A la ilegitimidad de origen de las instituciones del Estado de Chile -que son el fruto de una Constitución Política que impuso la dictadura-, se añade su corrupción generalizada. Las Fuerzas Armadas y Carabineros, soportes armados del Estado, encabezan el listado de instituciones corruptas. Pero la fila es larga y abarca a organismos de gobierno, al Parlamento, los tribunales, las municipalidades, etc.
A pesar de su desprestigio la institucionalidad se mantiene en pie por ausencia de una alternativa popular que la desafíe y plantee los cambios democráticos que Chile necesita. Sin embargo, construir esa alternativa demanda un esfuerzo -y correr riesgos- que la clase política no está dispuesta a asumir. Levantar desde la base social un movimiento por el cambio, no se aviene con partidos que hacen del Parlamento –y lo mediático- el principal escenario de su actividad. El sometimiento a la institucionalidad heredada y el haber hecho suyo el modelo de economía de mercado, derivó en la delicuescencia de partidos que ayer fueron de masas como representantes de las clases trabajadoras pero que hoy están en vías de extinción.
Los sectores opositores a la dictadura prometieron impulsar un proceso social y político para convocar a una Asamblea Constituyente que pusiera fin definitivo a la a aquel periodo. Pero ese compromiso quedó tirado en el camino con muchas otras promesas. Esa traición impidió cerrar el ciclo dictatorial. En definitiva, la obra de la dictadura se ha prolongado otros 30 años con antifaz de democracia.
El pueblo, desinformado por los medios y cautivado por los vahos del consumismo, solo expresa su descontento y desengaño en forma pasiva y dispersa. La indiferencia política y la abstención electoral son expresiones de esa protesta silenciosa. Pero la apatía ciudadana no amenaza la estabilidad del sistema. Por el contrario, ayuda a domesticar las conciencias y adormece el espíritu de lucha del pueblo.
El despotismo no solo implantó la economía de mercado. También taladró los cimientos de una cultura popular que se apoyaba en la solidaridad social. Esa cultura fue reemplazada por una que se basa en la exaltación del individualismo y en la resignación de los rehenes del endeudamiento y de la precariedad del trabajo. Luchar por cambiar esta realidad demanda una revolución cultural. Una tarea de profundo significado social y político. Es en el terreno de las ideas donde la Izquierda sufrió su peor derrota.
La dictadura realizó una revolución, quizás la más profunda y regresiva de la historia nacional. Cambió los ejes económicos, políticos, sociales y culturales de la república. En los hechos creó un país diferente cuyo destino es alimentar –hasta el agotamiento- la economía mundial con riquezas naturales y mano de obra barata. El derrotero histórico de Chile que avanzaba a su plena soberanía e independencia fue clausurado en forma violenta en 1973. La industrialización y diversificación de exportaciones, la minería nacionalizada, la reforma agraria, la banca estatizada, los salarios, pensiones y viviendas dignas, la salud y educación pública, etc., fueron borrados de un plumazo. Chile pasó a manos de una oligarquía plutocrática que esquilma al país con la complicidad de distintos sectores políticos. Los 18 millones de chilenos estamos sometidos al gobierno de una minoría que impone la resignación de los derrotados.
Sin embargo, la mercantilización de las relaciones sociales y la destrucción de la solidaridad social, generó la corrupción de las instituciones. El neoliberalismo produce el delirio del enriquecimiento sin límites. Todos quieren tener más, sin importar cómo. Las personas valen por lo que tienen, no por lo que son. Paradigmas de esta época no son estadistas, científicos o filósofos. Son personajes como Jeff Bezos, fundador de Amazon, cuya fortuna supera los 112 mil millones de dólares. La política capitalista de destripar el planeta en que vivimos, produce el cáncer de la corrupción que hace estragos en América Latina.
Lo que no estaba previsto por los actores de este periodo es que las instituciones traen en su seno la semilla de la descomposición moral que caracterizó a sus autores. Caso relevante es el ejército de Chile cuya corrupción sorprendería si no conociéramos la escuela del latrocinio de Pinochet (1).
Con una institucionalidad agusanada por la corrupción –pero que no se desplomará por si sola-, es urgente iniciar la recomposición de fuerzas del campo popular. Los movimientos sociales corren el riesgo de agotar sus movilizaciones si no se orientan a crear el instrumento político que permita alcanzar el poder. Hay que trabajar en la base social un programa mínimo que recoja las demandas más importantes de trabajadores, pensionados, mujeres, estudiantes, pueblo mapuche, defensores del medio ambiente, etc. El combate a la droga –que en Chile se ha convertido en un flagelo social vinculado a la corrupción de policías y tribunales- debería ocupar un lugar destacado en el programa unificador.
En esa tarea tenemos enorme retraso.
La institucionalidad está resquebrajada. Es el tiempo de la alternativa popular. Su ausencia deja el campo libre a la aventura y a la demagogia.
(1) Los tribunales han comprobado –hasta ahora- que Pinochet amasó en forma ilícita una fortuna de 18 millones de dólares.
