La próxima semana comenzarán las reuniones entre representantes de la Comisión de Hacienda de la oposición con el ministro del ramo, Felipe Larraín, en torno al proyecto de ley de reforma tributaria impulsado por el Ejecutivo.
La idea de las conversaciones es discutir aquellos puntos que han causado rechazo entre los parlamentarios no oficialistas, mismos que este miércoles dieron a conocer un documento de acuerdo donde plasman materias de base o “condiciones” para comenzar a tratar la prenormativa.
Son ocho principios, de los cuales destacan el que la propuesta no sea regresiva, es decir, que los que paguen más no sean los que tienen menos; que la reforma no reduzca la recaudación fiscal debido a una eventual exención de impuestos a las grandes compañías; que no se debilite las facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el combate contra la evasión o elusión; y mejorar el sistema para la Pymes, entre otros.
Al respecto, el diputado independiente Pepe Auth, integrante de la Comisión de Hacienda, no descartó que este mes se apruebe la idea de legislar, sin embargo, condicionó esta posibilidad a que el Ejecutivo acoja las medidas que, para él, van al fondo del asunto.
“Nosotros no tenemos obsesión con los mecanismos, tenemos obsesión con los objetivos. Queremos una reforma que mantenga o aumente los recursos para políticas sociales, y queremos una modificación que mantenga o profundice la progresividad del sistema”, afirmó.
El sistema integrado es una de las principales piedras de tope dentro de la discusión. Esto consiste, a grueso modo, en que los empresarios más acaudalados no pagarán impuestos personales de su bolsillo, sino que saldrán directamente de la compañía. Además, el fisco devuelve parte de lo que ha pagado la firma, una especie de crédito o deducción contra los gravámenes finales asumidos por socios y accionistas.
El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, Alejandro Santana, defendió el proyecto de reforma tributaria del Gobierno. Calificó como “un egoísmo brutal” no avanzar en una propuesta que, según él, significará más crecimiento y mayor generación de empleos.
“Nosotros tenemos que incentivar la inversión. Yo creo que la confianza, importante en cualquier tema económico, es creer, apostar, invertir y generar negocios, se ha logrado mejorar de manera relevante. Pero eso no es suficiente, necesitamos de instrumentos, y esos son muchas veces de carácter legislativo. Eso es el sistema de modernización tributaria”, argumentó.
Recordemos que el gran empresariado agrupado en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) manifestó recientemente su molestia ante un eventual retraso en la votación de la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria.
Desde la CPC advirtieron que, de dilatar la discusión para marzo, significaría un impacto negativo en las expectativas de crecimiento económico del país.
El presidente de la instancia, Alfonso Swett, propuso reducir los tributos a las empresas y, por contrapartida, subir al doble el impuesto planteado por La Moneda a las plataformas digitales como Netflix y Uber, entre otros.
El extesorero General de la República y miembro del equipo técnico del Partido Socialista, Hernán Frigolett, criticó la idea.
“Que le devuelvan impuestos a los empresarios, quienes tienen las mayores rentas del país, y que eso sea transferido, financiado por la vía electrónica de reducir la evasión, me parece totalmente injusto. Además de pretender de que te devuelvan impuestos, sumado a que la base tributable de las empresas disminuya, incrementando por gasto de responsabilidad social, por las compensaciones que tienen que hacer a las comunidades por los efectos nocivos que causa la instalación de producciones en su entorno, peor aún. Entonces, no entiendo cuál es la visión social que está detrás de la propuesta de la CPC”, subrayó.
Otra de las críticas que se hace al proyecto de ley de reforma tributaria es que beneficiaría solo a algunas de las pequeñas y medianas empresas. Para los parlamentarios de oposición, la idea de Gobierno no establece con claridad cuáles de ellas van a ser favorecidas.