Cinco mil hectáreas son las que el actual Gobierno de Sebastián Piñera quitó al Parque Nacional Patagonia con respecto de lo que había determinado, a través de un decreto supremo, el Gobierno anterior de Michelle Bachelet.

Si bien el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, desmintió la información publicada por el medio Interferencia, indicando que la administración pasada había establecido un terreno de aproximadamente dos mil hectáreas menos con respecto de lo propuesto por el actual Ejecutivo, el mismo medio citado sacó a la luz un decreto ingresado el 12 de febrero del 2018, un mes antes del cambio de mando, en que se establece que el Parque Patagonia consta de 309.445 hectáreas.

Lo concreto es que la propuesta del actual gobierno consta de 304.525,75 hectáreas, casi cinco mil hectáreas menos de lo propuesto por el Ejecutivo pasado. Ante esto, el actual ministro Felipe Ward argumentó que la propuesta de 309.445 hectáreas del mandato anterior no alcanzó a tener toma de razón por parte de Contraloría, por lo que la única propuesta valida de la administración Bachelet es la hecha el 10 de abril del 2017, que consta de 302.335 hectáreas, efectivamente, más de dos mil hectáreas menos que la propuesta actual.

Para el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Patricio Segura, el Gobierno se equivoca al comparar la propuesta actual con la aprobada por el Consejo de Ministros de la anterior administración, pues lo comparable no es más que decreto con decreto, y en ese sentido, efectivamente, la actual administración restó miles de hectáreas a la propuesta del Ejecutivo anterior.

Según Segura, el recorte del territorio obedece a que se quiere privilegiar a Equus Minig, empresa minera privada que pretende extraer oro en la zona.

“Efectivamente una parte importante de lo que se recortó del Parque Patagonia fue por la intención de beneficiar a una empresa privada en particular en la cual hay empresarios chilenos que están tratando de impulsarla, incluido el hijo del ex presidente del Senado y militante de Renovación Nacional, Sergio Romero, llamado Sergio Romero Guzmán, que es el representante legal de Southern Gold, que es la sociedad con la cual Equus Mining, que es australiana, funciona acá en Chile”.

Para Segura, justamente estas influencias políticas hicieron ceder al actual Ejecutivo ante las presiones de la empresa privada.

“Trataron de hacerlo con el Gobierno de Bachelet, trataron de hacerlo con el Gobierno de Piñera. Con el Gobierno de Bachelet no les fue bien, la ministra Nivia Palma ni siquiera habla de lobby, habla de presiones, pero hubo reuniones donde ellos trataron de incidir, fundamentalmente, en el marco de una política pública, que era la condición de un decreto, en beneficio particular de una empresa privada, y el Gobierno de Piñera lo que hizo fue cambiar ese lobby y cambiar una política pública que estaba en proceso para beneficiar a la empresa”.

En ese sentido, el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén manifestó que es una incoherencia la imagen que pretende proyectar el gobierno de sí mismo de preocupación por el medio ambiente, con su adscripción al desarrollo extractivita que, según Segura, es invasivo y contaminante con el ecosistema.

“El Gobierno actual, y en algunos momentos la Concertación también, en el fondo lanzan bengalas, como el fin de las bolsas plásticas o el fin de las pajitas, que son medidas necesarias, pero no están dispuestos a modificar el modelo de desarrollo extractivista que ve a la naturaleza simplemente como un recurso, una despensa, para los fines de crecimiento económico que favorecen, en particular, a los grandes grupos económicos del país”.

“Entonces pueden retirar muchas bolsas plásticas, muchas pajitas, pero no firman el Convenio de Escazú, que incorpora la democracia a las decisiones ambientales, impulsan estos proyectos mineros que son altamente invasivos y contaminantes, entonces hay una incoherencia impresionante frente a lo que están planteando”, finalizó.