Este martes 22 de enero, el Estado de Chile, como miembro de la ONU, rindió su tercer Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de los derechos humanos en el país.

De esta manera, Chile se compromete –una vez más- a aceptar las recomendaciones que hará en junio próximo el Consejo de Derechos Humanos en torno a la situación de los derechos fundamentales en la nación.

Sin embargo, la instancia internacional no es la única que emite sus sugerencias para sean puestas en práctica, pues un papel determinante lo cumplen las organizaciones de la sociedad civil, que redactan informes paralelos al oficial dando cuenta de hechos y situaciones que las autoridades de turno omiten o prefieren “pasar por alto”.

Así, el Observatorio Ciudadano, a través de la “Coalición por el Fortalecimiento de los Derechos Humanos en Chile”, remitió y coordinó un informe conjunto al presente EPU. Estando conformada dicha Coalición, además, por la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (AMCAM), Consorcio TICCA, Colectivo Mapuexpress, la ONG Lumbanga y el Movimiento de Acción Migrante.

Según la presentación del texto, este “analiza el cumplimiento por parte del Estado de Chile de sus obligaciones y compromisos voluntarios en materia de derechos humanos en el período comprendido entre el último Examen Periódico Universal (EPU) que el Consejo de Derechos Humanos (CDH) realizara de Chile en enero de 2014 y la fecha”.

En cuanto a institucionalidad, el informe señala que “entre los aspectos positivos en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de institucionalidad de derechos humanos desde el EPU anterior a la fecha destacamos la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas; la ratificación del Convenio N° 189 de la OIT; la conclusión del proceso de adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y a la Convención para Reducir los Casos de Apátridas de 1961, ambos de Naciones Unidas”.

Sin embargo, también se hace hincapié en que las restantes convenciones internacionales identificadas en el EPU 2014 aún no han sido ratificadas.

Por otra parte, se destaca también la creación y puesta en funcionamiento de la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos, la elaboración por esta entidad de un Plan Nacional de Derechos Humanos el 2017, y la elaboración del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas.

Respecto del ordenamiento jurídico nacional, se hace un llamado a elaborar una nueva Constitución, pues la actual no tiene un origen legítimo y no permite la participación de la ciudadanía.

En el acápite de igualdad de derechos y no discriminación, se hace hincapié en que persiste en Chile la discriminación en contra de los grupos más vulnerables de la población, como son los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y las personas migrantes, entre otros.

En cuanto a los pueblos indígenas, se recomienda darles reconocimiento a través de un carácter plurinacional e intercultural del Estado chileno, para así garantizar los derechos de este segmento de la población.

Además, se hace énfasis en dejar de criminalizar la protesta social indígena y crear procedimientos administrativos en la policía que permitan una investigación seria e imparcial de los actos de violencia policial perpetrados, a fin de permitir su esclarecimiento, la identificación de los responsables de forma interna y la aplicación de las sanciones correspondientes.

Los derechos del pueblo afrodescendiente también fueron abordados en el informe. En este sentido, se recomienda promover la aprobación de una ley que reconozca a este sector de la población e incluir la variable afrodescendiente en los censos y en las estadísticas oficiales.

En cuanto a los migrantes, se recomienda garantizar que la nueva ley de migraciones incorpore medidas acordes al enfoque de derechos humanos y a los estándares internacionales suscritos por Chile en materia de movilidad humana.

También se pide asegurar que “el Estado implemente políticas públicas integrales, interculturales e inclusivas, para las personas migrantes y sus familias, en particular en lo que se refiere a acceso a la vivienda, educación, salud, trabajo y seguridad social, considerando en particular la situación de las mujeres migrantes”.

Sobre las empresas y su relación con los derechos humanos, se sugiere adoptar medidas legislativas y administrativas que garanticen que el Estado proteja efectivamente los derechos humanos afectados por la actividad económica, en particular de las empresas extractivas, garantizando la reparación por los daños causados.

Así como también se debe asegurar la responsabilidad legal de las empresas y sus filiales domiciliadas en Chile en relación con la violación de los derechos económicos, sociales y culturales en sus actividades en el extranjero.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (el Consejo) con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193 Países miembros de la ONU.

Bajo este mecanismo, la situación de derechos humanos de todos los Países miembros de ONU es revisada cada 5 años. 42 Estados son revisados cada año durante 3 sesiones del Grupo de Trabajo dedicadas a 14 Estados cada una. Estas 3 sesiones se celebran normalmente en enero-febrero, mayo-junio y octubre-noviembre.

Las recomendaciones del Grupo de Trabajo del EPU para Chile este año están previstas de aprobación para el 25 de enero. Permaneciendo las organizaciones de sociedad civil en Ginebra hasta esa fecha.