El Ministerio de Minería, junto con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), han anunciado un convenio para que los nuevos proyectos mineros opten por encargarse de desechos y así intentar compensar las emisiones nocivas para el medio ambiente y la salud de comunidades aledañas.

El plan intentará dar solución a 37 antiguos depósitos abandonados por las compañías sin que, hasta el momento, una ley los obligue a responsabilizarse del posterior manejo, principalmente tranques o cerros de acopio de material nocivo.

Para la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, la propuesta del Ejecutivo representa una iniciativa llamativa, pero que finalmente no resuelve el problema de fondo.

Precisó que existe una ley que apunta al correcto cierre de faenas, vigente desde el año 2012, sin embargo, no reconoce -en la mayoría de los casos- una titularidad sobre quién es el responsable de dejar un sitio contaminado y completamente abandonado.

“Desde nuestra perspectiva, lo que tiene que haber acá es la incorporación de un título a la Ley sobre cierre y abandono de faenas mineras. Establecer pasivos ambientales mineros de aquellas faenas o acopios que hayan sido abandonados y que esté en vigencia la concesión sobre aquellas áreas. Y eso tú lo puedes hacer porque en el fondo tú reconoces la responsabilidad sobre el titular de un sitio que está contaminado. Entonces corresponde a un pasivo ambiental que no es de todos los chilenos, sino que de la empresa que hizo el negocio en dicho lugar”, afirmó.

Aunque el plan gubernamental cubre solo 37 relaves abandonados, existen, según Sernageomin, cerca de 800 sitios que se concentran, principalmente, en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Metropolitana.

Para la directora ejecutiva de la fundación Terram, Flavia Liberona, Chile debe tener una ley de pasivo ambiental que no solamente cubra el tema de relaves, sino que también los desechos de diverso tipo dejados en los territorios donde se realizan faenas extractivistas.

“Es importante tener una ley de pasivos ambientales, porque existe una parte de la historia donde el Estado puede hacer que las empresas que aun funcionan se hagan cargo del problema, y otra parte donde, derechamente, la administración central se tiene que hacer cargo, porque las empresas ya no existen, no se sabe quiénes eran los dueños, etcétera. A esto hay que unirle la peligrosidad de estos tranques o acopios, la cantidad de compuestos tóxicos que contienen, ya que actualmente la información es escasa, y eso hay que cruzarlo con el factor cercanía a la población”, argumentó.

Para el director del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC), Javier Ruiz del Solar, Chile es el tercer país con más relaves en el mundo, además, la cantidad de estos emplazamientos se encuentra en constante aumento.

El representante del Centro dependiente de la Universidad de Chile precisó que, eventualmente, se espera duplicar el número de acopios de este tipo al año 2035.

“La normativa en Chile está un poco al debe. Lo que se ha producido en el último tiempo, todos nos hemos dado cuenta, es que se tienen que subir los estándares en el tema ambiental, por eso la regla se ha ido adecuando y las empresas mineras también se han ido ajustando a cumplir con esta normativa. En general lo que uno ve en todo el mundo, no solo en Chile, es que, lamentablemente, las empresas hacen lo que versa la ley”, subrayó.

Ruiz del Solar destacó iniciativas en que AMTC forma parte, como el Programa Tranque de Fundación Chile, y alianzas público- privadas, que buscan lidiar con el problema de los relaves sin tener que esperar a que el Estado haga exigencias a las empresas ni que se modifique la normativa.

La regla ambiental actual data del año 2012, e indica que para su cumplimiento requiere monitoreo y fiscalización por parte de organismos del Estado, lo que ha significado que de los cerca de mil relaves o pasivos ambientales que existen en el país, la mayoría no tenga sanción alguna.

Recién el año 2015 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) culminó solo dos procesos sobre mal manejo de residuos en centros de acopio, que en la práctica se tradujeron en multas a las mineras El Toqui en Aysén y a Codelco-El Teniente, en la región de O’Higgins.

Hoy, la SMA indaga otros siete casos de supuestas irregularidades en relaves, iniciados entre 2017 y 2018, que corresponden a Minera El Reloj; Minera del Pacífico; Collahuasi; Enami y Cerro Negro; Minera Pimentón y Sociedad de Exploración (mina Cardenilla).