Reformar el sistema de previsión social será la primera y decisiva batalla del nuevo gobierno de Brasil, cuyo desenlace se espera para para mediados de este año y debe dictar el futuro de la extrema derecha en el poder.

Con esa reforma se asegura un crecimiento sostenible de la economía por una década, prometió Paulo Guedes, al tomar posesión el 2 de enero como ministro de Economía, un cargo creado para concentrar los poderes que antes se distribuían entre varias carteras, con una amplitud sin precedentes.

Una recuperación económica y una neta reducción del desempleo le daría al gobierno fuerza y cohesión para impulsar la agenda ultraconservadora en otras áreas, como la educativa, ambiental, de costumbres y seguridad pública, es decir el alma de los grupos que triunfaron en las elecciones de octubre.

“Si no se aprueba la reforma previsional en el (legislativo) Congreso Nacional, se agrava la crisis económica y no avanza la pauta moral”, sostuvo Luis Eduardo de Assis, profesor de economía de la Universidad Católica de São Paulo y exdirector de política monetaria del Banco Central.

Esa premisa condujo los coordinadores políticos del gobierno a postergar los trámites de las demás iniciativas para después de la esperada aprobación parlamentaria de cambios en la previsión social, que en este país de 209 millones de personas engloba las jubilaciones y pensiones.

Aún no se conoce los términos de la propuesta que presentará el gobierno. Como se trata de una enmienda constitucional, el proyecto tendrá que obtener mayoría de tres quintos de los diputados y de los senadores, en dos votaciones en cada una de las cámaras legislativas.

Trascendieron algunas versiones discutidas entre autoridades económicas y políticas, pero el proyecto que se presentará ante el parlamento solo se formalizará con el visto bueno del presidente Jair Bolsonaro, precisó Guedes.

El mandatario deberá dar su última palabra sobre el tema tras salir del hospital en São Paulo, donde estuvo estuvo internado desde el 27 de enero hasta este miércoles 13, recuperándose de una cirugía de recomposición de los intestinos, sometidos a una colostomía desde septiembre, cuando sufrió una ataque a cuchillo durante la campaña electoral.

Una neumonía prolongó su hospitalización más de lo esperado, lo que provocó altibajos en el mercado cambiario y de acciones, un reflejo de la ansiedad entre los agentes económicos.

Guedes adelantó que, si se aprueba la reforma, el sistema previsional ahorrará cerca de un billón de reales (270.000 millones de dólares, al cambio actual) en los próximos 10 años.

No se espera que salga la decisión definitiva del parlamento antes de julio.

En Brasil hay en la actualidad un mayoritario consenso sobre la necesidad de cambios en la previsión social, tras la dura recesión económica de 2015 y 2016, cuando el producto interno bruto cayó 3,5 y 3,3 por ciento respectivamente.

Desde entonces la economía brasileña se recupera pero a un ritmo muy débil, con crecimiento de uno por ciento en 2017. La tasa de desempleo, que alcanzó 12,7 por ciento como promedio en ese año, bajó solo a 12,3 por ciento en 2018.

El déficit fiscal es señalado como el gran obstáculo a una recuperación más fuerte y se debe principalmente al creciente desequilibrio en el sistema de previsión social.

Brasil, con 209 millones de habitantes, tiene un sistema considerado demasiado generoso, especialmente para los funcionarios públicos.

Hay trabajadores, como las maestras y profesoras de la educación pública, que se jubilan con su salario integro con menos de 50 años, porque ganan ese derecho al cumplir 25 años de trabajo y pueden empezar a laborar a los 16 años.

Un punto central en las actuales propuestas fija una edad mínima para la jubilación, aún ausente en las reglas brasileñas. Se habla de 65 años para todos o solo para los varones, bajando el límite a 62 años para las mujeres.

Bolsonaro planteó como hipótesis 62 y 57 años, respectivamente, con un aumento gradual de esa edad mínima en el futuro próximo.

Sin embargo, hay muchos rubros en discusión, como los regímenes distintos para el sector privado y el público, las pensiones de viudedad, de otros dependientes y de discapacitados, además de la jubilación de los trabajadores rurales.

Los militares, por su parte, pretenden un trato especial, porque no consideran que dentro de las fuerzas armadas se produce una jubilación, sino un tránsito a la reserva que supone la posibilidad de movilización en cualquier momento.

Por eso, al igual que otros funcionarios público, ganan el mismo sueldo de los activos, a veces incluso bastante más.

A tales privilegios, criticados como una “transferencia de ingresos” hacia los mejor remunerados que amplia desigualdades, se les pondrá fin, según el ministro de Economía.

Los militares, con siete oficiales entre los 22 ministros del actual gobierno y otras decenas de representantes en el segundo rango, aceptaron al parecer participar en los “sacrificios”, al aumentar de 30 a 35 años su tiempo de actividad y sus contribuciones al sistema.

El déficit previsional en el sector militar es el que más crece, alcanzando el equivalente a cerca de 11.000 millones de dólares anuales, una suma similar a la de los funcionarios públicos civiles y cerca de un quinta parte del déficit total registrado en el régimen general, del sector privado, en 2018.

La diferencia es que los militares “inactivos” ganan 17 veces más, como promedio, que los jubilados civiles del sector privado. Mientras el régimen general tiene 29 millones de beneficiarios, el de los militares solo 380.000.

El gobierno tiene “una oportunidad de oro, fantástica” para promover una profunda reforma previsional, en contraste con intentos anteriores que se frustraron, por rechazo parlamentario o por metas demasiado limitadas, destacó Assis a IPS.

Además de la legitimidad con que cuenta el gobierno por su reciente triunfo electoral, ha habido un largo debate sobre el tema en los últimos años y la oposición está debilitada para resistir.

“Pero falta articulación política, no se sabe quien coordina la acción parlamentaria, cual es la propuesta oficial”, entre las varias que trascendieron, observó el economista.

“La reforma previsional es impopular, trata de revisar derechos adquiridos a que las personas no aceptan renunciar, al creer que el déficit se debe a la corrupción y a privilegios de otros. Por eso articular apoyo político es indispensable”, arguyó.

Además Assis no comparte la creencia de que la contención del principal agujero de recursos públicos produzca crecimiento económico automáticamente.

“Es condición necesaria, pero no suficiente para una recuperación económica, que exige otras medidas para promover inversiones. Es un proceso largo”, concluyó el académico.

El ministro de Economía también pretende en el futuro introducir en el sistema brasileño el modelo de capitalización, adoptado en Chile en 1981 y en revisión hoy, en que cada persona en edad activa hace sus ahorros que son administrados por empresas privadas y compondrán su jubilación futura.

Guedes, con postgrados en la Escuela de Chicago,  trabajó en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando los llamados “Chicago boys” pusieron en marcha sus políticas económicas neoliberales, incluyendo ese controversial  sistema.

Es un sistema individual, al contrario del vigente en Brasil y en la mayor parte de los países, un sistema de repartición solidaria en que todos contribuyen a un fondo colectivo.

El aporte de los trabajadores actuales permite remunerar los jubilados, pero su déficit tiende a crecer con el envejecimiento de la población y reducción de la mano de obra activa.