueblo por lo general eleva a sus cancilleres: lo hizo con los anteriores y lo hace con el actual. Sin quitarles méritos personales, se hace necesario mirar como se procede simultáneamente en los distintos frentes: con los países vecinos, siendo agresivos y apelando a la defensa irrestricta de la soberanía de la tierra; respecto a los tratados de inversión y libre comercio, avanzando frenéticamente como ocurre ahora en el Parlamento, para entregar atribuciones que antes eran de los Estados de modo de dar más garantías a la inversión, es decir a los capitales. Y, respecto a acuerdos que implican el bien común y la defensa de las personas, como el de Escazú, echando la firma atrás un día antes.

No es una alusión al desempeño puntual de este ministro de Relaciones Exteriores, sino también a todos los anteriores. Esta política a tres bandas de la Cancillería, que es evidentemente contradictoria, demuestra que en la construcción de las políticas públicas suele haber una inercia que favorece más los derechos a la inversión que los derechos de las personas. Es la expresión del Estado subsidiario en el ejercicio de la autoridad política y es lo que con toda seguridad primó en la decisión sobre Escazú.

El peso de estos acontecimientos llama a una mirada más seria y ponderada respecto al modo en que el ministerio de Relaciones Exteriores influye cotidianamente en nuestras vidas, porque sí lo hace, más allá del chovinismo que se nos activa con cualquier declaración contra Bolivia y que, hagamos memoria, quizás nos fue inoculado convenientemente.