*Discurso pronunciado en el acto conmemorativo de los 70 años de la declaración universal de derechos humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, que hoy conmemoramos, ha ejercido importante influencia, no sólo en el desarrollo del Derecho Internacional, sino principalmente en la elaboración del derecho interno de los Estados y en la jurisprudencia de los Tribunales de justicia de muchos países.

Su carácter vinculante lo estableció la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, celebrada el 13 de Mayo de 1968, en Teherán, que explicitó que la Declaración Universal  de 1948 “constituye una obligación para los miembros de la comunidad internacional”.

En efecto, cuando la Declaración Universal fue adoptada en 1948 por la Asamblea General, sin votos en contra, la expectativa era que reflejaba sólo un estándar común a ser alcanzado, desprovisto de ejecutoriedad legal.

Sin embargo, la Declaración ha sido afirmada y reafirmada por numerosas Resoluciones de las Naciones Unidas y sus órganos especializados e invocada en numerosos acuerdos internacionales e incluso por Constituciones Nacionales, por lo que es reconocida como una verdadera Carta Magna de la Humanidad, la que debe ser acatada por todos los integrantes de la comunidad internacional.

A partir de la aprobación de la Declaración Universal, comenzaría una prolífica elaboración de Pactos y Convenciones sobre Derechos Humanos a los que la Organización de Naciones Unidas permanentemente ha convocado a sus Estados Miembros a su debida suscripción y ratificación.

Paralelamente, un Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos fue creado para supervisar el cumplimiento de los Pactos y Convenciones por parte de los Estados suscriptores. Y también se instituyeron tribunales internacionales donde pudieran recurrir los afectados en caso de violación de sus derechos fundamentales.

En nuestro país, a pesar que un chileno participó en el Comité encargado por la naciente Naciones Unidas para elaborar la Declaración, el jurista Hernán Santa Cruz, este primer instrumento de Derechos Humanos no era conocido masivamente.

Todo cambió el 11 de Septiembre de 1973, con el Golpe Militar.

A partir de ese momento, los chilenos y chilenas sufrimos  con crudeza la violación masiva y sistemática de todos y cada uno de los derechos humanos contemplados en los 30 artículos de la Declaración Universal. No hubo un solo derecho que la dictadura cívico militar que se instauró ese día por la fuerza, no violentara brutalmente. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos y su debido respeto, se alzó como la principal exigencia ética y normativa de los organismos de derechos humanos.

A 70 años de su elaboración y a 28 años del término de la Dictadura, corresponde hacer un breve diagnóstico de la actual situación de los Derechos Humanos en Chile y los desafíos pendientes y futuros en esta materia.

Sin lugar a dudas, la transición democrática trajo consigo el término de la aplicación desde el Estado, de una política de violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos, y el término de una verdadera Cultura de la Muerte instalada con el Golpe Militar. La instauración de un Estado de Derecho que intentaba dejar atrás el régimen dictatorial posibilitó una mayor garantía de los derechos fundamentales de los chilenos. A su vez, el esclarecimiento de parte importante de la Verdad, a través de los distintos Informes oficiales (Informe Rettig y Valech), significó una revalorización de los Derechos Humanos por parte de la sociedad chilena y la convicción de la necesidad de avanzar hacia el establecimiento de una cultura institucional pro Derechos Humanos que sea el soporte ético y normativo de la sociedad democrática que anhelamos.

Pero los avances son aún insuficientes.

En materia de Verdad, no cabe duda que la mayor deuda pendiente en esta materia, es que aún ni los familiares ni la sociedad toda, conocen la suerte corrida por 1124 compatriotas víctimas de la desaparición forzada. Este incumplimiento ha significado que por ejemplo, Carmen Vivanco, que acaba de cumplir 102 años, aún no puede saber la Verdad de lo ocurrido con sus cinco familiares detenidos desaparecidos. Este drama se repite en cada familiar de detenido desaparecido. A pesar que el Estado de Chile ratificó en el año 2009 la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, que obliga a los Estados suscriptores a establecer la verdad de lo ocurrido, lamentablemente debemos  consignar que en los diversos Informes obligatorios que ha tenido que elaborar el Estado de Chile al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, se sigue constatando y reconociendo este grave incumplimiento.

