Ha pasado tan solo una semana del 2019 y ya se han registrado seis asesinatos de líderes sociales en Colombia.
Cinco hombres y una mujer han muerto este año, prácticamente uno por día, en una oleada de violencia que se ha intensificado después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
Carlos Guevara, activista de Derechos Humanos en Colombia, explicó que el cierre de los acuerdos de paz alcanzados en La Habana, generó otras situaciones.
“La finalización del conflicto con las FARC generó otras situaciones mucho más complejas en los territorios, que hicieron evidente que los líderes sociales fueran cada vez más blanco de ataques, y en este caso víctimas de asesinato o de homicidio, por estar un poco involucrados, en la gran mayoría de casos, en temas relacionados con el acuerdo”, dijo Guevara.
Precisamente, los casos de Maritza Quiroz, delegada de su comunidad de Magdalena en el Plan de Acción para la Transformación Regional, y de Jesús Adier, presidente de la Junta de Acción Comunal de Caicedonia en el Valle del Cauca; quienes fueron asesinados a tiros, responderían a sus labores como ejecutores de resoluciones del Acuerdo de Paz.
(Maritza Quiroz, lideresa social de Santa Marta. Fue asesinada el pasado 5 de enero)
“Quienes están asesinando a éstos líderes sociales, quieren frustar la implementación del Acuerdo de Paz. Estos son asesinatos en contra de la paz en Colombia. Las personas que están asesinando tienen el perfil de Maritza Quiroz, es decir, personas que han asumido la conducción de procesos que tienen que ver con el acuerdo de paz y su implementación”, estima el senador colombiano Iván Cepeda.
Desde la firma del acuerdo de paz entre gobierno y FARC, se han registrado 454 casos de asesinatos de líderes sociales, de los cuales se han verificado 163, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
Carlos Guevara comenta que aunque se ha avanzado, siguen siendo “muy precarias” las acciones a nivel territorial.
“Hay que estar a la expectativa de que todas esas políticas y normas derivadas del acuerdo tengan recursos para poder ser implementadas, y sobre todo que las autoridades locales y regionales se articulen con las autoridades nacionales para echar a andar esos planes de prevención, para evitar llegar a estas muertes y que se pueda atender a cientos de defensores de Derechos Humanos que han denunciado amenazas y que hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta”, señaló.
El gobierno colombiano propuso implementar un sistema de recompensas por cualquier información respecto de los responsables de estas muertes. Además, se ha dispuesto un “plan urgente de intervención” por parte del Ministerio de Defensa colombiano, para las zonas más afectadas por los crímenes, estableciéndose como prioridad la seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
