Las más de mil personas intoxicadas que a la fecha registra la crisis ambiental y sanitaria de Quintero y Puchuncaví es el último episodio de la historia de esta localidad como zona de sacrificio. La gravedad de este incidente parece ser el momento cúlmine, particularmente por los múltiples eventos de contaminación originados por las empresas del área, la ineficaz respuesta por parte del Estado y la trascendencia internacional que esta crisis ha alcanzado.

En este contexto, el Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile realizó un estudio que analizó la información pública de las empresas y declaraciones en temas de sostenibilidad respecto a la zona de Quintero y Puchuncaví, además del Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Medio Ambiente, teniendo información de las ocho principales empresas presentes en la zona, para observar los datos duros existentes, y las políticas públicas ya existentes.

El trabajo contrasta, además, la realidad institucional chilena y el desarrollo de la sostenibilidad por parte de las empresas con criterios internacionales, como el ESG (Environmental, Social & Governance), exigibles por inversionistas y financistas que quieren disminuir riesgos en sus inversiones, especialmente en proyectos de alto impacto en comunidades o territorios. En este marco, destaca también que la regulación chilena es menos exigente que la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que la normativa para emisiones de SO2 establece niveles diez veces menores que en Estados Unidos y tres veces por debajo de México, lo que “evidencia lo desfasado que estamos con la normativa internacional”, sentencia el estudio.

La situación de abandono del reciente Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncavi, de 2017, que estableció 123 acciones en soluciones integrales, e incluso la creación de un Consejo de Recuperación ambiental y social; la falta de indicadores ambientales y control sobre emisiones por parte del Estado; así como el hecho de que la red de monitoreo esté en manos de tres empresas y exista escasa información sobre emisiones y sostenibilidad por parte de la mayoría de ellas, son algunos de los principales problemas identificados por el estudio.

Alcances del estudio

“Nuestro principal objetivo es la misión del observatorio: identificar en poco tiempo pero con herramientas muy especializadas una situación particular que impacta los temas ambientales, sociales y económicos que son los pilares de la sostenibilidad”, indicó Reinalina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios (FEN).

La académica, junto al asesor externo y experto en Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Alberto Guajardo, estuvieron a cargo del estudio que, junto con ver los tiempos de respuesta, también busca generar “una opinión más formada e informada en los hechos que tienen impacto en el país, con una comunidad en relación a empresas, donde se juega lo público. Las empresas juegan un rol en la sociedad muy importante, pero hoy en el siglo XXI las comunidades, las autoridades políticas, deben tener una mirada más equilibrada de lo que pasa, y ahí tenemos el rol que debe jugar la Universidad de Chile”.

A juicio de la académica FEN, “hay principios constitucionales que no se están cumpliendo, pero también no hay una institucionalidad acorde para dar soluciones a estos temas. Las empresas cumplen con la ley y lo que les pide, e incluso entregan datos de forma voluntaria, por lo tanto se valora ese trabajo, pero nadie fiscaliza si lo que está sucediendo puede tener reparación. Los derechos ambientales hoy son un Derecho Humano de cuarta generación, como el tener derecho a un medio ambiente acorde, o a agua potable, entonces debemos tener respuestas a situaciones de crisis en los territorios”.

Parte de las propuestas que se esbozan en el informe para Quintero y Puchuncaví es “poner una clínica ambiental, para estudiar fenómenos de contaminación e impacto en salud en los territorios, para mejorar la data. Somos muy pobres en nuestro país en esta materia, entonces debemos tener mejor información. Este caso lo deja en evidencia”. Además se impulsa la necesidad de mayores compromisos desde la institucionalidad que “en el corto plazo se debe resolver lo que pasa con la gente, hoy, pero lo clave es a largo plazo, y que las autoridades gubernamentales tengan claro que cualquier cosa que se haga debe ser pensada e implementada a largo plazo. Deben existir los instrumentos para fiscalizar adecuadamente porque hay una responsabilidad de mirar estas decisiones, sin ver el rédito político que traigan éstas”.

El estudio, con datos específicos sobre las empresas y un análisis más acabado se pueden leer en este archivo en PDF.