Agrava la situación, el que el actual Gobierno, no haya expresado su voluntad en avanzar en esta materia a través de iniciativas concretas, que permitan cumplir debidamente tanto con la exigencia ética de la ciudadanía de establecer la Verdad respecto de los detenidos desaparecidos, como con el claro mandato constitucional, de respetar y aplicar los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Chile.

En cuanto a las obligaciones del Estado de Chile de establecer la Justicia en los crímenes de derechos humanos, especialmente en los casos de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y torturados sobrevivientes, al precario avance en esta materia, que se expresa en muchos casos sin sanción y en la permanente aplicación de la “media prescripción”, prohibida por la normativa internacional de derechos humanos en casos de crímenes contra la Humanidad, se suma un claro retroceso en los últimos meses, debido a los fallos dictados por la Sala Penal de la Corte Suprema, que otorgaron libertades condicionales a seis condenados por crímenes contra la Humanidad, vulnerando gravemente con ello, los principios y normas instituidos por el Sistema Internacional de Derechos Humanos, del cual Chile forma parte.

Estos fallos dieron origen a la presentación de una Acusación Constitucional por parte de parlamentarios quienes, haciendo uso de una atribución privativa, pretendieron hacer valer la responsabilidad política de los tres Ministros de la Corte Suprema, por haber incurrido en notable abandono de sus deberes.

Compartimos el mérito de la Acusación Constitucional, y apoyamos decididamente a los familiares de víctimas que la promovieron, principalmente porque el desconocimiento de la normativa internacional de los derechos humanos por parte de los tres Ministros, constituyó un grave incumplimiento de su parte -en cuanto integrantes de uno de los Poderes del Estado-, del claro mandato constitucional establecido en el inciso segundo del Artículo 5 de la Constitución Política vigente, que señala que en relación a los derechos humanos “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

Es impresentable por tanto, a luz de lo dispuesto en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que a los condenados por crímenes contra la Humanidad se les imponga penas irrisorias y luego, al poco tiempo, se les de la libertad a través de estos mecanismos.

A su vez, el Estado sigue sin respetar el Derecho de las víctimas a una debida Reparación. A las exiguas reparaciones entregadas en el pasado, que no se condicen con el grave daño causado y los estándares exigidos en materia de derechos humanos por los órganos competentes de Naciones Unidas, se debe agregar el incumplimiento de las obligaciones internacionales en esta materia por el actual Gobierno y una evidente indiferencia de su parte por el dolor de las víctimas, que se expresó en el retiro de un Proyecto de Ley sobre Reparación presentado por la Administración anterior, en las postrimerías de su mandato. El retiro de la iniciativa legal, generó un fuerte rechazo e indignación en las víctimas sobrevivientes y motivó una interpelación parlamentaria al actual Ministro de Justicia, en la que se cuestionó fundadamente, a nuestro entender, su compromiso con el debido cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, por parte del actual Gobierno.

En cuanto a las Garantías de No Repetición, a la cuestionable ausencia de iniciativas por parte de este Gobierno en esta materia, como por ejemplo, la ya explicitada decisión de no promover un proceso constituyente que culmine con una nueva Constitución, que no sólo reconozca sino que garantice los Derechos Humanos y devuelva la soberanía popular arrebatada con el Golpe de Estado, se suma la preocupante aparición de diversas expresiones de Negacionismo, tanto desde la propia Administración como en los diversos medios de comunicación y emergentes movimientos políticos.

En efecto, y sólo a título ejemplar, mencionaremos el nombramiento del  ex Ministro de Cultura, Mauricio Rojas, que calificó como un montaje al Museo de la Memoria, la mantención en el cargo de Subsecretario de Redes Asistenciales, a Luis Castillo, cuestionado por encubrimiento en el caso del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva,  las declaraciones del diputado UDI, Ignacio Urrutia, quién tildó a las víctimas sobrevivientes de “terroristas con aguinaldo” y la permanente tribuna que le otorgan diversos medios de comunicación, a acérrimos defensores del régimen tiránico y opresor que instauró la barbarie en nuestro país durante 17 años, como lo es José Antonio Kast, y su reciente organización “Acción Republicana”. A lo anterior, deben agregarse las amenazas sufridas por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz, y el verdadero acto de profanación del Sitio de Memoria, Villa Grimaldi, cometido semanas atrás, por el denominado Movimiento Social Patriota.

