El jueves 10 de enero Villa Grimaldi sufrió un nuevo amedrentamiento reivindicado por el “Movimiento Social Patriótico”, después de que en agosto del año pasado el mismo grupo interveniera el frontis de este sitio de memoria acusando que en el lugar se “lucraba” y “adoctrinaba”, una intervención que claramente apuntaba a desprestigiar y atentar contra el comprometido trabajo que realizan directores, trabajadores y funcionarios, y que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional.  Resulta preocupante la particular fijación de este movimiento en Villa Grimaldi y en atacar, de manera infundada y mentirosa, el rol público que asume esta Corporación, el que se hace más relevante en la medida que el Estado no ha sido capaz de formular e implementar una política pública integral sobre Sitios de Memoria.

Cabe también recordar que fue este grupo el que intervino en la marcha por el aborto legal, cuya acción resultó con tres mujeres apuñaladas y que convocó la última marcha contra la comunidad LGTB+ y los derechos sexuales y reproductivos, por lo cual, debería expresarse una alerta frente a la integridad de las personas que trabajan y visitan el sitio, muchas de ellas niños, niñas y jóvenes.

Este ataque se suma al del día 29 de octubre de 2018, en el que la Casa Memoria José Domingo Cañas fue víctima de un atentado donde forzaron y dañaron sus accesos, se destruyeron alarmas y se cortó el suministro eléctrico. En este lugar, declarado Monumento Nacional en 2002, funcionó el Cuartel Ollagüe de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINA) y fue parte del complejo circuito represivo en el que, junto a otros lugares como Londres 38 y Villa Grimaldi, se cometieron actos de tortura, asesinatos y desaparición forzada por parte de funcionarios públicos dedicados a cometer este tipo de atrocidades como una política de Estado.

Los Sitios de Memoria son lugares que han sido testigos de estos graves crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, y por lo mismo, desde su enclave en el espacio público nos interpelan a preguntarnos: ¿Sobre qué principios queremos construir nuestra sociedad? Interpelan a la vez a personas que los visitan, muchas de ellas estudiantes, a preguntarse y reflexionar sobre la importancia del respeto irrestricto a los derechos de las personas, sin importar su condición social, política, racial, étnica, nacional o religiosa.

En línea con lo anterior, a través de diversas actividades de educación, extensión, cultura y difusión, promueven la defensa y el ejercicio de los derechos humanos y de esta forma, una ciudadanía activa con interés en su comunidad y su país. Se trata de aprovechar estos lugares como espacios que promuevan aquello que es diametralmente distinto a lo que atestiguaron en el pasado: el valor de la vida de las personas en todas sus dimensiones, la importancia de la justicia y la verdad como pilares de un Estado de Derecho coherente, la memoria como herramienta para reflexionar sobre nuestro pasado y proyectarlo activamente en el presente; y en definitiva, los derechos humanos como condición irrestricta y fundamental para la construcción de un país democrático.

El Gobierno y otros organismos del Estado deben tomar medidas urgentes, de corto, mediano y largo plazo, para proteger y promover los sitios de memoria, que son lugares patrimoniales y de interés público reconocidos a nivel nacional e internacional. La Comisión Interamericana de DDHH y el Instituto de Políticas Públicas en DDHH del Mercosur han hecho llamados explícitos a los Estados miembros a adoptar medidas de recuperación, resguardo y promoción de estos espacios, reconociendo su valor e importancia para las democracias de la región. Ejemplo de ello es que el Congreso de Uruguay aprobó el año pasado una Ley de Sitios de Memoria que establece políticas públicas en esa dirección, atendiendo a principios como la participación activa de la sociedad civil en su gestión, autonomía, y provisión de recursos para su recuperación, gestión y despliegue de programas y proyectos para el cumplimiento de su misión pública en educación, patrimonio, defensa y promoción de derechos, entre otras.

Ha llegado el momento de que en Chile estemos a la altura de este desafío y desde el Gobierno se presente un plan de medidas urgentes, políticas públicas, y una agenda legislativa para abordar el problema del negacionismo, así como la protección y promoción de los Sitios de Memoria antes que continúen siendo atacados y amedrentados, afectando a las personas y organizaciones que los sostienen, pero también a una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural y democrático.

Valentina Saavedra

Secretaria General de Izquierda Autónoma.

Camila Rojas

Diputada del Frente Amplio, Izquierda Autónoma.

Juan René Maureira

Historiador, grupo de DDHH de Izquierda Autónoma y Fundación Nodo XXI.