El denominado Comité de Ministros, instancia que obedece ciegamente las instrucciones verbales que entrega el presidente Piñera, aprobó la construcción del polémico Centro de Distribución El Peñón de Walmart en una zona rural de la comuna de San Bernardo que, conforme a las normas territoriales, es parte integrante del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994. La alcaldesa, los concejales y la comunidad organizada rechaza el emplazamiento de ese proyecto por razones que la prensa ya ha indicado.
Las autoridades municipales dicen que se ejercerán todas las acciones necesarias para que ese centro de distribución no se ejecute en esa comuna, señalando que el uso de suelo del terreno elegido por dicha empresa de retail no admite tal proyecto y que, por ello, la Dirección de Obras Municipales (DOM) lo rechazó. La alcaldesa dispara en contra del Seremi de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Bachelet, quién le habría impuesto al mencionado DOM que cursara el permiso.
Tiempo atrás, comunidades aledañas al proyecto en ciernes nos solicitaron asistencia para fundamentar sus objeciones y sin conocer el lugar, este columnista lo primero que les expresó fue que revisaran las normas contenidas en el Capítulo 8.3. Áreas de Valor Natural y/o de Interés Silvoagropecuario del PRMS, pues en ese instrumento normativo se señala con suma claridad lo que se puede y no se puede hacer en esos territorios rurales.
Ya que estamos hablando de la poderosa multinacional Walmart es conveniente que los lectores sepan que hace un lustro la Contraloría General de la República dictaminó que era ilegal su supermercado Líder San Francisco, comuna de Pudahuel, pues se había construido con un permiso viciado cursado por el bondadoso DOM de esa comuna. La denunciante en este caso fue la arquitecta Asesora Urbana, lo que nos hace suponer que debió ser felicitada por el alcalde Carrasco pues su proceder fue impecable.
Recordemos que todos los supermercados de D&S del empresario Nicolás Ibáñez, con anterioridad habían sido comprados en una alta suma de dinero por Walmart. En este caso, todos los incumbentes, tanto funcionarios de la Dirección de Obras Municipales como actores privados, habían “olvidado” que el terreno en donde existe ese supermercado es un área verde (equipamiento deportivo) descrita como tal en la Zona A-III del Plan Seccional San Francisco de Pudahuel.
Por ese “error voluntario” la Contraloría instruyó un sumario administrativo disponiendo medidas disciplinarias en contra del funcionario municipal amnésico y el cuento se acabó allí porque en Chile existe la impunidad total para todos aquellos inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, que “dan trabajo” a nuestros compatriotas.
Por otro lado debemos tener presente que los predios tipificados como áreas verdes en el mercado de la construcción se transan en precios sumamente reducidos por las restricciones que tienen sus usos y por ello los inmobiliarios más frescos compran habitualmente este tipo de terrenos baratos, para mejorar las rentabilidades de sus negocios, a sabiendas que con ellos el Estado no funciona.
Otra caso ya risible por lo obsceno, es el del Centro de Distribución Lo Aguirre, también de Walmart, proyecto que se tramitó con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) aprobado con la Resolución de Calificación Ambiental Nº 500 del año 2009, en circunstancias que el Certificado de Informaciones Previas (CIP) Nº 924 del año 2007, emitido por el travieso DOM de Pudahuel tenía normas urbanísticas de otra comuna (PLOP).
Ciudadanos probos de Pudahuel nos han señalado que, por el despelote existente en esa comuna, la Contraloría está investigando del orden de los veintitantos permisos de edificación en esa comuna, ya sea sea habitacionales como de equipamientos, lo mismo que ya hizo en la comuna de Ñuñoa, con los resultados que todos los relacionados con el tema conocemos sobradamente. Sobre esa sana decisión, la Contraloría instruyó al alcalde Johnny Carrasco que diera aviso a los titulares de esos proyectos, uno de ellos Walmart, para que, si lo desean, presenten sus particulares puntos de vista en el ente fiscalizador, ello para que el resultado final del examen de legalidad contenga toda la información disponible.
Finalmente, es conveniente que todos aquellos particulares que exigen el cumplimiento de las leyes, sepan que el artículo Nº 139 de la Ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría expresa: “Si de cualquiera investigación, examen o revisión que practique la Contraloría, resultare que se ha cometido malversación de fondos públicos, soborno, cohecho u otro delito semejante, se pasarán los antecedentes a la autoridad judicial competente. El Consejo de Defensa del Estado, a petición del Contralor, se hará parte en todos los procesos que se inicien por denuncia de la Contraloría en defensa del patrimonio de las instituciones sometidas a su fiscalización; sin perjuicio de que el Contralor General pueda iniciar cualquier juicio civil o criminal o hacerse parte en todo proceso a que pudieren dar lugar los delitos o irregularidades que se notaren en los Servicios sometidos a su fiscalización o control”.
Por lo anterior deducimos que cuando la Contraloría ejerza en plenitud sus amplias atribuciones y cuando el gobierno le aumente el presupuesto en los términos solicitados por ella, estamos seguros que la lacra de la corrupción se irá en retirada y si así fuese, operando la probidad en la emisión de los actos administrativos, los mercados funcionarán correctamente para beneficio de todos.
¿Llegaremos a ese mundo? Difícil, pero no imposible y ello dependerá de la voluntad de los poderes ejecutivo y legislativo. Por ahora, instamos al Estado de Chile que no sea tan indulgente con Walmart.
