En marzo, el presidente Sebastián Piñera ingresaría un paquete de medidas que conforman la reforma laboral de su Gobierno. Derecho a huelga de trabajadores en negociación colectiva, grupos negociadores, extensión de beneficios e indemnización alternativa son algunos de los ejes que tendría la propuesta gubernamental.

Si bien desde el Ejecutivo están conscientes de que todas estas iniciativas generarán un fuerte debate en el Parlamento, es esta última la que por estos días ha generado más revuelo.

Y es que la indemnización por años de servicio constituye el principal instrumento que tiene el trabajador(a) que es despedido para poder sobrellevar un periodo de cesantía, el que, generalmente, se extiende por varios meses o incluso años.

Por esta razón, la idea elaborada por el grupo de expertos que asesoró al Ejecutivo en esta materia ha generado un fuerte rechazo del mundo sindical y una opinión dividida de expertos.

David Bravo, uno de los integrantes de esta instancia defendió la propuesta, haciendo hincapié en que ésta no busca eliminar lo que existe hoy, sino que ofrecer una alternativa a los trabajadores. “Si estiman que es ventajosa la pueden tomar en acuerdo con el empleador y esa alternativa es tener una indemnización en todo evento de medio mes por año”, recalcó en conversación con CNN Chile.

Por otra parte, el profesor de derecho laboral de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte cuestionó al argumento de la “movilidad laboral” esgrimido desde el Gobierno asegurando que, si ese fuera su objetivo, “su proyecto sólo tendría una norma: otorgar indemnización en caso de renuncia. Pero como esa es la excusa, su proyecto agrega la parte que le importa: rebaja la indemnización por necesidades de la empresa. De 11 a 6 meses como tope”. Manifestó a través de su cuenta de Twitter.

Para el economista y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, Andrés Solimano, el proyecto se inscribe “dentro de la lógica de reducir los costos laborales para las empresas”.

Además, indicó que el argumento de la “movilidad laboral”, eventualmente podría funcionar, pero bajo determinadas condiciones.

“Ahí el tema es si hay puestos de trabajo suficientes y si hay ofertas de puestos de trabajo para acomodar esta mayor movilidad. El supuesto implícito del Gobierno es que la economía va a seguir generando empleo y, por tanto, si la gente se cambia va a poder encontrar un empleo. Eso hay que verlo, vamos a depender mucho del ritmo de crecimiento de la economía chilena para calibrar este argumento de la mayor movilidad”.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su secretario general, Nolberto Díaz, rechazó de plano la propuesta y aseguró que con ella “no existe una mejoría, ya que los trabajadores chilenos no tienen libertad para elegir”.

En esa línea, el dirigente planteó que, “si bien la actual indemnización por año de servicio hay que modificarla porque es una herencia de la dictadura, eso no significa que vamos a estar de acuerdo con una que la reduce a la mitad sólo con la excusa de tenerla a todo evento (…) Acá lo que se busca es hacerle más fácil los despidos a los empleadores y eso nosotros no lo vamos a permitir”, enfatizó.

Asimismo, el representante de la multisindical fue categórico en afirmar que “Como CUT, nos oponemos a cualquier modificación que signifique disminuir, achicar, perjudicar, la actual indemnización por años de servicio que gozan los trabajadores chilenos. Ya en dictadura Pinochet y José Piñera destruyeron la indemnización por años se servicio limitándola a sólo cinco años, después, bajo el gobierno de Patricio Aylwin se alcanzó a los once, pero sigue pendiente la deuda en Chile la indemnización a todo evento, un mes por año y sin tope”.

Desde el Ejecutivo han señalado que se trata de “una propuesta en estudio” y, si bien es uno de los ejes de la reforma laboral de Sebastián Piñera, sería ingresada algunos meses después debido a la falta de apoyo político.

De todas formas, igualmente han defendido la propuesta asegurando que ésta entrega la posibilidad de elegir manteniendo intacto el actual sistema a todos los que prefieran, mientras que a los otros les permite pactar indemnización a todo evento, además de otorgar una mayor movilidad laboral.

Y tal como lo prevé el Ejecutivo, en el Parlamento -de mayoría opositora- el panorama no se ve auspicioso para este proyecto. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Matías Walker, aseguró que “no vamos a aceptar que trabajadores pierdan el que muchas veces es su único capital: su indemnización del mes por año de servicio”, mientras que su par de Revolución Democrática, Pablo Vidal, señaló que: “me parece inaceptable reducir la indemnización a trabajadores ante despidos. Será duro el debate legislativo de esta propuesta”.