Toda sociedad civilizada, respetuosa de los Derechos Humanos y comprometida con el Nunca Más, como lo es mayoritariamente la sociedad chilena, debe exigir del Estado, y especialmente del Gobierno, ponga término a toda práctica y expresión negacionista, tanto por encontrarse prohibidas por la comunidad internacional y su normativa, como por constituir una afrenta a la Memoria y a las víctimas, además de una solapada forma de pavimentar la repetición de la trágica experiencia vivida a partir del 11 de septiembre de 1973, fecha que hoy tristemente recordamos.

Debemos exigir que la moción parlamentaria que sanciona todo acto de negacionismo sea patrocinado por el Gobierno, a objeto de enfrentar decididamente esta grave amenaza que se cierne sobre nuestra sociedad.

Hay que tener presente que el negacionismo es una expresión larvada de neofascismo, y que es promovido por los mismos que hoy, en una verdadera ofensiva por la Impunidad, promueven desde los medios de comunicación, la liberación de los condenados por crímenes contra la Humanidad, sobre la base de la reivindicación de sus actos criminales y la negación de la política de exterminio.

Es por eso que la lucha contra la Impunidad, por la Verdad y la Justicia, no es un tema del pasado. La forma de resolver las deudas de nuestra historia reciente, determinará el tipo de sociedad que heredaremos a las nuevas generaciones.

Porque esta seria amenaza debe ser enfrentada con decisión y en forma unitaria, convocamos a todos los sectores sociales y políticos a movilizarse resueltamente, tal como lo hizo el mundo de la Cultura que, encabezado por el escritor Raúl Zurita, quien hoy nos acompaña, encabezó un movimiento social que fue capaz de lograr la renuncia del Ministro de Cultura por sus dichos negacionistas, los que constituían una verdadera afrenta a la Memoria de las víctimas y a este Museo, que la atesora y resguarda tan fielmente.

Hacemos un llamado, a no minimizar esta amenaza y a aprender de las lecciones que en esta materia debemos sacar de lo ocurrido en Europa, en Estados Unidos, y  recientemente en Brasil, con movimientos políticos neofascistas que bajo un falso nacionalismo, pregonan discursos militaristas, xenófobos, misóginos y homofóbicos.

Pero junto a lo anterior, debemos avanzar hacia la recuperación del principal derecho colectivo arrebatado al pueblo chileno con el Golpe de Estado del  11 de septiembre de 1973: el derecho a su libre determinación, establecido en el Artículo 1º, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos Pactos complementarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y suscritos y ratificados por el Estado de Chile.

Cabe recordar que las violaciones a los Derechos Humanos no fueron sino el medio necesario de que se valieron los detentadores del poder dictatorial para imponer  un nuevo orden político, económico, social y cultural, que puso freno al proceso de transformaciones sociales que impulsaba el Gobierno legítimamente constituido de Salvador Allende, mediante la expresión genuina del ejercicio de la soberanía popular y que fuera arrebatada violentamente con el Golpe Militar.

La recuperación de la soberanía popular perdida, no sólo supone reinstalar plenamente la posibilidad de ejercer la soberanía política, a través de una nueva institucionalidad, sino que además supone, recuperar plenamente la soberanía económica, que permita “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”, tal como lo establece el Nº 2 del mencionado Artículo 1º, única forma de “proveer a su desarrollo económico, social y cultural” como lo plantean ambos Pactos.

Producto del modelo impuesto por la fuerza de la represión, la mayoría de las riquezas básicas fueron privatizadas, generando de paso una fuerte concentración de la riqueza y una irracional y depredadora explotación de los recursos naturales. Sólo a título ejemplar, según el último Estudio INE sobre ingresos en Chile, consignó que el 50% de las personas ocupadas percibe ingresos menores o iguales a $ 350.000.- A su vez, según el Estudio del PNUD “Desiguales”, del año 2017, el 1% más rico obtiene el 33% del ingreso devengado en todo el país, y el 5%, el 51.5% del total.

El Estado subsidiario, pilar central del nuevo modelo económico, sustrajo al Estado de su obligación de garantizar derechos sociales y económicos básicos, tal como lo dispone la normativa internacional de los Derechos Humanos e impidió al pueblo chileno decidir su destino soberanamente.

