Peligro de fuga, obstaculización de la justicia y el uso de la organización para que testigos cambien su versión, fueron algunos argumentos esgrimidos por el juez Richard Concepción para dictar la presión preventiva contra Keiko Fujimori.

En una lectura de resolución que duró ocho horas, el juez calificó de “idónea” la solicitud del fiscal anticorrupción adscrito al Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, al considerar que existen graves y fundados elementos para señalar a Keiko Fujimori como la cabecilla de una organización paralela que se originó en el interior de su partido con la finalidad de lavar US$1 millón que habría recibido de la empresa Odebrecht para su campaña electoral del 2011.

La Fiscalía de Lavado de Activos además investiga a Keiko Fujimori por otros dos casos que involucran a los cócteles y actividades proselitistas realizadas en la campaña presidencial del 2016, y a la anotación “aumentar keiko para 500” encontrada en la agenda de Marcelo Odebrecht.

Razones para dictar la prisión preventiva

Ante las evidencias cada vez más aplastantes, durante las últimas semanas, partidarios del fujimorismo incluido el congresista Rolando Reátegui decidieron colaborar con la justicia y convertirse en testigos protegidos. Es así como se pudo tener acceso a las estrategias que utilizó el partido para borrar el rastro del dinero de sus aportantes.

Gracias a la colaboración eficaz de estos testigos, se pudo tener acceso también al grupo de WhatsApp de Fuerza Popular donde se evidencia, primero, cómo los congresistas fujimoristas planeaban estrategias para perjudicar al Fiscal José Domingo Pérez quien investiga a Keiko Fujimori e incluso al propio presidente Martín Vizcarra; segundo, cómo estos mismos congresistas se organizaban para proteger al actual y muy cuestionado Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry; y tercero, cómo Keiko Fujimori ordenaba hasta la cantidad de aplausos y palabras que debían utilzar sus congresistas.

En ese sentido, el juez dijo que Keiko Fujimori los habría “instrumentalizado” para atacar al fiscal José Domingo Pérez. Incluso, lo comparó con el caso de los diarios chicha, cuando el fujimorismo en la época de los 90 compró la línea editorial de varios diarios.

Riesgo de obstaculizar la justicia

Si bien Keiko Fujimori cuenta con arraigo domicilairio y ocupacional, el juez Carhuancho consideró que esto no era garantía de que Keiko Fujimori no eludiera la justicia como lo hicieron antes personas asociadas al gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Así, ante el riesgo de obstaculización a la justicia hecho evidente en los intentos de blindar al Fiscal de la Nación Chavarry y blindar al ex juez supremo César Hinostroza quien escapó hacia España y se encuentra actualmente en proceso de extradición, se determinó que Keiko Fujimori debía pasar 36 meses en prisión, tiempo dentro del cual continuaría la investigación en su contra. Explicó, además, que la investigada podría eludir la justicia debido a la gravedad de la pena que se le impondría en el futuro (entre 10 y 13 años de prisión).

La defensa de Keiko Fujimori ha apelado esta decisión, lo que implica que otro juez podría revocarla tal como sucedió con el caso del expresidente Ollanta Humala.

El futuro del fujimorismo

Las declaraciones de Marcelo Odebrecht y la consiguiente investigación contra Keiko Fujimori han hecho estragos en el partido Fuerza Popular. Tres de sus congresistas, incluido el presidente del Congreso Daniel Salavarry, han decido alejarse del partido y han pedido una licencia.

Otro de sus congresistas se ha convertido en colaborador eficaz ante el peso de las evidencias en su contra. Al mismo tiempo, el descrédito popular se hace sentir cada vez con más fuerza. Incluso, cadenas de restaurantes han creado promociones con el nombre de Keiko Fujimori en son de burla.

Insostenibilidad del Fiscal de la Nación

Después de que se dictó prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el Fiscal José Domingo Pérez se dirigió a la prensa para hacer un pedido referido a la continuidad del actual Fiscal de la Nación

“Lo que ustedes han presenciado debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación”, dijo  Pérez.

Los vínculos de Chávarry con el fujimorismo no solo se han dejado ver en los chats de WhatsApp sino también en la práctica. Sin explicación alguna, Chávarry cesó de su cargo a la fiscal, Erika Rocío Delgado Torres, que era parte del equipo de la investigación que armaba el caso contra Keiko Fujimori junto al fiscal José Domingo Pérez. Ante esta decisión arbitraria, Pérez se vio obligado a defender este caso sin ayuda.

El Congreso de la República, hasta ahora de mayoría fujimorista, es el único capaz de destituir al Fiscal de la Nación de su cargo.