Algunos la sitúan como parte de un modelo de sociedad ¿Cuánto recaudan los Estados y dónde provienen esos recursos? son algunas de las preguntas que intenta responder la justicia fiscal.
Descrita por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe como una corriente de pensamiento político, económico y social favorable a la creación de “un sistema de derechos y obligaciones equilibrado, donde la recaudación de recursos sea progresiva, equitativa, y transparente y donde se asegure el financiamiento de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas, logrando altos niveles de equidad socioeconómica en armonía con el medio ambiente”, hoy cuenta con un número cada vez más importante de seguidores, entre los que se destacan actores, organizaciones y activistas de la sociedad civil.
De visita en Chile, los investigadores Jorge Coronado y Adrián Falco conversaron en Radio Universidad de Chile sobre los alcances del concepto, sus objetivos y metas, además de la forma en que su aplicación podría ayudar a solucionar uno de los mayores problemas de la región: el de la desigualdad.
Falco, argentino y coordinador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, explica que en la base del modelo está el pedir que cada uno pague lo justo: “El que las transnacionales paguen lo justo. El que las empresas que viven en nuestros países que, muchas veces, depredan nuestro medio ambiente y luego se van, evadiendo y llevando las ganancias a paraísos fiscales”, lo que puede ser recobrado y utilizado en salud, educación, derechos sociales y otros ámbitos, evitando que las transnacionales se lleven más de lo que aporten.
Jorge Coronado, sociólogo y miembro de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD), pone como ejemplo la situación de Costa Rica. “Yo vengo de un país campeón en desregulación, apertura comercial. Cuando uno mira los indicadores sociales, te das cuenta que no todos se benefician (de dicha apertura) ¿Cuál es el problema? Hay apertura, hay inversión extranjera directa, pero potenciada en el sector servicios, por ejemplo, donde está comprobado que no se estimula la creación de empleos de forma intensiva. Lamentablemente, entonces, toda esa inversión que se quiere atraer con privilegios, exoneraciones, ganancias sin gravar, no repercute en nada al interior del país. Muestra de ello es que las zonas francas en Costa Rica representan menos del 3 por ciento de todo el empleo generado en el país, pero en materia de incentivos fiscales representa casi un 2 por ciento del PIB, lo que económicamente es monstruoso”.
Con la explicación se explicita la primera asimetría: las trasnacionales no aportan significativamente en el empleo de un país ¿Qué pasa en el marco tributario? Coronado detalla que “en términos tributarios venimos haciendo estudios de lo que llamamos carrera a la baja, donde los países compiten por garantizar a los inversionistas a través de menos controles, menos regulación, no cobrar impuestos. Incluso, en algunos países, ofrecen poder burlar legislación laboral y ambiental, carrera que tiene un impacto: los Estados que no tienen cómo financiarse, además del deterioro del servicio público”.
El problema, agregan, es que para instalar el concepto de justicia fiscal se deben derribar mitos y re-analizar conceptos, por ejemplo, el de la competitividad. Puesto en el contexto chileno, dice Adrián Falco, es volver a mirar noticias como cuando nos anuncian que “Chile reduce aranceles para volverse más competitivo. A primera vista, uno podría decir ¡qué bueno!, sin pensar que dentro de la competitividad están también los salarios, entonces, al asegurar mayor competitividad, implícitamente, para un sector del empresariado, esto significa bajar salarios o no pagar cargas sociales”.
En un estudio elaborado por LATINDADD se ve que los grandes capitales, las mega corporaciones que toman el mundo por asalto, identifican un país y ya tienen claro qué impuestos va a pagar y cuáles no. En ese sentido, añade Falco, el que un gobierno, como el chileno, les de estos beneficios tributarios termina siendo “casi un regalo” para estas empresas.
En ocasiones, algunos miembros del mundo político también forman parte del lobby que se levanta para beneficiar a estos capitales sosteniendo ideas como que los impuestos que se cobran en los países van en contra de la inversión o de las pequeñas y medianas empresas locales. Eso, a juicio de los investigadores, es otra de las mentiras con las que las transnacionales se buscan beneficiar. “Cuando uno analiza el gasto tributario respecto del producto se da cuenta que el gasto que hacen nuestros países, cediendo parte de su recaudación a las empresas transnacionales, es lo mismo que podían haber invertido en educación, salud o planes de empleo”.