En consecuencia, la reincorporación al patrimonio de todos los chilenos de nuestras riquezas básicas, constituye una exigencia ética y normativa irrenunciable. El agua, el mar, los bosques, el cobre y el litio, entre otras riquezas básicas, deben ser chilenas nuevamente.

A su vez, la elaboración de una Nueva Constitución, constituye a nuestro entender, una oportunidad propicia para poner al día al Estado de Chile en el cumplimiento irrestricto de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, establecidas en los diversos instrumentos internacionales sobre la materia, las que comprenden, según los órganos del Sistema de Naciones Unidas, las obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y la de adoptar medidas de efectivo cumplimiento.

Pero a la vez, debe constituirse en el primer ejercicio de recuperación de la soberanía popular perdida, por cuanto es el pueblo soberano, a través de una Asamblea Constituyente, el que debe determinar las normas fundantes del nuevo Estado Democrático que busca establecer.

Lamentablemente, el actual Gobierno ha clausurado toda posibilidad de generar un proceso constituyente que culmine con una Nueva Constitución, desconociendo con ello, que los Derechos Humanos, expresados en los principios y normas consagrados en los diversos instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos, no solo son un referente ético indispensable para una sana convivencia entre los pueblos y sus autoridades, sino que fundamentalmente constituyen un marco obligatorio que fijan la actuación de los distintos Poderes del Estado.

Y por tanto, el mismo respeto que el actual Gobierno exige a nuestros países vecinos, por los tratados internacionales sobre asuntos limítrofes, debe tenerlo por los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Chile.

Amigos y amigas:

La conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal, nos recuerda que la historia de los pueblos es la lucha por el respeto de sus derechos humanos permanentemente vulnerados. Y que todo avance conquistado en derechos humanos,  ha sido producto de la lucha unitaria del pueblo y sus organizaciones.

Hoy, igual que ayer, esa lucha se expresa en la exigencia por Verdad y Justicia, por el debido respeto y protección de los niños, niñas y adolescentes; por la demanda de los estudiantes por una educación pública, gratuita y de calidad; por la igualdad de género, exigencia encabezada por el movimiento feminista, por los derechos de la diversidad sexual y por enfrentar decididamente las demandas históricas con los pueblos originarios, así como por el derecho de nuestros adultos mayores a una pensión digna junto con la demanda de inclusión de las personas con capacidades diferentes, como por los migrantes y sus derechos fuertemente vulnerados, y por cierto, por los diezmados derechos de los trabajadores, amenazados hoy por los permanentes anuncios de contrarreformas laborales. También la lucha por un ambiente libre de contaminación que libran en Quintero y Puchuncaví, y la exigencia por el derecho humano al agua desplegada por los habitantes de Petorca y Cabildo, entre otras localidades. Todas ellas  son luchas sectoriales con un denominador común: la lucha por los Derechos Humanos y la exigencia al Estado de su debido respeto y garantía.

Ciertamente, falta mucho por avanzar. Pero los logros llegarán más temprano que tarde si las organizaciones sociales comprenden que las luchas sectoriales, forman parte de una lucha común.

Y en este empeño conjunto, nadie debe restarse. Todos deben contribuir a este anhelo mayoritario. Es por ello que en el marco de esta Conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y atendido el fundamental rol que juegan en nuestra sociedad, queremos convocar a todos los partidos políticos de Oposición a aceptar nuestra Invitación de participar en un Seminario académico que la Comisión Chilena de Derechos Humanos organizará prontamente, para que en esta instancia puedan debatir seria y reflexivamente sobre su  aproximación a los Derechos Humanos, para que sobre la base del sano y necesario intercambio de  ideas, se obtenga una síntesis que les permita avanzar coordinadamente hacia el imperativo ético y jurídico de contribuir al debido  goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de nuestros compatriotas.

Por último, queremos reiterar que la sociedad democrática a la que aspiramos, debe fundarse en el más irrestricto respeto de los derechos humanos consagrados en los distintos instrumentos internacionales que, tal como ocurrió con la Declaración Universal, el Estado de Chile suscribió y ratificó.

Por tal razón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos seguirá exigiendo del Estado chileno el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en esta materia, única forma de establecer una Democracia sólida y verdadera y de cumplir en nuestro país el justo anhelo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hoy conmemoramos, esto es, la plena realización de la dignidad de todos los seres humanos, sin distinción de ninguna naturaleza.

A la consecución de este noble propósito, quedamos todos convocados.