En la vida y las personas cambian, eso se me vino a la mente cuando hace algunos meses y con ocasión del asesinato de una obstetra participé en una reunión de familiares, abogados  y autoridades en el Palacio de La Moneda que presidió el ministro Chadwick.

Su tono, la ponderación de sus juicios lo hacían muy distante del joven de antorcha humeante en Chacarillas o del inquisidor que pidió y obtuvo la proscripción del movimiento Democrático Popular ante el Tribunal Constitucional en 1985.

No me alegra la derecha en el gobierno, pero produce cierta satisfacción ver a ese sector actuando con formas y procedimientos democráticos. Pero eso, en apariencia.

Lamentablemente, para todos,  el ministro ha incurrido en una conducta que sólo puede subsanarse con su renuncia.

Generales de carabineros han señalado públicamente y en la investigación penal que el ministro fue oportuna y detalladamente informado que no había  enfrentamiento armado entre carabineros y mapuche en los hechos que terminaron con el asesinato del joven Catrillanca.

A pesar de ellos el ministro dio una versión de un supuesto enfrentamiento que sólo se explica en un afán de justificar (o encubrir?) el abusivo procedimiento policial.

El derecho y la política tratan de manera muy distinta la verdad y la mentira en el ámbito público y en el privado. Si un particular miente, afectara su credibilidad, sólo si de ello deriva un fraude a otros con un enriquecimiento de su parte el derecho lo sanciona como estafa. En el caso de los funcionarios públicos si ellos mienten en un instrumento público cometen el delito de falsificación ideológica de instrumento público y pueden ir a prisión por ello.

La versión de hechos de connotación policial y política compromete la fe pública y el patrimonio fiscal. Un abogado mínimamente acucioso puede encontrar y probar la responsabilidad del Estado de Chile en encubrir el crimen de Catrillanca y obtener una millonaria reparación patrimonial.

Un ministro del interior al que cualquier ciudadano puede decirle, con evidente fundamento, yo no le creo porque usted miente, esta acabado políticamente.

La decisión del presidente Piñera de mantenerlo en el cargo es un error político mayor. Tarde o temprano el ministro será acusado constitucionalmente. Puede que algunos sectores puedan inhibirse ahora, pero no podrán hacerlo en el futuro cuando la investigación penal arrastre al ministro.

Un ministro del interior formalizado por encubrimiento de homicidio es una bomba atómica en La Moneda. Si el Congreso no lo ha acusado constitucionalmente quedará muy mal, si el Presidente respaldó quedará peor.  Esto puede suceder tarde o temprano, es algo muy evidente. ¿Para qué prolongar la agonía?