El ocurrente Claudio Orrego, en abril de 2017, mientras ejercÃa el cargo de Intendente de la Región Metropolitana de Santiago, bautizó como guetos verticales a unas cuantas edificaciones en altura, con agrupamiento continuo, que se estaban construyendo en la comuna de Estación Central y como ello nos llamó la atención, investigamos cómo la Dirección de Obras Municipales (DOM) pudo otorgar tantos permisos de edificación con alturas de 20, 30 y hasta 40 pisos con cientos de diminutos departamentos que serÃan arrendados o vendidos, en un cierto porcentaje, a familias extranjeras de limitados recursos.
Es más, esa DOM por algún motivo que habrÃa que investigar no dio a conocer esos permisos ni al Concejo Municipal ni a las Juntas de Vecinos, es decir, se quebrantó el mandato expreso contenido en el artÃculo 116º de la Ley General de Urbanismo y Constricciones (LGUC).
Después de un par de semanas llegamos a la conclusión que ese proceso de alta densificación urbana en un sector determinado de esa comuna, sin las medidas efectivas que la sustentara, era un burdo negociado originado en la práctica porque se decÃa que allà no habÃan normas de edificación en un Plan Regulador Comunal (PRC).
En todo caso, sà sabemos que en otros sectores de esa comuna se rigen por las disposiciones urbanas de los PRC de Santiago y Quinta Normal, lo cual es demostrativo del oportunismo llevado a cabo. Se cursaron los permisos pues en ausencia de regulación en un instrumento normativo local, cada inmobiliaria podÃa construir lo que quisiera aunque sus efectos fueran sumamente negativos para los espacios públicos adyacentes y para las antiguas viviendas unifamiliares allà existentes. Luego, las autoridades municipales privilegiaron los intereses mercantiles de los solicitantes de permisos que, según la documentación de obra en nuestro poder, alcanzan a 75 torres habitacionales y más 30 anteproyectos, que no sabemos si se transformaron en proyectos propiamente tales.
Detectada la trampa, una de las tantas que se conocen, la fundación Defendamos la Ciudad, cuyo portavoz es este columnista, hizo las presentaciones de rigor en la ContralorÃa General de la República, entregándole el listado de marras y solicitó entrevistas a la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), para analizar con sus interlocutores lo que sucederÃa más adelante con ese tipo de corrupción que se intentó disimular.
A sus directivos les entregamos tales listados que contenÃan todos los datos necesarios para saber quiénes estaban detrás de cada uno de esos obscenos edificios y les propusimos que, para evitar enriquecimientos ilÃcitos, que pugnan tanto con el Estado Democrático de Derecho como con las sanas prácticas comerciales en los mercados, esas instituciones gremiales les plantearan a esos inversionistas que compensaran a quienes debÃan soportar la carga de la extrema densificación ilegal.
Pues bien, el viernes 16 de noviembre de 2018, se dio a conocer a la opinión pública el contundente dictamen Nº 27.918 del 12 de noviembre de 2018 de la ContralorÃa, documento que responde la presentación del 6 de abril de 2018, elaborada por el Estudio JurÃdico Osorio Vargas, en representación de Defendamos la Ciudad y 3 agrupaciones ciudadanas de Estación Central, en la cual se describÃan ciertos hechos contrarios a derecho respecto de esos guetos verticales. Dicho dictamen, firmado por el titular de la ContralorÃa, está dirigido al alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, con copia al señalado Estudio JurÃdico, al Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo y al suscripto.
Los contenidos más gravitantes del dictamen, que es obligatorio para todos los servicios públicos relacionados , son los siguientes :
1.- Si una zona determinada no se encuentra regida por una norma urbanÃstica de altura máxima, en ella no es posible aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua, toda vez que, por definición, este sistema requiere de aquella. A la luz de los anterior se deben paralizar las obras de los edificios todavÃa en construcción.
2.- En los casos de permisos de edificación con agrupamiento continuo, otorgados en base de anteproyectos cursados por la DOM con anterioridad a la circular DDU 313 del 16/05/16 de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, referida al mismo vicio, todos ellos fueron emitidos contraviniendo la normativa aplicable, por lo tanto corresponde aplicar el artÃculo 53º de la Ley Nº 19.880 sobre la invalidación administrativa de los actos anómalos.
3.- Dado que el Seremi de Vivienda y Urbanismo ya le habÃa pedido a la ContralorÃa que se iniciara un sumario administrativo en la DOM de Estación Central, por su comportamiento rebelde, el contralor conmina al alcalde Delgado en orden a que se realice a la brevedad ese sumario, haciendo efectivas las eventuales responsabilidades funcionarias involucradas. Por lo tanto y es lo lógico, habrá un procedimiento disciplinario en contra de los funcionarios dÃscolos.  A raÃz de esto, sabemos que el arquitecto titular de la DOM fue trasladado a otra función municipal y en su lugar asumió una arquitecta que, según sabemos, es bastante competente.
No sabemos si se han levantado los 75 guetos verticales que cuentan con permisos de edificación ilegales, pero como muchos de ellos ya cuentan con recepciones finales y por lo tanto sus departamentos ya están habitados por particulares que los compraron de buena fe, más todavÃa al saber que en Chile no se demuelen los edificios ilegales, a pesar de que la ley asà lo establece, se tendrá que buscar la fórmula idónea y justa para evitar que los millonarios lucros obtenidos por los inversionistas estén libres de contraprestaciones a favor de los perjudicados, criterio que hacÃamos valer en nuestras entrevistas con la CCHC y con el CNDU.
Está claro que en los próximos dÃas los inversionistas tendrán que interponer recursos de protección en contra del ente fiscalizador y quién alegará en los tribunales por cuenta de la ContralorÃa será el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y obviamente Defendamos la Ciudad, con el Estudio JurÃdico Osorio Vargas, se hará parte en el juicio como tercero coadyuvante. Y allà en estrados nos veremos las caras.Nuestra propuestaÂ
 En términos gruesos, si las torres tienen entre 300 y 900 departamentos cada una y las edificadas son 60, aunque podrÃan ser más, con precios de venta globales en el mercado ascendentes a los US$ 2.000 millones, con utilidades aproximadas de US$ 500 millones, se podrÃa pensar que un porcentaje de esta cifra, un 30% a modo de ejemplo, es decir US$ 150 millones, sea aportada a los sin voz de esa comuna, por todos quienes han aumentado sus patrimonios a través de falsedades municipales.
Con esos US$ 150 millones a favor de la comunidad de Estación Central se deberÃan construir consultorios, comisarÃas para Carabineros y la PDI, espacios deportivos, casas de reposo de calidad, centros culturales y todo tipo de equipamientos públicos que mejoren la calidad de vida de las miles de familias que se han resistido a vender sus casas de uno y dos pisos a las voraces inmobiliarias.
Naturalmente esa suma de dinero no deberÃa ser administrada por la municipalidad de Estación Central por ser ésta de alto riesgo, sino por una comisión pública-privada que sepa rendir cuentas, la que podrÃa estar afincada en el gobierno regional metropolitano de Santiago o en la CNDU y cuyos integrantes deben ser personas reconocidamente probas. En todo caso para posibilitar este resarcimiento, por parte de quienes lucraron sin causa, el CDE y la ContralorÃa tendrán la última palabra.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.