Unas 800 personas, principalmente hombres, iniciaron la mañana de este martes en México la caminata que los separa de la ciudad de Mexicali con Tijuana donde esperan ingresar a territorio de los Estados Unidos.
El trayecto es de unos 180 kilómetros y el trayecto está marcado por manifestaciones en la ciudad fronteriza de algunos grupos que se oponen a la presencia de los centroamericanos a quienes piden que las autoridades mexicanas deporten a sus naciones de origen, principalmente Honduras.
El grupo inició el camino con gritos de “¡Viva México!” y agitando banderas de este país que los ha recibido en diferentes ciudades en las últimas semanas desde que ingresaron por el sureño estado de Chiapas.
En Ciudad de México se concentraron en un recinto deportivo, mientras que decenas de personas accedieron al ofrecimiento del gobierno federal de aceptar solicitudes de asilo, aunque cientos decidieron continuar el largo trayecto que los separaba de la frontera con Estados Unidos.
En tanto, un juez de San Francisco bloqueó con una orden temporal la decisión vía decreto impuesta a principios de este mes por el Presidente norteamericano, Donald Trump, donde se determinaba la deportación automática de quienes ingresen al país por pasos no habilitados.
John Tigar, magistrado de distrito, accedió a una petición de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) que afirma que la ley estipula que se debe garantizar el asilo a cualquiera que entre en el país, independiente de si lo hace legal o ilegalmente.
Sin embargo, la administración de Trump sostiene que tiene el poder exclusivo de frenar la inmigración en pos de la seguridad nacional. De hecho, el Departamento de Seguridad Interior sostuvo que la aplicación de las nuevas disposiciones se debía al “abuso histórico e inigualable de nuestro sistema de inmigración” en la frontera con México.
Por su parte, el Departamento de Justicia indicó que seguirá defendiendo el decreto de la Casa Blanca a pesar de lo que calificó como “absurda” decisión del juez de San Francisco.
“Pretendemos continuar defendiendo la práctica legítima y lógica del Ejecutivo para abordar la crisis en nuestra frontera sur”, señaló la entidad a través de un comunicado.