Círculos perversos: los Tratados de Libre Comercio y sus costos
Subtítulo aparte es lo que ocurre con los conocidos TLC, famosos por ser anunciados como portadores de las más diversas bondades para los países a la hora de ser firmados, pero ¿cuál es el costo de las desgravaciones arancelarias vía tratados de libre comercio?
Jorge Coronado es claro al respecto: “Estos son recursos que se dejan de percibir. En Costa Rica, por este concepto, dejamos de percibir cerca de un 3 por ciento del P.I.B. ¿Cómo se llenan esos recursos que ya no recibe el Estado? Hay que hacerlo por vías tales como gravar más impuestos al consumo o con deuda externa, este último uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, puesto que nos empobrece al dilapidar los recursos en función de endeudamiento que no siempre viene en las mejores condiciones”.
Para Coronado los TLC han constituido verdaderos “círculos perversos de esta propuesta neoliberal en aras de la competitividad, eficacia y la inserción en la economía internacional. Con esta fórmula, cada vez vemos que América Latina es el continente más desigual del planeta, la pobreza no disminuye y los excluidos crecen ¡Hay una relación directa entre ambas cosas! El tema fiscal es la mejor herramienta redistributiva, pero hoy nos damos cuenta que en materia fiscal quienes más pagan impuestos son los sectores pobres y medios. El 60 por ciento de lo que se recauda en la región es vía impuestos al consumo, no a la renta, no a las herencias, no a las ganancias, no al patrimonio”.
Las organizaciones que trabajan con el concepto de justicia fiscal como un modelo para superar la desigualdad, lo que buscan, entonces, es transparentar la narrativa oficial, esa que habla de un sistema, pero que está bien armado por y para los beneficiados de siempre.
“Cuando cuestionamos los TLC no es que estamos en contra de los acuerdos o del comercio. Estamos en contra de la lógica de los TLC que no es para intercambiar en comercio sino para beneficiar a los grandes capitales. En materia fiscal decimos que no es que queremos perseguir a los que más tienen, sino que debemos contribuir de acuerdo a la capacidad de pago que cada quien tiene. En cambio, lo que tenemos en un sistema que, donde esos que más tienen, tienen todos los caminos para los beneficios tributarios. Lo que decimos es que es un sistema hecho para favorecer a estas élites y que no podemos seguir por este camino”, explica el sociólogo y experto en economía política.
Ejemplos mundiales
Lo planteado para Latinoamérica es un modelo que en otras latitudes se ha usado para redistribuir el ingreso.
Por ello, desde la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, Adrián Falco habla de un primer paso a construir en la región: “Hay que salir de la lógica primario exportadora que tenemos los países, principalmente del sur del continente. Para industrializarnos, que es la salida a lo anterior, se necesitan capitales” ¿Cuáles? “A las transnacionales no le interesa la industrialización de Argentina o de Chile, a ellos les interesan las ganancias que están, en el caso de los ejemplos, en la minería. Entonces, el rol fundamental lo tiene el Estado. Es el Estado el encargado de decirle a las empresas ´de esta parte para acá, es mío y con este dinero voy a industrializar´…”.
La idea propuesta es fortalecer el mercado interno como una herramienta política. “Las pequeñas y medianas empresas son las que generan el empleo y permiten circulación de dinero y bienes para fortalecer a las capas bajas y medias”, dice Falco, quien agrega que, en el fondo de todo esto lo que subyace es una disputa de clases. “No es una cuestión de negocios, es de clase. En esa discusión debemos fortalecer nuestras bases sumando obreros, académicos, estudiantes, medios de comunicación para que continuemos con el debate, entendiendo que se trata de una lucha de estas características que trata de poner el Estado de Bienestar por sobre los negocios, por sobre los TLC”.
Volviendo a la definición, sentencian los expertos, la justicia tributaria no es más que poner en primer lugar a las personas, delante de los negocios y los acuerdos económicos.
