Diecisiete años han pasado desde que se impulsó el Plan de Intervención en la Legua Emergencia. Una política estatal que hasta la fecha no ha sido efectiva respecto de la contención de la violencia y el narcotráfico como se planteó desde un comienzo.

Es más, la medida, que involucra a todos los gobiernos desde el 2001 en adelante, no ha hecho más que exacerbar y perpetuar un patrón de violencia ejercida no sólo por las bandas delictuales, sino que también, como reconocen varios actores de la población, de las policías.

Así lo expone el informe anual de derechos humanos de la Universidad Diego Portales de 2017, en donde en su capítulo sexto, Las fallas en el control de la acción policial: el caso de la violencia policial en la población La Legua se señala categóricamente que “un plan basado en la presencia policial no ha demostrado ser capaz de solucionar el problema que motivó la intervención en sus inicios”.

Además, se aconseja que “de persistirse en la idea de mantener algún plan de seguridad respecto de la población La Legua, este debiese responder a objetivos claros, siendo imperativa la participación de los y las habitantes del sector en su definición, así como una rendición de cuentas periódica de los resultados”.

Lo cierto es que hasta la fecha no está claro quién ejerce una supervisación y vigilancia de estas instituciones que utilizan la violencia a nombre del Estado. Desde el Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, han recibido desde 2006 decenas de denuncias de violencia policial en donde la mayoría de los casos involucran a funcionarios de Carabineros.

El presidente de la entidad, Paulo Álvarez, relata que “Carabineros actúa de la forma más déspota que tú te puedas imaginar (…) es tan violento, es tan delictivo su hacer, que nosotros estamos pensando que se trata de personas que vienen absolutamente drogadas. No recuerdo en este último mes por ejemplo que haya habido un día sin balas, y la presencia de Carabineros está las 24 horas del día”.

El vecino de la Legua detalla que los balazos, allanamientos irregulares, controles de detención arbitrarios, violencia física y psicológica ejercida hacia personas que nada tienen que ver con situaciones delictuales, son pan de cada día.

“Existe un patrón de violencia por parte de las policías que habla de allanamientos que no tienen nada que ver con los hechos que se le imputan, estamos hablando de controles de identidad vejatorios, humillantes para la gente con desnudos en la vía pública y manoseos hacia mujeres y robos, mucho robo de parte de Carabineros y la Policía cuando ellos quieren, cuando se les antoja, entran a alguna casa robándole dinero a las personas. Nosotros hemos tenido este año solamente por lo menos unas diez acusaciones por robo”.

La última de estas actuaciones tuvo lugar el pasado 12 de noviembre en donde -según relatan personas que estuvieron en el lugar- efectivos de Carabineros, en medio de una persecución, irrumpieron en la casa de una familia, y ante la negativa de los pobladores de dejarles ingresar sin orden judicial, habrían roseado de gas pimienta y golpeado sin distinción a los integrantes de la misma, entre ellos una niña de 7 años y una mujer embarazada.

Katia Tudela, doctora del Consultorio de la Legua, relata cómo vivió las horas posteriores a este suceso. Asegura que hay una violencia constante que se ve en el día a día. “Uno trata de hacer muchas cosas, pero avanzas un paso y retrocedes tres”, lamenta.

“Ese mismo día del allanamiento nosotros estábamos trabajando y ellos recurren como primer centro de atención al nuestro(…) pero después (de brindarle los primeros auxilios) te pones a pensar en cómo le afectó a la señora que estaba en su casa tranquila el hecho de saber que Carabineros llega a tu casa e irrumpe, te rompe la puerta, agarran a tu hija y de repente se la llevan presa junto a la pareja de tu hija que estaba recién operado del corazón, cómo le tiran gases en la cara a la gente, entonces te pones a pensar en cómo van a quedar los niños que presencian esa situación, los adultos mayores que no están metidos en nada y tienen que vivir ese nivel de violencia”.

El operativo policial dejó a una joven futbolista de 22 años detenida. Quinny Jeréz, habría sido, según el relato de cercanos, amedrentada y denigrada durante horas, para luego quedar privada de libertad, por una agresión a Carabineros, que asegura, no cometió.

En conversación con este medio su hermana, Vanessa, expresó su aflicción e impotencia frente a este hecho el que califica como una pesadilla para su familia.

“Como familia estamos desesperados. Nosotros fuimos donde estaba Piñera y Chadwick y con carteles fuimos y le reclamamos porque Chadwick le dijo a mi hermana que era una delincuente, sin saber, sin ver sus antecedentes, nada. Este proceso ha sido horrible, horrible, es una pesadilla que queremos solamente despertar”.

Desde carabineros descartaron las agresiones sufridas tanto por la mujer embarazada como por la menor de edad. Aseguraron que dichas prácticas no están dentro de sus protocolos y que la joven detenida fue llevada a constatar lesiones , añadiendo que todos los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Un largo historial de violencia

Durante 2015 hubo dos casos que se ajustaron a esta descripción y que fueron denunciadas por el Comité de derechos humanos de La Legua. Uno de ellos, fue objeto de un recurso de amparo presentado en contra de Carabineros por la realización de un allanamiento a una vivienda, sin contar con la debida autorización judicial. En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió la acción cautelar.

En el fallo, se sostiene que “el domicilio de la amparada fue allanado por personal policial, lo que es demostrativo de la existencia de una actuación intrusiva que afectó, con violencia, su libertad personal y seguridad individual, sin que hasta la fecha Carabineros de Chile haya dado una explicación satisfactoria y coherente acerca de sus motivaciones para entrar al inmueble, no informada en el Oficio N° 150 de siete de enero de 2015, registrar la propiedad e incautar dinero, nada de lo cual parece estar en conocimiento del Ministerio Público, como se desprende de lo informado por el Fiscal Regional a fojas 44″.

A éstos, se suman varios hechos similares ocurridos durante los últimos años, según aseguran vecinos de la Legua. Uno de ellos, ocurrió en septiembre de 2017 en donde funcionarios policiales habrían irrumpido en la casa de una pobladora de iniciales AN. Luego de romper la puerta de su domicilio, habrían interrogado a los moradores con amenazas e insultos, todo ello frente a dos menores de 2 y 9 años de edad. Posteriormente, habrían sustraído dinero que la familia tenía ahorrado y habrían obligado a firmar una declaración en la que aseguraban que la cantidad incautada era considerablemente menor al dinero requisado.

Unos 4 mil pobladores residen actualmente en el sector denominado como “Legua Emergencia”. Una zona altamente estigmatizada y que, desde sus orígenes ha estado marcada por la marginación social y la exclusión de sus habitantes.

Pero la emblemática población santiaguina también tiene una historia que se vincula con la movilización social y la férrea resistencia a la dictadura cívico-militar. Una característica que de a poco se ha ido desdibujando debido a, por un lado, la acción delictual que no ha retrocedido, y por otro, la violencia ejercida a manos del Estado a través de las policías.

Para Paulo Álvarez, “el narcotráfico actúa donde no actúa el Estado. Actúa de una forma más concreta, fraterna, solidaria, directa y eficaz que lo que puede hacer el Estado que se caracteriza por una relación punitiva con el espacio”.

En ese escenario, cuenta el vecino de La Legua, “las personas humildes, sencillas, trabajadores quedan en medio, sin ningún tipo capacidad de defensa y eso lleva al malestar colectivo, al desahucio social y a la desesperanza, en un lugar que se caracterizó históricamente por tener vínculo con una utopía. Toda esta trama, hizo pedazos lo que ya se venía rompiendo durante la dictadura”. asegura.