Municipios como Las Condes, Vitacura y Santiago han invertido millonarios recursos para mejorar su infraestructura vial, especialmente para bicicletas. Sin ir más lejos, la administración de Providencia ha anunciado que serán aproximadamente 6 mil millones de pesos los que se destinarán para la construcción de nuevas ciclovías y dar mejor conectividad entre ellas.

Cantidades impensadas para otras comunas de Santiago o de otras zonas del país, donde sus prioridades de inversión no están para nada enfocada en sus calles, sino que a otros temas que son considerados de mayor necesidad para sus habitantes, reproduciendo una vez más el cuadro de la desigualdad en Chile.

A un poco más de dos meses de la entrada en vigencia de la Ley de Convivencia Vial, iniciativa de origen y gestión ciudadana, ya existen críticas y propuestas al nuevo reglamento.

El investigador del Observatorio de Movilidad de la Universidad Diego Portales, Franco Basso, es tajante. Para él, la ley fue pensada para ser implementada para el sector oriente de la capital y la propia comuna de Santiago.

El experto comentó que, en regiones, debido a la poca infraestructura vial, y las prioridades asumidas por los municipios, la norma es prácticamente desconocida, tomando en cuenta incluso que en varias localidades de provincia el uso de la bicicleta es realmente masivo.

“Considerando la realidad que tienen las distintas comunas, en términos prácticos, esta ley casi no se ha sentido. Sin entregar a los municipios recursos para que puedan implementarla, en realidad, solo sirve para fijar estándares, que son a lo que queremos llegar, sin embargo, su ejecución no tiene mayor importancia”, afirmó.

Una opinión coincidente manifestó el representante de la ONG Educleta, Andrés Santelices.

Comentó que, a la falta de recursos en municipios considerados pobres, se suma la notable carencia sobre la difusión de la Ley de Convivencia Vial en regiones, por parte de las autoridades de Gobierno.

Santelices precisó que, incluso en Santiago, se ha evidenciado un desconocimiento del reglamento desde los propios fiscalizadores. Ejemplos son los partes cursados a ciclistas por no llevar chalecos reflectantes a las tres de la tarde.

“Existe una intención por parte del Estado de hacer valer la fuerza de la ley a los ciclistas, está bien, pero creo que aquí lo que importa son dos cosas, la velocidad máxima que también se redujo en la norma de 60 a 50 no está siendo respetada ni fiscalizada, y lo segundo es que no se está respetando el metro y medio de distancia que exige el reglamento para que los automovilistas adelanten”, argumentó.

Consultado sobre la situación que se vive en regiones, el representante de la ONG aseveró que existe una mejor convivencia vial entre conductores, peatones y ciclistas, en comparación a las situaciones de violencia que suceden diariamente en las calles de la capital.

Para el investigador en Transporte de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, además de la carencia de recursos, en regiones falta un efectivo ordenamiento en las calles de los diferentes medios de traslado existentes.

“Creo que la prioridad en la mayoría de las regiones del país es avanzar hacia un mejor transporte público centralizado, regulado, que no compitan por subir la mayor cantidad de pasajeros, que garantice un comportamiento vial de los conductores que no sea riesgoso, y recién superados esos problemas podemos empezar a discutir la ejecución de la Ley de Convivencia”, comentó.

Para el académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Cristián Escobedo, antes de los conflictos que intenta resolver el reglamento, existe un tema de base que tiene que ver con la educación vial y el cambio cultural necesario.

“Muchas personas se suben a la bicicleta sin tener nociones de las normas del tránsito, hay muchas personas que sacan licencia de conducir sin tampoco tener mucho conocimiento de las reglas, entonces creo que debemos apelar a una cultura, una educación vial que nos ayude a convivir mejor en la ciudad”, subrayó.

Fuera de todo lo anterior, además de ser un reglamento centralista, ya que no considera la realidad de las regiones, algunos expertos califican a la Ley de Convivencia Vial como hecha a la chilena.

Con un poco más de dos meses de entrada en vigencia, desde la Asociación Chilena de Municipalidades reafirman que las calles no están habilitadas para hacer valer la normativa. En tanto, organizaciones de la sociedad civil involucradas piden a la Ministra de Transportes y a Carabineros de Chile correcciones al proceso de implementación, en favor de los más vulnerables: peatones y ciclistas.