La mañana de este martes, la Federación de Estudiantes Secundarios de Marga Marga, junto al abogado Luis Cuello, presentaron en Contraloría un requerimiento para declarar ilegal el toque de queda para menores de 14 años que se implementará en la comuna de Quilpué.

El recurso tiene como objetivo que Contraloría revise el acto administrativo del municipio y se pronuncie frente a este, ya que desde la Federación de Estudiantes acusan que la normativa es ilegal porque vulnera garantías constitucionales.

Luis Cuello, abogado a cargo de este requerimiento, indicó que la atribución que está tomando el alcalde no le corresponde, ya que un municipio no puede restringir de esa forma la libertad de las personas.

“La garantía constitucional que está vulnerada por esta medida es la libertad personal. La libertad personal, de acuerdo a la Constitución y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo puede ser restringida en virtud de la Constitución y de la ley, jamás puede ser restringida por un acto administrativo”, explicó.

Agregó que, incluso, si la ley pretendiera restringir la libertad personal de cualquier persona “esa medida debe ser proporcional y necesaria, y no debe ser discriminatoria y, en este caso, además, estamos en presencia de una medida que es abiertamente discriminatoria y que estigmatiza a un sector de la población”.

El toque de queda para los menores de 14 años comenzará a regir en Quilpué desde marzo y, según la norma, los menores que sean sorprendidos en la calle después de la 01:00 de la madrugada y no se encuentren acompañados por adultos, serán detenidos por Carabineros para ser, posteriormente, llevados a sus casas y entregados a sus padres.

Al respecto, Ignacio Navarro, coordinador de la Federación de Estudiantes Secundarios de Marga Marga, dijo que la solución no debe apuntar a medidas restrictivas, pues lo que se necesita es generar espacios para que los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse.

“Si de verdad se busca proteger los derechos de los niños y de los jóvenes, se abrirían oficinas de prevención a niños y adolescentes y no se cerrarían como lo ha hecho este municipio y otros en Chile. Abriríamos espacios para que se puedan desarrollar, para que puedan crear sus competencias y para cumplir sus sueños, no reprimiendo y multando, que finalmente no soluciona el problema de fondo”, comentó.

El alcalde de Quilpué ha defendido su idea con el argumento de que no quieren ver a jóvenes en las calles ebrios o delinquiendo. Sin embargo, cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaria de Prevención del Delito indican que, en 2018, no se registró ningún hecho delictual cometido por un menor de 14 años, mientras que en 2017 hubo 3, y en 2016 tan solo 2.

Luego de la presentación del requerimiento, el abogado y la Federación de Estudiantes están a la espera de la respuesta que entregará Contraloría, la que esperan, declare ilegal esta medida administrativa y sirva de precedente para que otros municipios descarten replicar la idea.