La política de financiamiento universitario actual considera a la educación como un producto y a las universidades como proveedoras de servicios que deben competir en el mercado, sin hacer distinciones en cuanto a su propiedad o misión. Es así como se ha producido en las últimas décadas una expansión del sistema de educación superior privado como resultado en gran medida del incentivo estatal. Esta política ha ido en abierto detrimento del financiamiento a las Universidades Estatales, y en sus objetivos no se observa una real preocupación por un modelo estratégico de desarrollo universitario para el país. Además, ésta tiende a mantener una segregación de acuerdo a la condición social de los y las estudiantes y ha demostrado ser incapaz de responder a la confianza pública mediante la entrega de un “servicio” con cierta certificación de calidad.
Si bien la aplicación de la reciente política de gratuidad ha significado un avance en ampliar la composición socioeconómica de la matrícula de nuestra Universidad, su financiamiento vía voucher (financiamiento a la demanda) solo se relaciona con una de sus misiones, la formación, pero no da cuenta, al mediano y largo plazo, del problema del financiamiento de las otras misiones de las Universidades del Estado.
Es evidente la necesidad de financiamiento de las Universidades Estatales por cuanto tienen como norte el desarrollo estratégico del país mediante la docencia de pregrado, postítulo y postgrado, investigación, creación, extensión, sin sesgos de ninguna naturaleza. Para su financiamiento es necesario determinar los costos que involucra mantener y proyectar dichas instituciones, incluyendo a sus plantas de académicas/os y funcionarias/os, así como su infraestructura, y todos los insumos relacionados con su funcionamiento. Con el sistema de financiamiento actualmente instalado, enmarcado en una política económica donde el autofinanciamiento es parte central del “Estado subsidiario”, gran parte de estos costos los pagan, aún al día de hoy, las y los estudiantes. De ello deriva que la discusión sobre el financiamiento ha estado históricamente remitida a los costos y aranceles de cada carrera. Sin embargo, una institución de educación superior que se proyecte estratégicamente, debe incluir otras funciones vinculadas a la investigación en diversos niveles y a la extensión hacia la sociedad. Se suma a lo anterior, la prioridad reciente de avanzar en políticas de inclusión equitativa, que requiere el Chile de hoy, un serio esfuerzo sustentado en recursos humanos y económicos.
Es necesario y urgente cambiar el eje de la discusión en educación superior: de los montos de aranceles y mecanismos de los vouchers, a la discusión sobre los objetivos y las prioridades que, como país, le adjudicamos a las instituciones. Discutir, por ejemplo, la dispersión orgánica y financiera que significa que la docencia sea financiada por un Ministerio, la investigación por otro, la creación artística por un tercero, y la extensión por ninguno.
Es imprescindible que las universidades del Estado -tal como el Poder Judicial, el Ejecutivo, Carabineros, las Fuerzas Armadas, el Congreso y otras instituciones estatales fundamentales de la República- dejen de estar sujetas a los vaivenes del mercado. Es deber del Estado el compromiso real con el desarrollo sustentable y la proyección de sus Universidades a través de la provisión permanente y estable de fondos basales adecuadamente sustentados y responsablemente administrados, para el cumplimiento de la misión estratégica que el país les exige.
