El año académico 2019 ha comenzado con muy malas noticias para cerca de 27 mil estudiantes -y sus respectivas instituciones de educación superior-, que perderán su derecho a cursar estudios de manera gratuita por haber excedido el tiempo de duración formal de sus carreras. Como si para las y los estudiantes el perjuicio económico que esto representa no fuese suficiente, se suma además el dedo acusador y culpabilizador desde algunos sectores de la derecha a los “flojos” que se “farrean” un beneficio por “no sacar la carrera a tiempo”.

Se trata, sin dudas, de una mirada demasiado simplista para un problema complejo. En primer lugar, porque desconoce la realidad: la demora en los tiempos de graduación y titulación en carreras de pregrado en Chile es un problema largamente documentado. Distintas indagaciones al respecto han identificado una multiplicidad de factores, siendo por cierto relevantes aquellos que dicen relación con la desigualdad de origen de las y los estudiantes, pero también se ha puesto de manifiesto en muchos casos la necesidad de revisar la organización de los planes de estudios y los procesos de titulación, integrando éstos dentro de las mallas curriculares, vinculándolos de mejor forma a las prácticas profesionales, fortaleciendo la formación en investigación y metodología, fomentando los trabajos de título colaborativos, entre otras acciones propias de los desafíos de un sistema educativo de masas.

Pero, además, esta mirada expresa la lógica con que nos hemos malacostumbrado a observar la educación. Vivimos bajo un sistema profundamente mercantilizado, basado entre otras cosas en un esquema de financiamiento basado en la demanda único en el mundo, orientado a promover la competencia entre instituciones. Tan arraigada se encuentra esta estructura de incentivos, que cuesta mucho pensar que un estímulo o dificultad no esté asociado a dinero. De ahí la tosca reducción: “no hay que botar la plata en flojos”.

Bajo esta lógica competitiva por captar estudiantes, el aprendizaje se convierte en lo que menos importa. Lejos de fomentarse el esfuerzo, en los hechos la mercantilización de la educación construye una cultura de la flojera, donde importa más el “pagar la educación” que efectivamente formar buenos técnicos/as o profesionales. Durante las últimas décadas, el sistema privado lucrativo ha sido el principal artífice de una mala formación técnica y profesional. Contrariamente a los supuestos de los propulsores del mercado en educación, estas instituciones en lugar de “competir por calidad”, en los hechos han asumido un comportamiento rentista, sabiendo que año tras año tendrán igualmente su demanda asegurada, gracias a las expectativas sociales asociadas a la educación superior, la segmentación del sistema escolar y la saturación del resto de las instituciones.

La debilidad más importante de la gratuidad es precisamente no haber superado la estructura de incentivos basada en el financiamiento a la demanda y la competencia por captar estudiantes -en el marco de un sistema de educación superior socialmente segmentado-. Al no haber escapado a esta mirada, de paso acabó asfixiando financieramente a las instituciones que además de impartir docencia también investigan y se vinculan con el entorno, al suponer equivocadamente que es posible aislar el “precio justo” de la función docente en planteles complejos. Finalmente, y a propósito del tema contingente que motiva estas líneas, es también una debilidad significativa el haber confundido el principio -correcto- de hacer a las instituciones corresponsables de la progresión académica de sus estudiantes, con pretender forzar transformaciones complejas y multidimensionales por medio de presiones económicas de corto plazo, y traspasando la responsabilidad a las y los estudiantes.

Tragedias como las que hoy viven 27 mil jóvenes seguirán ocurriendo mientras el financiamiento a la educación superior perpetúe la dependencia a los aranceles como la forma principal de financiamiento. Chile necesita tomar definiciones de largo plazo e invertir sus recursos en función de éllas. Nuestro país debe ser capaz de garantizar a las grandes mayorías una educación pública, gratuita y de calidad, mucho más exigente que la actual, orientada a formar buenos técnicos y profesionales a partir de cómo somos los chilenos. Esta tarea sólo será posible poniendo en el centro el debate académico y pedagógico, precisamente aquel que ha sido sistemáticamente excluido de la conversación a manos de la “flojera” de pretender siempre resolver problemas educativos a punta de estímulos y sanciones monetarias.

El autor es Investigador de  Fundación Nodo XXI